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Opinión

No van a votar hoy

Por Pablo Muñoz - Domingo, 26 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:13h

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los encuestadores no les preguntaron sobre su intención de voto. La inmensa mayoría de los candidatos no se acercaron a ellas para preocuparse por sus problemas. No están. No cuentan. Son las personas con discapacidad intelectual, miles, decenas de miles, que hoy no podrán depositar su papeleta en la urna.

Es paradójico que las personas con discapacidad intelectual puedan ocupar puestos de trabajo, que la sociedad y las instituciones dediquen importantes recursos para su inclusión en todos los ámbitos habituales de la ciudadanía, y cuando llega el momento en el que pueden expresar su voluntad para decidir su representación política se vean obstaculizados, si no privados, de uno de los principales derechos democráticos.

Para mejor entender esta discriminación, es importante describir el escenario legal en el que se encuentran estas personas en relación al ejercicio de su derecho de sufragio. Hay que partir de que la condición mayoritaria de esas personas es de incapacitación legal, una medida hecha con la mejor de las intenciones para evitarles perjuicios, para protegerlas de abusos ajenos aprovechándose de esa discapacidad. Son los familiares o tutores quienes se encargan de tramitar ante los jueces esta situación.

Pero en ningún caso la incapacitación legal de las personas con discapacidad intelectual debe relegarlas a una marginación social que les impida ejercer el derecho al voto. Y ello a pesar de que hasta 2006 este derecho quedaba restringido en el mismo momento en que el juez determinaba su incapacitación legal, ya que la propia persona con discapacidad debía recurrir la decisión judicial para recuperar su derecho recogido en la Constitución. Un recorrido, cuando menos, complicado, incómodo, embarazoso y perturbador que esa persona debería acometer sola, o con la ayuda de su tutor. Y, como puede entenderse, ante tantas dificultades lo más socorrido era evitarse complicaciones y renunciar a las urnas.

Esta ha venido siendo la situación generalizada, quedando las personas con discapacidad intelectual una vez más en terreno de nadie y obligadas a recorridos complicados para ejercer su derecho. Hasta que en 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobó un documento en el que se especifican y ratifican todos los derechos y libertades de esas personas, entre ellos el derecho al voto. Esta norma supuso una obligación para los estados que lo firmaron, entre ellos el español. A partir de ese documento se establece que todas las personas con discapacidad intelectual tienen capacidad jurídica para votar, y que esta facultad puede ser ejercida con la ayuda, apoyos y refuerzos pertinentes.

Esta es la norma internacional de obligado cumplimiento, pero en el caso del Estado español, como suele ser frecuente, se ha optado por el menor esfuerzo. En lugar de adaptar las leyes conforme a lo marcado por Naciones Unidas, no se ha hecho nada para ajustarse a la nueva normativa. Cuando un juez decidía una incapacitación legal se incluía por defecto una orden que se transmitía a las oficinas del censo electoral por la que se privaba del derecho al voto a la persona en cuestión. Y a pesar del cambio sustancial obligado en la normativa internacional de 2006, esa práctica sigue vigente y los tutores de las personas con discapacidad intelectual que desean ejercer su derecho al voto se ven obligados al complicado recorrido que antes se describió. Esta desidia ya fue denunciada por la ONU en 2011, y se advirtió al Gobierno español de que no había hecho los deberes. A este toque de atención de Naciones Unidas hay que sumar la de numerosas asociaciones que denuncian la falta de voluntad política para adaptar las leyes conforme a lo que marca la ONU, a pesar de haberlo firmado.

Esta falta de sensibilidad de los sucesivos gobiernos españoles, esta discriminación intolerable, choca frontalmente con los esfuerzos que se vienen realizando por las familias, por las entidades a favor de las personas con discapacidad, por los técnicos y responsables de centros de día y por las propias personas afectadas, para su auténtica y real inclusión en todas las dinámicas de la sociedad.

Deberían enterarse los responsables políticos y judiciales de iniciativas como Mi Voto Cuenta 2016, la campaña que se ha llevado a cabo para estas elecciones. En ella las personas con discapacidad intelectual han conocido, a través de métodos pedagógicos perfectamente adaptados, para qué son las elecciones, el derecho que tienen al voto quienes de entre ellas no estén expresamente incapacitadas por el juez, la inclusión de sus nombres en el censo electoral y los detalles o requisitos para ejercer en las urnas ese derecho.

Se han esmerado los profesionales para que las personas con discapacidad intelectual no queden excluidas, pero a la vista de la dificultad de los trámites a los que están sometidas, habrá que lamentar una vez más que esas 80.000 personas se queden sin votar.


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