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Podemos pide que las personas con discapacidad o diversidad funcional no sean privadas del derecho al sufragio

Jueves, 23 de Junio de 2016 - Actualizado a las 15:18h

Donostia. El grupo de Podemos-Ahal Dugu ha propuesto a las Juntas Generales de Gipuzkoa que insten al Gobierno central a articular los medios necesarios para que "ninguna persona, por su discapacidad o diversidad funcional, pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio" y para que se restituya el derecho de voto "a las que ahora no lo tienen, en caso de que se produzca un pronunciamiento específico en este sentido".

Podemos ha registrado una propuesta dirigida a la Comisión de Convivencia y Derechos Humanos de la Cámara foral guipuzcoana para que se adapte la normativa vigente relativa al ejercicio de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad o diversidad funcional en igualdad de condiciones y "en colaboración estrecha con las organizaciones representativas que representan a esas personas".

El texto insta, asimismo, a "garantizar la accesibilidad a los diferentes soportes de información electoral y a los colegios electorales, así como el derecho al voto secreto, el derecho de asistencia en caso de que sea necesario, y que los materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender, por ser algo imprescindible para ejercer el derecho al voto".

La propuesta de resolución se enmarca en una iniciativa impulsada por Podemos en el conjunto del Estado. Además de en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el mismo martes fueron registradas propuestas similares en los parlamentos de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Comunidad valenciana.

En la actualidad, en España hay 96.418 personas con discapacidad que han sido declaradas incapacitadas judicialmente y se encuentran privadas de su derecho al voto. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, establece que en los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad, la retirada del derecho al voto deberá ser valorada expresamente por el/la juez al dictar la sentencia.

Sin embargo, Podemos ha apuntado que "es habitual que en dichos procedimientos esta medida se decida sin realizar dicha valoración y que se asocie automáticamente a la incapacidad la pérdida del derecho al voto".

En este sentido, ha dicho que España ratificó en 2007 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, pero "aún no ha revisado su normativa interna para reconocer el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad sin exclusiones, incumpliendo así claramente lo firmado", ha concluido.


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