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La ley de abusos policiales salva el primer obstáculo y podría ver la luz a finales de julio

PNV y EH Bildu se alían para rechazar la ampliación del plazo de enmiendas que hubiera provocado la caída del proyecto

Míriam Vázquez - Miércoles, 22 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:13h

El socialista José Antonio Pastor, con los ‘populares’ Laura Garrido y Borja Sémper, en un pleno del Parlamento.

El socialista José Antonio Pastor, con los ‘populares’ Laura Garrido y Borja Sémper, en un pleno del Parlamento. (Foto: Efe)

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El socialista José Antonio Pastor, con los ‘populares’ Laura Garrido y Borja Sémper, en un pleno del Parlamento.

Donostia- PNV y EH Bildu han despejado el camino para que la ley de abusos policiales pueda seguir tramitándose y ser aprobada en esta legislatura, antes de las elecciones vascas de octubre. El proyecto superó ayer el principal obstáculo que amenazaba su aprobación, y los jeltzales confían en que obtenga la bendición parlamentaria a finales de julio. Los dos partidos frenaron la ampliación del plazo de enmiendas que solicitaban PP y UPyD, una demora que hubiera sido letal para el proyecto y lo hubiera enviado directamente a septiembre, con el Parlamento ya disuelto por la convocatoria de las elecciones. En definitiva, el proyecto hubiera decaído. La decisión ya no tiene vuelta de hoja. Los populares van a pedir una reconsideración a la Mesa del Parlamento, que se limitará a ratificar la próxima semana su decisión de ayer con la misma mayoría: tres votos en contra de PNV y EH Bildu, y dos a favor de PSE y PP. El siguiente paso será activar el Parlamento en julio para intentar aprobar la ley.

PNV y EH Bildu rechazaron ampliar el plazo de enmiendas de la ley de abusos policiales y la de turismo. Si se aprueban, serán los dos últimos proyectos del Gobierno Vasco que verán la luz en esta legislatura. El de transparencia está también muy avanzado, pero el tiempo aprieta y todo apunta a que los esfuerzos se volcarán en las otras dos leyes, de máxima relevancia para el ejecutivo.

Fuentes jeltzales consultadas por este diario concretan que pedirán habilitar el legislativo en la reunión de la Mesa del 30 de junio, el jueves de la próxima semana. En el caso de que hubiera enmiendas a la totalidad, sería necesario convocar dos plenos en julio: uno en la primera semana del mes para debatir esos vetos, y otro en la última semana para votar la aprobación definitiva de la norma. Ahora queda por delante la compleja tarea de tejer consensos. El PNV confía en forjar un acuerdo con los socialistas y la izquierda abertzale.

El PSE ha hecho constar sus dudas sobre varios artículos y quiere pulir la ley para que se rija por la máxima seguridad jurídica. Se trataría de evitar un recurso de Madrid ante los tribunales, como ya sucediera con el decreto de reparación que abarcaba los abusos sufridos en el franquismo. Al socialismo le parece especialmente delicada esta ley y cree que hay que hilar fino porque abarca el periodo democrático, desde 1978 a 1999, con el Estado de Derecho en funcionamiento. Sin embargo, su disposición es positiva, y causaría gran sorpresa que votara en contra de una norma que es la segunda parte del decreto aprobado durante el mandato socialista y contaría con fragmentos prácticamente calcados.

EH Bildu, por su parte, se expresó ayer en unos términos que parecen plantear que se rehaga por completo la ley para abarcar a todo tipo de víctimas sin distinciones y sin límite temporal. No obstante, teniendo en cuenta cómo vendió ayer su voto con los jeltzales, asegurando que había “impedido” la maniobra que buscaba arrinconar a las víctimas policiales, parece complicado que vote en contra. En principio, podría ser factible, como mínimo, la abstención del PSE y EH Bildu, aunque la negociación será compleja y habrá que ceder.

La oposición coincidió en acusar al Gobierno Vasco de haber esperado hasta el último momento para remitir el proyecto a los partidos. En ámbitos jeltzales se defienden recordando que la ley no aparecía en el calendario de compromisos de Lakua, y que lo único que había sobre la mesa era un mandato parlamentario de mayo del pasado año para aprobarla. Teniendo ese dato en cuenta, les parece razonable emplear casi un año en su elaboración para redactar una ley con un mínimo de fundamento. Además, aunque el Gobierno Vasco la remitió en abril al Parlamento, recuerdan que su contenido es público desde que en diciembre se presentara el borrador. Según defienden, más de la mitad del proyecto es idéntico al decreto de la pasada legislatura, de modo que analizarlo no debería ser una tarea tan ardua.

debateAunque ningún precepto en el reglamento parlamentario obligaba a aceptar la ampliación del plazo de enmiendas, la decisión de PNV y EH Bildu provocó cierta polvareda entre los partidos afectados. Desde el PP, Carmelo Barrio tachó de “cacicada” la decisión, y acusó a los dos partidos de vulnerar derechos parlamentarios y aplicar el rodillo. Desde UPyD, Gorka Maneiro se expresó en términos prácticamente idénticos y vio actitudes “impresentables”. Los socialistas habían avanzado semanas atrás que no echarían mano de maniobras dilatorias pidiendo ampliaciones de plazo, pero que tampoco negarían a otros esa posibilidad. En ese sentido, ayer se alinearon con PP y UPyD y criticaron por boca de José Antonio Pastor las prisas de PNV y EH Bildu.


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