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Investigan al Consistorio por abonar una compensación en lugar de la extra anulada

El Tribunal de Cuentas del Estado estudia si pudo incurrir en una irregularidad contable

Carolina Alonso - Sábado, 18 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:14h

Nekane Burutaran.

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Nekane Burutaran.

Donostia

Donostia- El Tribunal de Cuentas del Estado ha abierto un expediente el Ayuntamiento de Donostia con motivo del abono de la paga extra de diciembre de 2012 a los funcionarios municipales y los trabajadores de las sociedades públicas, algo que había sido prohibido en un decreto del Gobierno de Rajoy con motivo de Ley de Estabilidad Presupuestaria que se dictó con ocasión de la crisis económica.

Con el fin de esquivar esta obligación, el Ayuntamiento optó por ir adelantando las pagas (la de junio se anticipaba a enero y la de diciembre, a junio), pero al final quedaría una sin abonar, que fue compensada finalmente con el abono en mayo de 2013 de una cantidad equivalente a la perdida.

El pago de la citada parte del salario de los empleados municipales, un total de 5,7 millones de euros para la totalidad de los funcionarios y trabajadores de organismos autónomos y otras entidades, fue dictado en una resolución de la concejala de Hacienda del anterior gobierno municipal de Bildu, Nekane Burutaran, y fue objeto de comentario en el informe anual del Tribunal Vasco de Cuentas.

El informe señaló que el Consistorio donostiarra, según la citada decisión, había concedido en mayo de 2013 “una compensación económica de importe equivalente al de la paga extra que les hubiera correspondido” en el mes de diciembre. Asimismo, añadía que este pago “incumple” un Real Decreto y que la ley de Presupuestos Generales del Estado “no incluye esta posibilidad”.

“responsabilidad contable”Ahora, el Ayuntamiento de Donostia ha tenido que designar un procurador en Madrid para seguir las actuaciones previas abiertas por el Tribunal de Cuentas del Estado, que, a instancias del Ministerio Fiscal, ha abierto unas diligencias para analizar si de la actuación del consistorio donostiarra se puede derivar una “responsabilidad contable” aún sin determinar.

Algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que el expediente abierto contra el Ayuntamiento de Donostia tiene pocas posibilidades de prosperar. Sin embargo, otras creen que las actuaciones previas abiertas ahora podrían llegar a tener incluso efectos en los concejales que aprobaron la citada medida y que podrían tener que enfrentarse a algún pleito o reclamación de cantidades económicas.

Este mismo mes, el Ayuntamiento de Donostia así como sus distintas sociedades han sido requeridos con el fin de que envíen al Tribunal de Cuentas del Estado distinta documentación para seguir analizando la situación.


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