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Gil-Robles reclama seguridad jurídica para las víctimas de abusos policiales

El excomisario de Derechos Humanos del Consejo europeo avala el proyecto de ley pero propone un “peritaje externo”

Miércoles, 15 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:12h

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“Cerrar las heridas ayuda a la paz, la reconciliación y el entendimiento”

Donostia- El excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Álvaro Gil-Robles llamó ayer a dotar de “términos seguros jurídicamente” y “quitar espoletas” al proyecto de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de represión ilícita entre 1978 y 1999 que se encuentra en la fase de recogida de aportaciones en el Parlamento de Gasteiz.

Gil-Robles compareció ayer en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana para aportar su visión sobre esta iniciativa parlamentaria que podría convertirse en ley si la Cámara habilita finalmente el mes de julio ante las inminentes elecciones autonómicas que se celebrarán en otoño. El jurista abogó por incluir una mayor seguridad jurídica y dotar de recursos a la Comisión de Valoración que se encargaría de recoger y analizar las denuncias. Él mismo es miembro de esa comisión en los casos relativos al período entre 1960 y 1978. Dada su experiencia, aconsejó sobre varios puntos acerca de su funcionamiento, como la necesidad de trabajar mediante “consensos” y suprimir la posibilidad de emitir votos particulares, algo que, en su opinión, podría hacer que las víctimas se sintieran “menos reconocidas”.

En su trabajo en la citada comisión, Gil-Robles aseguró haber escuchado testimonios “muy duros y dolorosos” de víctimas que “después de cuarenta años de silencio soltaban por fin lo que tenían dentro”, algunas de ellas, sin intención de recibir una indemnización económica sino de contar lo que habían sufrido. Por ello, el experto calificó esta ley como “necesaria” para poder “cerrar las heridas”, algo que, en su opinión, “ayuda a la paz, a la reconciliación y al entendimiento”.

Durante la última comparecencia de la comisión antes de que se presenten las enmiendas a la ley por los grupos parlamentarios, Gil-Robles alabó el plan para la composición de la comisión, que incluiría a juristas, forenses, médicos, psicólogos representantes de la sociedad civil y un representante del Ararteko. A su juicio, lo importante es que “tengan criterio político y conocimiento técnico”. No obstante, recomendó encargar el “peritaje externo” al Instituto Vasco de Medicina Legal en detrimento de los tres forenses que se citan en el proyecto de ley. A su juicio, esta organización supondría una “contradicción enorme” ya que el instructor actuaría a su vez como juzgador al participar los propios forenses en la comisión encargada de valorar las denuncias.

El experto en Derechos Humanos también incidió en detalles sobre el vocabulario empleado en el proyecto de ley. La principal modificación que planteó se refirió al propio título, que contiene la palabra “ilícita”. A su juicio, en el período de las denuncias que se analizarán, en el que ya se había instaurado la democracia en el Estado español, “la lucha contra el terrorismo era lícita”, pero no así recurrir para ello a métodos “ilegales” como la tortura. De la misma forma, Gil-Robles recomendó “modular” ciertas expresiones que podrían ser generadoras de “un conflicto competencial”. En este punto, citó que el proyecto de ley plantea “requerir” informes a otras administraciones y sugirió sustituir ese término por “solicitar”.

Respaldo JurídicoEl apoyo de este jurista se suma al de los dos cargos principales de la judicatura vasca: el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro. Ambos comparecieron la semana pasada en la comisión y también realizaron precisiones acerca de la composición de la Comisión de Evaluación y de las posibles dificultades de interpretación de lo que es la “violencia de motivación política”. - X. Garmendia


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