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El juez Lázaro dirigirá la causa que estudia apartar a De Prada

Analizará el 24 de este mes el caso contra el juez que afirmó la existencia de torturas

Lunes, 13 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Javier Martínez Lázaro.

Javier Martínez Lázaro. (Efe)

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Javier Martínez Lázaro.

donostia- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará en un pleno convocado para el próximo 24 de junio la recusación formulada por la defensa del exconcejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Miguel Ángel Ruiz de Langarica contra el magistrado José Ricardo de Prada por expresar en un foro del Ayuntamiento de Tolosa que en el Estado español se ha producido la tortura de forma “clara” y que la jurisdicción española vulnera derechos fundamentales de personas encausadas por terrorismo.

Así figura en un acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska designa como magistrado ponente a Javier Martínez Lázaro, de perfil progresista y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE. Marlaska ha emitido esta resolución después de que el fiscal Pedro Rubira interesara la estimación de la causa de recusación contra De Prada, al entender que ha perdido la apariencia de imparcialidad al mostrar sus “prejuicios” sobre la política criminal aplicada en casos de terrorismo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la defensa de Langarica, basó su petición en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al entender que De Prada tiene un “interés directo o indirecto en el pleito”. El magistrado Juan Francisco Martel acordó la tramitación de este incidente de recusación.

La acusación particular pidió apartarle del tribunal que juzgó al etarra Jorge Olaiz por intentar asesinar al antiguo edil el 24 de noviembre de 2000 en Iruñea. El caso quedó visto para sentencia con la petición de la Fiscalía de condenarle a 15 años de cárcel por un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa.

El Ministerio Público criticó la “negativa” valoración pública que De Prada hizo de los informes de inteligencia y expuso que la libertad de expresión de los jueces debe tener “unos límites a los efectos de garantizar otros derechos constitucionales igualmente importantes, como es el derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente de derecho a un juez imparcial”.

Por su parte, De Prada se opuso a la recusación por no tener ningún “interés” y aportó un auto en el que se acordaba por mayoría la libertad provisional de Jorge Olaiz (el acusado de intentar matar a Langarica) y otra sentencia en la que se acuerda absolverle. El propio Olaiz también se opuso a la recusación.

De Prada acompañó sus alegaciones con un informe del Instituto Vasco de Criminología denominado Proyecto de investigación de la tortura en Euskadi entre 1960-2010, fechado en diciembre de 2014;así como las memorias de la Fiscalía correspondientes a los años 2012 y 2013, en las que aparecen los apartados dedicados a los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público.

El magistrado afirmó el pasado abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa que “la tortura se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”.

Quema de fotografíasMartínez-Lázaro, el juez que va a presentar la ponencia para decidir si se le aparta o no del caso, forma parte de Jueces para la Democracia. Fue el candidato de este organismo para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2012. Sin embargo, la Comisión de Calificación del Poder Judicial preseleccionó a Gómez Bermúdez, Teresa Palacios y Grande-Marlaska. Este año luchó por presidir la Audiencia Nacional. Finalmente fue José Ramón Navarro, antiguo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En 2008, el magistrado Martínez-Lázaro consideró junto a otros cuatro compañeros que la quema de fotografías del rey no era un delito, sino que se podía catalogar como un acto de libertad de expresión. - N.G./E. Press

JUICIO A UN ETARRA


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