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Gregorio Irigoyen

El exdirector del puerto de Pasaia: "Nadie ha robado dinero ni falsificado nada"

EFE - Lunes, 13 de Junio de 2016 - Actualizado a las 15:23h

El exdirector de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Gregorio Irigoyen, ha comparecido hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

El exdirector de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Gregorio Irigoyen, ha comparecido hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa. (Javi Colmenero)

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El exdirector de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Gregorio Irigoyen, ha comparecido hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

DONOSTIA. El exdirector de la Autoridad Portuaria de Pasaia Gregorio Irigoyen ha asegurado hoy que en las obras de construcción de la nueva lonja de Pasaia, cuya tramitación investiga un juzgado de Donostia, "nadie ha robado dinero ni ha falsificado nada".

Irigoyen, destituido por el presidente de la Autoridad Portuaria (APP), Ricardo Peña, ha comparecido hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa para aportar su versión sobre los problemas de la lonja, que acumula un sobrecoste de más de cinco millones de euros respecto al presupuesto inicial y en la que se ejecutaron obras sin previsión presupuestaria ni proyecto.

Su relato se ha ajustado al que ya presentó ante los miembros del consejo de administración del puerto el pasado 10 de marzo en un escrito en el que explicó que las obras se podían haber tramitado y "legalizado", pero la "desconfianza" de Peña hizo que el presidente decidiera paralizar los trabajos y solicitar auditorías. "No ha dejado buscar soluciones, está buscando culpables antes que soluciones", ha asegurado.

Ha afirmado que él se enteró, en julio de 2013, al mismo tiempo que el presidente, de que las obras acumulaban determinados sobrecostes por imprevistos surgidos en su desarrollo para los que no había suficiente presupuesto.

En ese momento, Irigoyen considera que Puertos del Estado habría habilitado en enero de 2014 el presupuesto necesario para cubrir esos imprevistos y todo habría quedado legalizado, pero que el temor de Peña a que se le reclamaran responsabilidades le llevó a paralizar esa opción.

Con el argumento de que "había muchos presidentes imputados", según ha indicado el exdirector, Peña decidió detener la obra y solicitar auditorías para aclarar las supuestas irregularidades.

"Nos dijo que no se fiaba de ni de Puertos del Estado, ni de nosotros, ni de nadie y que no íbamos a apañar los papeles porque había muchos presidentes imputados", ha dicho Irigoyen.

Dichas auditorías concluyen que las obras ejecutadas se corresponden con las abonadas, pero advierten de que se habían realizado trabajos sin cobertura legal, ya que no se había tramitado el proyecto complementario legalmente necesario para acometer dichas obras.

Irigoyen ha afirmado que Peña ha tratado de culpabilizarlo "para quedar él exonerado" y ha añadido que nunca ha confiado en el equipo de técnicos del puerto.

"Es un presidente que tiene menos nivel de lo que tiene que tener un presidente", ha añadido Irigoyen, quien continúa en el puerto en su plaza de jefe de Área de Planificación y Explotación.

En su opinión, la obra finalmente costará "lo que tenía que costar", aunque ha considerado que sólo una mínima parte de los sobrecostes pueden achacarse a carencias del proyecto original.

Ha admitido que el director de obra continuó ejecutando trabajos sin tramitar y sin presupuesto, incluso después de que Peña ordenara paralizar la obra, aunque ha aclarado, en contra de lo que declaró el presidente del puerto, que él no firmaba las certificaciones, sino únicamente unos documentos que resumían los costes totales.

"El presidente no ha dejado legalizar los papeles y el director de obra ha seguido haciendo obra pensando que se iba a tramitar", ha resumido Irigoyen.

Ha confirmado también, a preguntas del PP, que la esposa del director de obra, David Candelario Iparragirre -que está expedientado y destituido-, trabajaba para la ingeniería Idom, que ejercía la asistencia técnica de la construcción de la lonja.

Ha negado responsabilidad en este asunto al afirmar que no podía conocer el "volumen" de obra que se estaba ejecutando, sino que tenía que "confiar en el director de obra y en la asistencia técnica".

El exdirector ha achacado la actuación de la abogada del Estado, que trasladó el asunto a la Fiscalía, a un informe del interventor del Estado que detectó "irregularidades de cierta gravedad", pero que, tal y como explicó también Peña, no eran tales.


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