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Joaquín Giménez Magistrado emérito del Tribunal Supremo

“La justicia no puede ser un obstáculo para la paz y la convivencia en Euskadi”

Trabaja en el Tribunal Supremo, en Madrid, pero sigue de cerca las noticias sobre Euskadi, donde ejerció como juez casi dos décadas en los años más duros de ETA

Una entrevista de Humberto Unzueta Fotografía de Marta Fernández - Domingo, 12 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:13h

Joaquin Gimenez

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Joaquin Gimenez

Donostia- Joaquín Giménez (Alicante, 1945) ha lidiado en muchas plazas y en todas ellas ha salido reconocido por el respetable. Siempre lo ha hecho en la arena de la judicatura, haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de la política, a la que tantos jueces sucumben en los últimos tiempos. Una de las plazas en las que hizo faena fue en Euskadi. Durante 18 años pisó diariamente los juzgados de Euskadi, donde fue presidente de la Audiencia de Bilbao y de la Audiencia de San Sebastián, en las décadas de los años 80 y 90. Eran los años de plomo, en los que ETA sacudió a diestro y siniestro, también a los jueces. Estuvo vigilado y amenazado por la banda armada pero, tras consultarlo con su esposa e hijos decidió quedarse en Euskadi, por principios y por vocación a una tierra que le aficionó a los montes y que añora desde su despacho en Madrid del Tribunal Supremo en cuya Sala Segunda ejerce como magistrado emérito.

¿Qué recuerdos guarda de su paso por los juzgados de Bilbao?

-Eran los años que eran, había los problemas que había… el terrorismo era un verdadero desafío para quienes ejercíamos la justicia en Euskadi en aquella época. A los jueces se nos consideraba poco menos que agentes del Gobierno civil. En la medida en que, en función de las pruebas, dictábamos absoluciones o condenas, bien en temas de torturas, de kale borroka y demás se daba una especie de maniqueísmo en función del resultado, de forma que un día nos aplaudían y al día siguiente nos llevaban a la hoguera. Esto supone un desconocimiento de lo que es la función judicial. Los jueces somos independientes, no somos monaguillos de nadie, tenemos que aplicar la ley desde las pruebas de cargo y de descargo y dictar las sentencias que entendemos justas y debidamente fundadas.

Eran los años de plomo. Estuvo vigilado por ETA pero renunció a marcharse.

-Fueron momentos complicados, pero yo pasé 18 años allí que no los cambio por nada. Tuvimos que hacer frente al tema de la droga, una situación que el Código Penal no lo recogía y tuvimos que buscar soluciones desde el respeto a la ley haciendo algunas interpretaciones que pacificara los conflictos, dando respuestas justas no caritativas. Buscamos la implicación de ayuntamientos, de asociaciones de vecinos… luego nació en Donostia Proyecto Hombre. Profesionalmente fue un verdadero desafío. El terrorismo hacía estragos en la calle, había muchos atentados, pero se conseguía hacer justicia. En mi caso, celebré juicios en San Sebastián y en Bilbao con toda seriedad y dignidad sobre quema de cajeros y kale borroka que luego han ido a la Audiencia Nacional. Celebrar juicios en el lugar donde se produjeron los hechos tiene un valor.

¿Facilitaría las cosas una declaración de disolución de ETA o basta con el cese definitivo de su actividad armada?

-Indudablemente sí. Este es el momento de construir la convivencia. El terrorismo de ETA ha sido una fuente de dolor, una escuela de odio. Ahora es el momento de reconocerse, víctimas y victimarios. Eso no quiere decir que haya que mantener ninguna equidistancia. Hay que reconocer al enemigo como ser humano. Hay que crear una convivencia desde posiciones diferentes pero que contemplen un mínimo común denominador: el respeto de todos los derechos humanos. De todos los derechos, no de algunos.

¿Deben la justicia y los jueces ajustarse a esta nueva realidad?

-La justicia no puede ser un obstáculo a la pacificación y a la vertebración de la convivencia. El sometimiento a la ley es lo principal, la ley tiene respuestas. En primer lugar, hay que declarar el derecho, en aquellos casos en los que ya ha habido una sentencia que se está ejecutando, en esa fase de ejecución hay posibilidades de adecuarla en función de la respuesta de los que hayan sido condenados. En los asuntos que están pendientes habrá que celebrar los juicios con total serenidad y ver si se puede aplicar la posibilidad del nuevo artículo del Código Penal, el 579 bis párrafo 4º, que permite reducir la petición de condena uno o dos grados en causas de terrorismo en atención a que el delito reviste una menor gravedad y al medio empleado. Es aplicable también para los juicios que están pendientes de celebración. Hay que tener en cuenta la situación actual. En los últimos seis años no se ha producido ningún atentado, aunque es verdad que no se ha producido la disolución de ETA. Esta es una prueba de que la justicia no debe ser un obstáculo y no va a serlo porque hay posibilidades. Lo que importa es ese cambio de una persona que se da cuenta de que hay desperdiciado parte de su vida, ha generado dolor…

¿El comportamiento de fiscalía y Audiencia Nacional en estos casos facilita que desde el entorno de ETA y la izquierda abertzale también se den esos pasos?

-La aplicación de este nuevo artículo del Código Penal puede tener un papel importante en los juicios pendientes porque hay una realidad social. No ha habido una disolución ni una extinción de ETA pero lo cierto es que no hay ninguna actividad terrorista. El reconocimiento del daño causado por parte de los procesados parece algo elemental, sobre todo por la propia dignidad del causante del daño, así como el reconocimiento de las víctimas. Nunca hay que olvidar que las víctimas tienen que ser reconocidas, pero también es cierto que la convivencia no tiene que estar monopolizada desde la perspectiva de las víctimas porque el bien común es mayor. Este es el momento del reencuentro, del reconocimiento de lo que ha pasado y de mirar al futuro.

¿Cómo debe proceder la justicia en los casos de los asesinatos de ETA pendientes de esclarecer?

-Evidentemente habrá que celebrar los juicios. El derecho hay que declararlo, practicar la prueba. Luego a la hora de la ejecución de la sentencia hay posibilidades de buscar una solución a la vista de una realidad social que es la que es. Pero en ningún caso se puede buscar una especie de amnistía, eso no sería admisible. Otra cuestión muy distinta es que haya o no prueba, o que estén o no prescritos esos delitos.

¿Y los casos de tortura, se investigan en España?

-La tortura no es una situación generalizada ni mucho menos. Es cierto que ha habido varias condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunas sentencias de jueces. Una de las consecuencias más heladoras del terrorismo es, precisamente, la tortura, porque ante la imposibilidad de hacerse con pruebas se han tomado atajos inconcebibles. Esos atajos deslegitiman al Estado democrático. Es algo muy odioso porque cuando quien ha de ser garante de legalidad se convierte en delincuente deslegitima todo el sistema. Hay que ser muy riguroso con este delito. Efectivamente ha habido casos pero niego que haya una generalización de la tortura y además hay sentencias condenatorias tanto de las Audiencias provinciales como de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

¿Debe ser tomada como prueba de cargo la autoinculpación del detenido en sede policial?

-Las autoinculpaciones en sede policial no tienen el valor de prueba de cargo, carecen de valor ya sea en temas relacionados con el terrorismo o con cualquier otro tipo de delito. Aunque uno reconozca la pertenencia a ETA en comisaría, por eso no se le puede condenar. La prueba de cargo tiene que ser confesada ante una autoridad judicial porque es el que dirige el procedimiento. Antes las cosas no estaban tan claras pero desde hace unos años las autoinculpaciones no sirven para condenar. Además para la condena por delitos de este tipo, que tienen una dificultad de investigación evidente, lo que importa es buscar pruebas indiciarias, datos concretos más o menos periféricos, enlazados entre sí.

¿Se deben descontar los años de prisión realizados por los presos de ETA en Francia u otro país de la UE y que ahora purgan su condena en prisiones españolas?

-Hay una decisión marco de la Unión Europea que lo regula. Este tema se llevó a un pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que la opinión mayoritaria fue que no procedía a un descuento de las penas. Yo y otros magistrados discrepamos, pero éramos una minoría. El asunto ahora está en manos del Tribunal Constitucional que puede inadmitirlo o puede coincidir con el criterio mayoritario de la Sala Segunda o puede coincidir con los discrepantes. Si lo admite o, entrando al fondo, coincide con el criterio mayoritario y decide que no procede el descuento de los años de condena, estaríamos abocados al mismo recorrido que siguió la doctrina Parot, esto es, terminaría en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tampoco sería extraño que la Corte europea coincidiera con los votos particulares.

¿Es legal la dispersión y el alejamiento de los presos de ETA?

-Siempre he sido crítico con este tema y sigo siéndolo. Soy crítico ahora y lo era hace veinte años cuando estaba trabajando en los juzgados de Euskadi. Si ya entonces no tenía mucha justificación, ahora sin violencia mucho menos. No se entiende que los presos estén diseminados en los cuatro puntos cardinales del país, a mucha distancia de sus hogares. Es entendible una cierta dispersión pero no tanto alejamiento.

¿A qué atribuye que no se acojan a los beneficios penitenciarios?

-Yo distingo entre presos de ETA y prisioneros de ETA. Los prisioneros son aquellos que las presiones de sus compañeros les impiden que piensen y actúen por sí mismos y acepten el camino de la legalidad penitenciaria, permisos y demás. Una cosa es la dispersión y otra es que haya situaciones coactivas entre los presos de ETA en las que el núcleo duro presiona a otros compañeros de prisión para mantenerlos unidos en un colectivo.

Tiene que ser una jueza argentina la que investigue desde allí los crímenes del franquismo de aquí. ¿Cómo se explica eso?

-Aquí no hubo una ley de punto final, aquí hubo una amnistía coincidente con el advenimiento de la democracia, y precisamente los más favorables a esta ley de amnistía fueron organizaciones que eran ilegales como el Partido Comunista, el sindicato Comisiones Obreras…. Por tanto hubo una ley de amnistía y hubo un momento en el que no hubo ningún preso de ETA en prisión, aunque hubiera sido condenado por delitos de sangre. Una vez aclarado este punto, hay que decir que aquí hay una asignatura pendiente cual es que las víctimas de un bando que están reconocidas, están homenajeadas e incluso algunas están en los altares y las víctimas del otro bando todavía algunas están en las cunetas. Eso es tremendamente injusto, pero para eso no hay que abrir una causa penal porque los causantes ya han muerto, aparte de que hubo una Ley de Amnistía, sino que hay que elaborar una Ley de Memoria histórica. La actual es un poco tímida y además ha sido boicoteada en su aplicación. Los familiares de las víctimas merecen ese reconocimiento y esa satisfacción. Y esto no es reabrir heridas sino responder al principio de justicia.


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