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Con la venia

¿En qué quedamos?

Por Pablo Muñoz - Domingo, 12 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:13h

Durante los inútiles cuatro meses que duró la parodia de legislatura tras el 20-D, lo que se trasladó a la opinión pública fue que el principal escollo para el cambio de Gobierno se concretaba -porque sí o porque no- en el derecho a decidir. El PSOE, único partido que se atrevió a intentarlo, coincidió con Podemos en calificar de línea roja el ejercicio de ese derecho: Pedro Sánchez para rechazarlo y Pablo Iglesias para ejercerlo. Desde la derecha, PP y Ciudadanos apelaron a él para anunciar el apocalipsis que acarrearía un acuerdo de Gobierno progresista.

La fuerte marejada procedente del procès catalán había condicionado con tintes de intransigencia cualquier tentación de respeto a la voluntad ciudadana siempre que pudiera interpretarse como secesionista. Así que unos y otros echaron mano del derecho a decidir para cerrar puertas al consenso.

En esos cuatro meses de paréntesis, el derecho a decidir fue esgrimido por los barones del PSOE como amenaza a la unidad española, como un pretexto para no perder votos en los caladeros patrioteros y jacobinos en los que vienen pescando los socialistas desde Suresnes. No les ha funcionado, según las encuestas. Ese mismo derecho a decidir ha sido blandido por Podemos como invitación para los caladeros progresistas de Euskadi y Cataluña, de forma que cayeran también en su red todas las voluntades autonomistas e incluso tibiamente soberanistas y no radicales, catalanas y vascas. Y les ha funcionado, también según las encuestas.

Puesto que la estrategia del PSOE viene ya de lejos y se conocen sus resultados -para su desventura-, no está de más reflexionar sobre la primera prueba de fuego a la que se ha enfrentado Podemos en su presunto apoyo al derecho a decidir. Porque una cosa es predicar, y otra dar trigo.

Ya en los antecedentes a la jornada del pasado 5 de junio, con la convocatoria de consultas en 34 localidades vascas, sorprendió la abstención de los representantes de Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa para el apoyo institucional a las consultas promovidas por Gure Esku Dago. Que PSE y PP votaran negativamente era lo lógico. Que una formación política que defiende en su programa el derecho a decidir y hace de él cuestión irrenunciable se eche atrás cuando un colectivo ciudadano plantea, siquiera como ensayo, una convocatoria a consulta, es cuando menos incoherente.

Esta abstención de Podemos en Juntas encendió las alarmas y la desconfianza, teniendo en cuenta que hace dos años esa formación apoyó y participó activamente en la iniciativa de Gure Esku Dago para la cadena humana que unió Durango con Iruñea. Aquella implicación, y la posterior defensa del derecho a decidir que le valieron miles de votos en Euskadi y Cataluña, quedaban en entredicho con su inhibición en Juntas y su desmarque en las consultas del pasado domingo, a las que animaron a sus votantes a no participar.

Este repliegue del partido emergente no tiene una explicación coherente más allá de que esa defensa del derecho a decidir sea sólo un pronunciamiento táctico que manejan a conveniencia. No parecen de recibo las explicaciones que los dirigentes de Podemos han dado tras su abstención en JJ.GG. y su desmarque de las consultas del 5-J. Apelar a que esa consulta se centró en la cuestión territorial dejando al margen otros temas sociales, es una excusa infumable. Porque cuando se apela a ese derecho en la confrontación política actual está claro que se trata de explorar la voluntad de las comunidades autónomas integrantes del Estado para continuar o no formando parte del mismo. Conocida la envergadura política de mantener o no la defensa de ese derecho, que ha provocado la imposibilidad de acuerdos y la repetición de elecciones generales, parece hipócrita convertir de repente ese derecho en una reivindicación genérica que lo mismo sirve para reivindicar un estatus jurídico político propio que para decidir de qué color van a pintarse los pasos de peatones, por decir algo.

Es más que evidente que la convulsión política experimentada en estos últimos años en los ambientes políticos españoles, tanto de derechas como de izquierdas, procede de la reivindicación del derecho a decidir planteado inicialmente por el lehendakari Ibarretxe y después por el nacionalismo catalán. Es igualmente evidente que esa reivindicación ha condicionado los posicionamientos ultracentralistas que cierran filas “para que no se rompa España” si se diera la oportunidad de decidir sobre un nuevo estatus a los soberanistas periféricos.

Pues bien, ese, y no otro, es el sentido que quiere expresarse con la reivindicación del derecho a decidir. Y los dirigentes de Podemos lo saben. Que para no mojarse con su apoyo lo camuflen como un derecho universal que abarque todo lo “decidible”, es una argucia descarada. Es muy posible que, llegado el caso, los dirigentes de Podemos animarían a participar para votar que NO a un nuevo estatus. Al menos, apoyarían la convocatoria. Pero aquí y ahora, en pleno escenario preelectoral, prefieren no comprometerse pero, eso sí, mantener en su programa el derecho a decidir como postureo.


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