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El juez determina que Granados siga en prisión

Velasco prorroga la medida ante el riesgo de que el exnúmero dos de Aguirre pueda destruir pruebas

Jueves, 9 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:12h

Donostia- Francisco Granados, quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, seguirá en prisión al rechazar el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la petición de libertad del cabecilla de latrama Púnica. A través de un auto, el magistrado recordaba a Granados la “sensibilidad de la investigación” que se desarrolla y “los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo”. Para apuntalar el riesgo de que pueda interferir en la investigación, recordaba además el uso que hizo Granados de su “red de influencias y favores”, que le permitió “obtener revelación de informaciones secretas por un agente de la Guardia Civil”, así como la colaboración de “funcionarios del Ayuntamiento y de la policía local para destruir expedientes” del Consistorio de Valdemoro.

El juez señalaba además en el auto que dispone de “potentes indicios y datos objetivos” de que el exsecretario general del PP de Madrid recibió dinero para la posible financiación del PP”. Velasco aseguraba que está analizándose “una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital”, que fue intervenida en los últimos registros practicados, entre ellos el de la sede regional de la formación popular.

Según documentos incluidos en el sumario de la trama, Granados reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez de 1,4 millones de euros. Los apuntes indican, en concreto, cuatro pagos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir con una regularidad casi mensual. Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM. Parte del dinero fue repartida posteriormente por Granados, que, según sospecha la Guardia Civil la derivó al exgerente regional del partido en Madrid, identificado en el cuaderno como BG.

Las anotaciones fueron incautadas por la UCO al presunto cabecilla de la trama Púnica y dieron pie a la apertura de una pieza de la causa destinada a esclarecer una presunta financiación irregular del partido. El juez explicaba también que la investigación apunta al “uso indiscriminado” de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia “en un primer momento” permitió a Granados controlar la venta de suelo público de la región. -Efe


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