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El TS anula el acuerdo de las Juntas en contra de colocar la rojigualda

Considera que la actuación de la Cámara produce efectos jurídicos, no es solo un acto político

Miércoles, 8 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:11h

La rojigualda, izada en la fachada principal del Palacio foral.

La rojigualda, izada en la fachada principal del Palacio foral. (J.C.)

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La rojigualda, izada en la fachada principal del Palacio foral.

Madrid- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado un acuerdo adoptado por las Juntas Generales de Gipuzkoa en diciembre de 2011 en el que esta institución mostraba su “desacuerdo” con la obligación de colocar la bandera española en el edificio de la Diputación foral, una imposición que calificaba de “inadmisible”.

Un mes antes de que se produjera este acuerdo, el alto tribunal ya ordenó a la Diputación retirar la placa que acompaña a la bandera española en la fachada del Palacio foral, en la que se advertía que la enseña había sido “impuesta bajo amenaza de sanción”.

En el acuerdo ahora anulado a instancias de la Abogacía del Estado se señalaba también que, para la institución vasca, la bandera española le era “ajena” e incluso se instaba a la Diputación a apoyar iniciativas que manifestaran oposición a las resoluciones del Supremo en aras de “libertad de expresión que recoja el sentimiento de la mayoría de las y los guipuzcoanos”.

El litigio viene de lejos, cuando una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en septiembre de 2005 ordenó a la Diputación cumplimiento a la Ley 39/1981, de 28 de octubre, sobre uso de banderas, y en consecuencia hiciese ondear la bandera española en el exterior de la sede.

Contra esta sentencia interpuso la Diputación recurso de casación que fue desestimado por sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2009, que recordó la exigencia legal de que la Bandera de España ondee todos los días y en los lugares que la Ley expresa, “como símbolo de que los edificios o establecimientos de las Administraciones Públicas del Estado son lugares en donde se ejerce directa, o delegadamente, la soberanía y en ellos se desarrolla la función pública en toda su amplitud e integridad, sea del orden que fuere”.

En la placa, que fue robada por dos ciudadanos próximos al movimiento carlista en verano de 2010, también podía leerse: “He ahí la bandera, símbolo de esta situación, puesta por quien no desea hacerlo, a la que el viento ondea con ironía”.

Con fecha 29 de abril de 2010, el TSPV archivó las actuaciones por apreciar que la bandera ondeaba, en efecto, en el lugar legalmente asignado.

Contra esta decisión recurrió el abogado del Estado, y fue entonces cuando el Supremo ordenó retirar la placa y las Juntas dictaron el acuerdo ahora anulado.

La sentencia razona que las instituciones de los territorios históricos vascos tienen una peculiar naturaleza jurídica, a la vez foral y local, de modo que si bien participan de la consideración de entidades locales y en cuanto tal ejercitan competencias en “régimen común”, también ejercitan otras de “régimen foral”.

Elusión Ahora bien, puntualiza el Supremo, la afirmación de esta doble naturaleza no puede servir de base a planteamientos que den lugar a una elusión del control de sus decisiones, pues los artículos 9.1, 24 y 106 de la Constitución impiden la existencia de espacios apriorísticamente libres de control, bien por el Tribunal Constitucional, bien por los tribunales.

Frente a lo dicho por el TSJPV, el Supremo explica que por supuesto, están sujetos al control del orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos de gestión patrimonial y personal de las Juntas Generales;pero en cuanto al resto de sus decisiones y actos sin valor normativo, “lo lógico y razonable” es entender que el ordenamiento jurídico atribuye al orden contencioso-administrativo dicho control.

A partir, de ahí, el Supremo da un paso más y establece que la actuación de las Juntas Generales produce efectos jurídicos, no es un acto meramente político, y por ello se encuentra entre lasactuaciones enjuiciables por la jurisdicción;desde el momento que va más allá de la expresión de un sentimiento enmarcado en la relación político-institucional, y pretende alterar materialmente una realidad.

En definitiva, el Tribunal Supremo, con estimación del recurso de casación, anula la sentencia recurrida y consiguientemente anula el acto impugnado en el proceso, remitiéndose a lo dicho en sus precedentes sentencias 6 de noviembre de 2009 y 17 de noviembre de 2011. - E.P.


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