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Mittal pide ayudas millonarias para ACB

La multinacional también solicita que la Ertzaintza y la Policía local de Sestao se hagan cargo de la seguridad

Miércoles, 8 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:12h

donostia- El Gobierno Vasco dio a conocer ayer algunas de las peticiones de Arcelor Mittal para poner en marcha la ACB dos fines de semana al mes a partir de julio con 150 trabajadores, la mitad de la plantilla. Además de ayudas, sobre todo en I+D+i, que rondarían los diez millones al año, la multinacional pide que la Ertzain-tza y la Policía local de Sestao se hagan cargo de la seguridad de la acería para no tener que contratar un servicio privado. Las condiciones son “inasumibles”, dijo la consejera Arantxa Tapia, que pidió un plan industrial “de verdad” que incluya un compromiso para mantener la actividad y el empleo al menos hasta 2020 antes de hablar de ayudas públicas.

El preacuerdo alcanzado el lunes entre la dirección de la ACB y los sindicatos CCOO y UGT, mayoría en el comité, ha precipitado los acontecimientos en la factoría de Sestao, que cumple cuatro meses parada. Estos dos sindicatos explicaron ayer a los trabajadores la letra pequeña del plan para reabrir la factoría dos fines de semana al mes, que en su parte social ha sido redactada de manera conjunta por la dirección y CCOO y UGT -se han retirado las rebajas de sueldo y en el complemento del ERE-.

Las intenciones de los delegados de estos sindicatos era lograr el visto bueno de la asamblea ayer mismo, pero ante las críticas de una parte de los empleados finalmente la votación se retrasó al próximo martes.

La consejera Tapia no ocultó ayer su malestar con los responsables de la firma siderúrgica, tanto por su intención de reabrir la fábrica a un nivel muy por debajo de su capacidad y sin compromiso de continuidad como por las condiciones exigidas a la administración, algunas “inasumibles”, afirmó la consejera.

La más llamativa es la petición de que sea la policía pública, tanto Er-tzaintza como policía local de Sestao, la que se encargue de la seguridad en las instalaciones, se entiende para evitar contratar a una empresa privada. Tapia aclaró que Lakua no va a entrar “ni a valorar” esta opción entre otros motivos porque rompería la igualdad competitiva en el sector.

Además, se piden al Gobierno más ayudas para I+D+i, entre 300.000 y 400.000 euros al mes, más de cuatro millones al año, según fuentes del comité. Además se reclaman ayudas por otros conceptos que rondan los cinco millones al año, con lo que la factura para las distintas administraciones públicas de la CAV rondarían, al menos, los diez millones por año. También se piden ciertas ventajas fiscales como no pagar IBI, que depende del ayuntamiento de Sestao.

Y todo eso sin ningún compromiso de mantener la actividad en el tiempo. “No vamos a poner dinero para pagar un cierre a plazos”, avisó Tapia, que valoró positivamente el preacuerdo con el comité. - Adrián Legasa


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