Diario de GipuzkoaDiario de Noticias de Gipuzkoa. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa
Tribuna abierta

Corrupción por metro cuadrado

No es cierto que sea puntual, cosa de unos pocos. Obedece a todo un sistema, una forma de concebir la política, una forma de entender para qué es elegido un representante de la sociedad.

Por Kepa Landa - Martes, 7 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:11h

El extesorero del PP Luis Bárcenas, a la salida de su domicilio hacia los juzgados de la Plaza de Castilla

El extesorero del PP Luis Bárcenas, a la salida de su domicilio hacia los juzgados de la Plaza de Castilla (EFE)

Galería Noticia

El extesorero del PP Luis Bárcenas, a la salida de su domicilio hacia los juzgados de la Plaza de Castilla

Las corruptelas en torno al poder no son propias de un único país. Podríamos afirmar que son patrimonio de la humanidad. Ello no impide que sintamos indignación cuando se producen. O, mejor, cuando las conocemos, porque trascienden muy pocas de las que se producen. En lo que nos afecta, tenemos que fijarnos en un Estado denominado España que, como es diferente, también en esta cuestión muestra sus especialidades.

Varias son las peculiaridades del sistema de corrupción que impera en la política y las instituciones españolas en general, incluidas las autonómicas. Me detendré en algunas por razón del espacio para tratarlas, y porque denotan esa singularidad a la que me refiero.

Datos oficiosos indican que las personas que están incursas en procedimientos judiciales por corrupción llegan a dos mil. Sí, 2.000, con números, que se ve más. La gran mayoría de ellas pertenecen a partidos políticos o han asumido cargos públicos a través de esos partidos. Éste es ya un dato demoledor. Se sigue sosteniendo que el sistema democrático español funciona, que es una garantía para la ciudadanía, pero nadie explica cómo se puede convivir con el constante descubrimiento de escándalos de corrupción.

Esto nos conduce a un segundo dato. Entre los apuntados como directamente implicados en estas tramas de corrupción están desde el propio presidente del Gobierno y máximo dirigente del Partido Popular, pasando por ministros, altos cargos autonómicos, alcaldes y concejales… hasta la propia Casa Real.

Pues bien, pese a la evidencia de las implicaciones, en contra de la cultura calvinista imperante en la Europa Occidental, aquí nadie responde, nadie dimite y, solamente cuando son arrastrados de las orejas al juzgado, a regañadientes, se apartan de las organizaciones políticas en las que han desarrollado su actividad.

Hay un ejemplo singular. El Partido Popular español presume de una organización jerarquizada en la que su presidente tiene un poder de decisión absoluto y, tras él, un grupo de altos dirigentes. Está acreditado que durante las últimas décadas sus tesoreros han recibido donaciones irregulares de empresas que contratan con las diferentes instituciones. Que han tenido al menos una caja B, contabilidad irregular donde las haya. Todos esos tesoreros están sometidos a procedimientos judiciales. La sede principal de ese partido ha sido reformada, pagando sus obras con dinero de esa caja B.

A muchos de sus dirigentes, incluido su presidente, les entregaban sobres con dinero al margen de los sueldos pagados por el partido. Podríamos seguir.

Pues bien, cuando su tesorero último es sometido a un procedimiento judicial, le empiezan defendiendo, alabando su honorabilidad y buen hacer y protegiéndole usando un cargo electivo que detentaba. Llegan a hablar de persecución contra el partido por actuar un juzgado contra esa persona.

Cuando el escándalo empieza a tomar tintes más oscuros, le tratan de encubrir. Para ello, le siguen pagando durante muchos meses un sueldo multimileurista, le mantienen una oficina en la sede principal del partido y un chofer y le dan asistencia jurídica.

Cuando tampoco esta situación se puede mantener, y además el tesorero empieza a presionar porque se ve cercado por las pruebas contra él, deciden cambiar de estrategia. Desde ese momento, es un delincuente que ha actuado por su propio interés. Nadie conocía lo que hacía y nadie le controlaba. Es un apestado que avergüenza al resto del partido.

Las explicaciones públicas que se tratan de dar, en diferido, ponen aún más en evidencia que se le ha estado encubriendo para que se mantuviera callado. En paralelo, destruyen ordenadores, tiene que entrar la policía a la fuerza en la sede central para recabar documentación… En fin, un sainete muy propio de sus protagonistas.

Puede tener su lógica el hecho de intentar mantenerse como partido, pues es razonable que piensen que, de asumir una disolución del mismo y una regeneración, el cielo se podría caer sobre sus cabezas. Pero no deja de ser una vergüenza que el partido que gobierna en el Estado y en muchas de sus autonomías sea una organización usada para delinquir. Y que esto no provoque consecuencias sobre esa estructura y sus responsables. Es insólito que, teniendo ya atribuidas en un procedimiento penal responsabilidades como partido político, sigan impasibles.

No es cierto que estas actuaciones sean puntuales, cosa de unos pocos. Obedecen a todo un sistema, una forma de concebir la política, una forma de entender para qué es elegido un representante de la sociedad. Se ha instalado, como si fuera algo natural, la idea de que quien llega a cargos institucionales en las listas de un partido puede usar de lo público para su propio interés, para el de su partido, para los suyos y para aquellos que favorecen a los suyos. Esta es una forma de pensar y actuar perversa porque está extendiendo el convencimiento de que no hay solución y no se pueden hacer las cosas de forma diferente. Que el poder es patrimonio de unos pocos y solamente si estas al lado de ellos tendrás acceso a participar de sus prebendas.

Se puede hacer otra gestión de los poderes públicos. Terminar con las adjudicaciones interesadas de obra pública. Con los repartos de puestos de confianza sin contenido o actividad real. Se debe apostar por otra forma de actuar con aquello que es de todos.

Hay que ser implacables con los comportamientos corruptos. No es de recibo argumentar que ya ha dejado el partido el acusado o que se le ha abierto un expediente disciplinario. Hay que explicar, y los partidos políticos tienen una responsabilidad especial en esa explicación, cómo han podido actuar así, porque esos comportamientos involucran a muchas personas y solo la complicidad permite su ocultamiento.

Un paradigma es el caso denominado de los ERE en Andalucía. Intervinieron políticos de la Junta, sindicatos, empresas, asesores, compañías de seguros… y muchos trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo negar que era una situación sistémica lo que allí ocurrió?

La persecución de la corrupción se ha usado más como arma política que como medio de saneamiento de la actividad pública y de la propia sociedad. Mientras no se instale el convencimiento de que esta forma de actuar, de encubrir, de proteger estas conductas, es una lacra para toda la ciudadanía, y mancha especialmente a los partidos políticos, se va a hacer difícil avanzar para erradicar, o al menos reducir a una patología, la corrupción política.

Los partidos con más recorrido histórico aún siguen anclados en una estructura organizativa y una forma de actuar en las instituciones, que ha facilitado y de hecho consolidado un estilo de gestión que no es sostenible. Esto es demostrable aquí y allá. Si no entienden esta situación, antes o después les estallará en las manos.

Está por ver cuánto tiempo va a soportar la sociedad este tipo de prácticas. Hasta ahora todavía priman las fidelidades e ideologías sobre la realidad de los comportamientos. Pero es de esperar, por la propia salud de esa sociedad, que cambie de forma de pensar, actuar y elegir.


COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.
  • Avda. Tolosa 23 20018 Donostia
  • Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902