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Y tiro porque me toca

Torturas

Por Miguel Sánchez-Ostiz - Domingo, 5 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:13h

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por octava vez, por octava, por no investigar casos flagrantes de torturas denunciados por quienes las padecieron. La prensa cómplice calla, como ha venido callando durante décadas, el gobierno también, dándole de ese modo cobertura política y mediática. Se descubren incluso falsedades procesales por parte de la representación del Estado. No pasa nada, pero quienes denuncian la tortura son perseguidos, detenidos y multados, con el objeto de impedir que se hable siquiera de ello.

Francisco Etxeberria, forense de indiscutido prestigio internacional, ha vuelto a hablar de torturas en una larga entrevista concedida a elDiario.es y ha dicho algo de verdad certero: “No hemos sido suficientemente beligerantes contra la tortura”. Tiene razón Etxeberria, quienes podían haber denunciado o cuando menos hablado, han callado. No traía cuenta hacerlo, no era socialmente correcto, era en cambio dar carta de naturaleza a ese manual de ETA que nadie ha visto. Entre tanto se ha seguido practicando, como lo demuestran las condenas y las palabras de ese forense, que se remite a otros profesionales, y las recientes declaraciones, que de verdad les honran, de los magistrados José Ricardo de Prada y Garbiñe Biurrun. De Prada, un juez contra el que se han pedido desde el gobierno medidas de represalia, algo inaudito en cualquier otra país que no sea un régimen policiaco como el creado al amparo del gobierno de Mariano Rajoy. Llama la atención que la Audiencia Nacional declare que va a estudiar apartar del cargo a De Prada y, a la vista de la condena del TEDH, no diga que va a investigar los hechos que se denuncian, objeto de las condenas, ni como declaración de intenciones.

Da la impresión que una parte notoria de la administración de justicia española cree más en la defensa a ultranza del Estado que en la estricta justicia que condena, sí, pero también debe amparar, y en consecuencia encubre con descaro a quienes la han practicado e impide su investigación y declaración pública, como demuestra el caso de González Pacheco, Billy el niño, un miserable (en palabras del candidato Pablo Iglesias) al que ampararon demócratas de toda la vida como Rodolfo Martín Villa, caralsol y brazo en alto (documentado), o Barrionuevo, socialista del felipismo y GAL, agasajándolo, condecorándolo o dándole trabajo. Esa y no otra ha sido la democracia española.

Habrá que recordar que el mismo Baltasar Garzón ha sido repetidamente acusado de no dar curso a las denuncias por torturas que se le plantearon de manera directa, algo que sus partidarios obvian y sus detractores apuntan siempre para empañar logros que resultan evidentes, cuando menos en la relativo a memoria histórica. ¿Podría aclararlo de frente y por derecho el propio exjuez paladín hoy de la democracia?

La denuncia de la tortura como ataque a las FSE es una añagaza, política e inmoral, por parte de quienes detentan una inmerecida autoridad y desde esta persiguen a quienes proponen el debate público de esta lacra. No se trata de degradar a los cuerpos de seguridad del Estado, se trata de perseguir a los torturadores, se trata de impedir que la tortura o los malos tratos sistemáticos se practiquen. Se trata de impedir que esa lacra tenga cobertura social y mediática, como has ta ahora. Nada más.

La tortura y sus tratamiento judicial tiene la dificultad de la prueba y el máximo abuso jurídico del sistema español que da en la indefensión como es que un uniformado, por el hecho de serlo, tenga palabra de más valor que quien no lo es, del mismo rango que la fe pública (¿equiparándose a los notarios?). Es difícil probar nada que suceda a puerta cerrada y más difícil si el miedo o la complicidad inspira a quienes pueden denunciarla, como son los forenses que han tenido constancia de los daños (a lo ya publicado estos últimos años me remito).

Todo este repugnante asunto se mueve entre la mala fe, la consigna política que viene desde el franquismo, el querer mirar para otra parte, la complicidad efectiva y hasta el aplauso. Entre quienes niegan por principio esta lacra y quienes la denuncian por haberla padecido, yo voy a seguir creyendo a los segundos.

Llama la atención que la Audiencia Nacional declare que va a estudiar apartar del cargo al magistrado De Prada y, a la vista de la condena del TEDH, no diga

que va a investigar los hechos que se denuncian, objeto de las denuncias, ni como declaración de intenciones


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