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La Guardia Civil implica al presidente de Murcia en el ‘caso Púnica’

Albert Rivera advierte de que si el ‘popular’ es imputado deberá dimitir por el pacto anticorrupción

Martes, 31 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

DONOSTIA- La investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta relación con la trama Púnica ha situado en el alambre al gobierno de dicha comunidad, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtiera ayer de que el dirigente popular tendrá que dimitir si es imputado en cumplimiento del pacto anticorrupción firmado por ambas formaciones y que posibilitó su investidura. Por el momento, Sánchez tendrá que responder este jueves ante el pleno del Parlamento autonómico una pregunta de Podemos sobre si piensa dimitir si es llamado a declarar por el juez como investigado en este caso de presunta corrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso Púnica, un informe en el que se incluyen presuntas conexiones entre la trama y el actual presidente murciano, unas pesquisas que también afectan a la senadora del PP por esa región, Pilar Barreiro. Se les acusa de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, entre otros relacionados con la corrupción, por contratar al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en las redes sociales. Los hechos ocurrieron cuando Sánchez era consejero de Educación y Barreiro alcaldesa de Cartagena.

Los agentes sostienen que, en contra de lo alegado por ellos, esos contratos se llevaron a cabo en 2014 y fueron abonados con dinero público, cuando el pago debió asumirlo el PP. Se trata, según adelantó ayer la Ser, de una situación similar a la del exconsejero de Presidencia madrileño, Salvador Victoria, a quien los contratos con De Pedro le costaron la carrera política. En el caso de Sánchez y Barreiro, será el juez Velasco quien determine su futuro procesal. Dado que ambos son aforados, el primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la segunda ante el Tribunal Supremo, si el magistrado aprecia indicios para actuar contra ellos tendrá que enviar sendas exposiciones razonadas a dichos tribunales. - N.G.


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