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Ibarra y Calparsoro avalan la ley de víctimas de abusos policiales

Consideran que busca una justicia reparadora y piden que se afine en el equipo de valoración

Martes, 31 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, ayer en el Parlamento de Gasteiz.

El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, ayer en el Parlamento de Gasteiz. (efe)

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El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, ayer en el Parlamento de Gasteiz.

donostia- Los dos cargos principales de la judicatura vasca avalaron ayer el proyecto de ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidos entre 1978 y 1999. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) y el fiscal superior de la CAV, Juan Luis Ibarra y Juan Calparsoro, respectivamente subrayaron que la iniciativa busca una justicia reparadora y animaron a que se explore el camino de la justicia restaurativa para que las víctimas obtengan la satisfacción debida.

Calparsoro e Ibarra comparecieron en la comisión del Parlamento Vasco que debate sobre el proyecto de ley y que actualmente escucha y analiza las opiniones de expertos, antes de su paso por el pleno para, en su caso, su aprobación y su proclamación como ley. El proyecto se encuentra en una fase muy avanzada y, salvo que algún partido lo impida pidiendo ampliaciones de plazos, podría ser aprobado por la Cámara siempre y cuando se habilite el mes de julio para trabajarlo en el Parlamento de Gasteiz.

El proyecto de ley también conocido como de abusos policiales o de motivación política tiene por objeto, a juicio de Ibarra, “el reconocimiento y la reparación de víctimas de vulneraciones causadas por empleados públicos o por tramas civiles conexas con empleados públicos”, y lamentó que estas personas no hayan tenido reconocimiento social ni reparación del daño.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior vasco apreció algunas dificultades de interpretación de lo que puede ser violencia de motivación política, ya que cuando esta “no está calificada como delito en el ámbito de la administración de justicia dificulta el uso de la noción jurídica”. En este sentido, Ibarra considera que definir un contexto de violencia de intencionalidad política es una cuestión de prueba indeterminada que requerirá de “elementos de sociología” y que traslada la responsabilidad al juez .

También recomendó una mayor concreción en la definición del perfil profesional de seis de los diez miembros que integrarán la comisión de valoración que otorgará la condición de víctima. Este equipo estará formado por tres expertos designados por el Gobierno Vasco, otros tres por el Parlamento, y tres peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal, más un técnico experto en derecho, con voz pero sin voto. A su juicio, esta comisión “adolece de ambigüedad” y, además, “no debiera quedar al albur de la decisión de un órgano político”. Sobre este particular, Calparsoro remarcó la importancia de que sean personas “con suficiente autoridad moral e imparciales”.

El fiscal superior sugirió la posibilidad de que se celebren encuentros “voluntarios y confidenciales” entre víctimas y agresores, en línea con la experiencia de los presos de la vía Nanclares entre presos disidentes de ETA y sus víctimas. A su juicio, este tipo de iniciativas “reparan mucho más” que un reconocimiento oficial y público, y que una indemnización económica. “No se trata de ser vícitima toda la vida, sino de dejar de serlo” y añadió que la justicia restaurativa “facilita la desvictimación”. - N.G.


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