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Tribuna abierta

Paraísos fiscales y ‘establishment’ financiero

Por Andoni Pérez Ayala - Sábado, 28 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

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Las operaciones en paraísos fiscales no son una actividad marginal, las realizan entidades respetables, desde los mismos centros que toman las grandes decisiones económicas y con nítida permisividad estatal.

más que la lista de personajes que han aparecido últimamente en los papeles de Panamá, que sin duda es lo que más gancho mediático tiene, lo que realmente debe centrar nuestra atención es lo que estos papeles panameños revelan sobre la existencia, ya conocida pero ahora más visible gracias a ellos, de los paraísos fiscales. Como en el conocido relato didáctico chino, que nos advierte de que cuando el dedo señala la luna no es el dedo lo que hay que mirar sino lo que éste indica, la publicación de los papeles de Panamá proporciona, más allá de la lista de nombres que figuran en ellos, una buena ocasión para afrontar la cuestión de la actividad que se desarrolla en torno a esa extraña figura en las relaciones tributarias que conocemos como paraísos fiscales.

Conviene aclarar, antes de continuar, que las operaciones relacionadas con los paraísos fiscales no son, como muchas veces se cree equivocadamente, una actividad marginal protagonizada por grupos de amiguetes compinchados para trampear con el fin de engañar al fisco, aunque sin conexión alguna con los círculos económicos serios. La realidad de los hechos muestra, por el contrario, que se trata de actividades realizadas por entidades respetables, vinculadas con el establishment financiero, que actúan con la intermediación de reputadas firmas de abogados a través de sofisticadas operaciones perfectamente legales. Y tampoco cabe desconocer que los centros de decisión de estas operaciones no se hallan en perdidas islas tropicales (aunque en ellas figure su domiciliación) sino en los mismos centros metropolitanos donde se toman las grandes decisiones económicas y financieras.

Son estos factores, y no la inevitabilidad de su existencia como interesadamente se nos pretende hacer creer, lo que explica su pervivencia, que de todas formas no sería posible sin el cobijo institucional que les dispensan las autoridades políticas estatales. Es preciso ser conscientes de ello para poder afrontar debidamente la endémica cuestión de los paraísos fiscales, sobre los que todos dicen (al menos en público) que vienen a ser algo así como un oculto agujero negro del sistema económico con el que hay que acabar (lo que, dicho sea de paso, es perfectamente posible);pero luego se renuncia a adoptar medidas efectivas para ello y, de esta forma, acaban gozando de facto de una extraña tolerancia, cuando no de una cómplice colaboración, que garantizan su pervivencia.

La información que ha aparecido estos días con motivo de la publicación de lospapeles de Panamá es muy ilustrativa de las conexiones que las entidades más señeras del establishment financiero (extensible también a otras entidades no financieras) mantienen con los paraísos fiscales;con la particularidad de que no se trata de conexiones ocasionales limitadas a casos puntuales sino de unas relaciones que de forma generalizada y con carácter sistemático forman parte de su actividad regular. Y de acuerdo con los datos que últimamente estamos conociendo sobre el tema, no parece que la cuantía de las sumas que se mueven en las variadas operaciones relacionadas con los paraísos fiscales puedan considerarse nada desdeñables.

Resulta muy difícil, dado el carácter opaco que por su propia naturaleza tiene este tipo de operaciones, cuantificar con precisión el monto de las cantidades que de una u otra forma giran en torno a esta actividad. De todas formas, y aunque solo sea como referencia orientativa, tiene interés conocer la estimación que al respecto hacen quienes por sus conocimientos sobre la materia y por su actividad profesional -inspección tributaria- están en mejores condiciones para tener una opinión autorizada sobre la cuestión. En este sentido, no está de más conocer los datos que aporta Gestha (entidad que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda), cifrando en casi 150.000 millones de euros (144.000 exactamente, según su ultima estimación del pasado mes de abril) los fondos ocultos en los paraísos fiscales.

No es ajena a este ocultamiento en paraísos fiscales de las nada desdeñables sumas reseñadas la cuestión de la deuda y el déficit públicos, erigidos últimamente en el centro de las preocupaciones de las autoridades económicas, tanto estatales como europeas. Afrontar esta cuestión con el fin de reequilibrar las cuentas públicas no deja de ser un objetivo razonable que no hay ningún inconveniente en aceptar y asumir. Ahora bien, conviene no olvidar que las cuentas no se equilibran solo reduciendo el gasto público, incluido el necesario e ineludible gasto social (que por cierto, en nuestro caso es bastante inferior al de los países centrales europeos), sino también evitando que se esfumen los ingresos públicos, lo que tiene relación directa con la evasión fiscal que con el consentimiento de las autoridades estatales (no lo olvidemos) se lleva a cabo a través de los paraísos fiscales.

Lo que no es razonable, no solo desde una perspectiva ética sino también estrictamente económica, es sostener que hay que hacer frente a los desequilibrios en las cuentas públicas pero sin tocar la evasión fiscal, que es la razón de ser de los paraísos fiscales. Y menos razonable aún es sostener que el déficit y la deuda, originados por el excesivo gasto público y obviando toda referencia a la insuficiencia de los ingresos fiscales, es la causa determinante de la penuria de recursos que impide mantener las prestaciones inherentes al Estado social que la propia Constitución (la nuestra y la de los países de nuestro entorno) establece. En este sentido, los papeles de Panamá constituyen una buena muestra no de la falta de recursos sino de su ocultación a través de los paraísos fiscales con el fin de eludir el cumplimiento de los deberes fiscales.

No deja de causar cierta extrañeza la permisividad, cuando no la plena cobertura, de la que gozan por parte de las autoridades estatales estos limbos jurídicos al servicio del establishmentfinanciero que conocemos bajo la denominación de paraísos fiscales. Sobre todo si tenemos en cuenta que su finalidad y razón de ser no es otra que la de eludir el cumplimiento de uno de los deberes que todas las constituciones recogen en su articulado, como son los deberes fiscales. Cabría preguntarse cuáles son las razones, que nadie nos ha explicado, para no adoptar medida alguna dirigida a acabar con unas prácticas como las que encuentran cobijo en los paraísos fiscales, en muchos casos claramente delictivas (lo que, además, es sabido) y, en cualquier caso, causantes de serios perjuicios al conjunto de la ciudadanía a costa del beneficio particular de quienes ocultan sus bienes, que no suelen ser pocos, en los paraísos fiscales.

Bien es cierto que este tipo de medidas, para que sean realmente efectivas, han de adoptarse de forma coordinada entre los distintos Estados;pero ello no puede ser un impedimento para no plantear iniciativa alguna sobre el tema ni para renunciar a adoptar cualquier decisión sobre una cuestión como ésta, que no es precisamente intrascendente. Se trata, por otra parte, de un asunto que, a diferencia de otros cuyas soluciones no siempre dependen de la voluntad de las autoridades estatales, ya que puede haber variables que escapan a ésta, en el caso que nos ocupa relativo a los paraísos fiscales las decisiones que se adopten desde las instancias estatales son determinantes para poder solucionar el problema… siempre que haya voluntad política para ello.

Una vez que los personajes que aparecen en las listas de los papeles de Panamá pierdan actualidad mediática, es probable que nos olvidemos de que los paraísos fiscales siguen existiendo. No estaría de más que nos comprometamos a incorporar esta cuestión a la agenda política con carácter estable y permanente, ya que la actividad que se genera en torno a ellos no se interrumpirá cuando el foco mediático se desplace a otros asuntos y deje de hablarse de este tema. De todas formas, ahora que estamos en periodo electoral hay una buena ocasión para, al menos, plantear la cuestión y debatir públicamente sobre las mediadas que pueden adoptarse en este terreno.



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