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El Puerto calcula en 26 millones el coste final de la lonja de Pasaia

El presidente de la Autoridad, Ricardo Peña, asume que el proyecto es “manifiestamente mejorable”

Iraitz Astarloa Gorka Estrada - Jueves, 26 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

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Ricardo Peña, ayer en Juntas Generales.

donostia- El presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Ricardo Peña, asumió ayer que poner en marcha la nueva lonja tendrá un coste de 26 millones de euros. Peña, quien compareció en las Juntas Generales a cuenta de las presuntas irregularidades que han sido detectadas en la construcción de esta infraestructura, no ahorró en críticas hacia este proyecto, que calificó de “manifiestamente mejorable”, al igual que el sistema de control de gastos de la autoridad.

Fue la abogada jefe del Estado en el País Vasco, en contra del criterio expresado por el consejo de administración del Puerto, la que informó a la Fiscalía del sobrecoste de más de 5 millones de euros en las obras que está siendo investigado por un Juzgado de Donostia.

El presidente de la APP reconoció que el importe final de poner en marcha la lonja rondará los 26 millones de euros, si bien precisó que es “imposible” hacer una “fotografía fija” de este coste, ya que se trata de una instalación que requiere de “constantes inversiones”. No obstante, matizó que esta cifra no se corresponde únicamente a las obras, sino también a su puesta a punto. “Es como cuando compras una casa, que la tienes que amueblar”, ejemplificó. Así, precisó que la construcción 20,1 millones de euros y el resto corresponde a la redacción del proyecto o la puesta en marcha del edificio de cabecera, donde se localizarán los servicios administrativos, entre otros. Además, quedará pendiente la obra de urbanización de la cubierta, que la Autoridad Portuaria ha renunciado a acometer, por lo que será la Diputación de Gipuzkoa, financiadora del proyecto, quien decida quién lo lleva a cabo. Subrayó que la de Pasaia -cuya primera fase se inauguró en noviembre de 2013- es la tercera lonja “en movimiento” del Estado, en la que se han movido más de 100 millones de pescado desde su puesta en marcha.

Según desgranó en las casi tres horas que duró su comparecencia, las obras de la lonja se licitaron por un precio de 18 millones de euros, si bien el precio de adjudicación final fue de 14,9 millones (una rebaja del 18%). Sin embargo, a ese coste se han ido sumando modificados que hacen que, actualmente, la obra arrastre un sobrecoste de más de 5 millones.

Según explicó, existen dos modificados por valor de 2,08 millones que “se tramitaron conforme a la ley”. Sin embargo, a partir de ese momento, se llevaron a cabo una serie de obras que carecen de “tramitación y consignación presupuestaria”, y que ahora están siendo objeto de investigación. En concreto, la UTE adjudicataria (formada por las empresas FCC y Lurgoien) reclama el pago de 1,4 millones por una serie de trabajos ejecutados. Asimismo, hay otra serie de trabajos por valor de 157.600 euros “que se encuentran en una especie de limbo y que no se sabe cómo regularizar”. Además, quedan pendientes otros 1,5 millones que se abonarán en la liquidación final de obra y que estarían amparados por el 10% de incremento presupuestario en obra pública que permite la ley.

Por todo ello, Peña consideró que el proyecto de la lonja es “manifiestamente mejorable” y criticó que el director de obra, David Candelario, a quien le fue abierto un expediente disciplinario y más tarde fue destituido, tiene “un gran desconocimiento” de la ley de contratos públicos, ya que en su momento incurrió en “errores de base” que han llevado a que se haya abierto la investigación.

El presidente de la Autoridad Portuaria también se refirió al cesado exdirector del Puerto, Gregorio Irigoyen, quien hace varias semanas acusó a Peña de “no permitir” una “legalización rápida” de las obras. “Lo de arreglar las cosas de forma más doméstica o discreta no lo acepté”, manifestó, al tiempo que defendió que “en todo momento” ha actuado “bajo el auspicio de los servicios jurídicos de Puertos del Estado”. Además, reconoció que lo ocurrido con la lonja ha devenido en una “pérdida de confianza” con respecto a Irigoyen.

digerir la información Cuestionado sobre la tardanza con la que informó al Consejo de Administración del Puerto -Peña conoció “que algo no iba bien” el pasado julio y lo trasladó al consejo en diciembre-, justificó que “toda esta información hay que digerirla” y recordó que el orden del día de la reunión que el consejo mantuvo en septiembre era “abrumador”. “Hicimos mención a que había cosas que no se estaban haciendo bien, pero lo dejamos para el mes de diciembre porque no suponíamos que iba a tener la repercusión que ha tenido posteriormente”, reconoció. Asumió también que “si hubiera sabido lo que sé ahora hubiera convocado un consejo de carácter extraordinario”. “He sido yo quien ha tirado de la manta y quien ha eludido mirar hacia otro lado”, subrayó.

Peña también hizo referencia a la actuación de la abogada del Estado en Euskadi y vocal del Consejo de Administración del Puerto, Macarena Olona, quien fue la que trasladó la información existente a la Fiscalía.

Peña consideró “incomprensible” su actuación, más si cabe cuando el pasado 10 de marzo, en un consejo extraordinario, se aprobó por unanimidad esperar a las conclusiones de la auditoría integral de las obras que está llevando a cabo Puertos del Estado. “Hemos colaborado con Macarena durante tres años, pero para nosotros ha sido sorprendente que en el plazo de una semana haya cambiado de criterio. Al fiscal hay que irle con indicios de algo, algo de lo que ni siquiera nosotros nos hemos enterado porque las conclusiones de la auditoría no han llegado”, insistió.


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