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Tribuna abierta

El kalimotxo autonómico

Aunque manteniendo como fachada el mismo recipiente de autogobierno, lo que un día fue un vino más o menos decente, es hoy una suerte de kalimotxo para paladares fatigados.

Por Iñigo Bullain - Lunes, 23 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:10h

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La autonomía vasca ha padecido el viejo truco defraudatorio que algunas corporaciones utilizan mediante la letra pequeña para estafar a clientes de buena fe

Declararse independentista y no abrir un debate sobre los costes de la dependencia o las ventajas de la emancipación, no parece una postura muy coherente

Asegurar que Euskadi disfruta del “mayor autogobierno del mundo” se ha convertido en una fantasía recurrente. También es un recurso dialéctico para esquivar la reivindicación mayoritaria de más y mejor autogobierno. Precisar el volumen de la dimensión autonómica o hacer comparaciones con otras entidades subestatales es complicado. Así que recurriré a una metáfora restaurativa para tratar de ilustrar con una imagen la situación: si al inicio de los años 80 el autogobierno vasco parecía una botella de 75 centilitros, hoy se parece más a uno de esos botellines que sirven en los aviones. Al margen de esa jibarización, queda la autonomía fiscal que no se ha visto tan afectada, aunque también ha quedado reducida, especialmente en sus expectativas, debido a la interpretación restrictiva del Concierto Económico en el marco estatal y europeo.

Distintos factores han contribuido al deterioro del autogobierno que, como una prenda sometida a un programa inadecuado, ha perdido color y mermado en su tamaño. Por un lado, el Gobierno y Parlamento españoles han recurrido sistemáticamente a una legislación abusiva con la coartada que les ha proporcionado el artículo 149.1.13. de la Constitución española, que deja en manos del poder central la competencia sobre “ordenación general de la economía”.

Por otro lado, la masiva transferencia y delegación de materias a la competencia de las instituciones europeas ha debilitado considerablemente el poder de los órganos autonómicos. Dado que en el marco de la estructura decisional de la Unión Europea (UE), el poder central ha monopolizado la participación y representación del Estado, las instituciones vascas han quedado relegadas a funciones de aplicación y ejecución de normas. A pesar de las pomposas declaraciones del artículo 10 del Estatuto de Gernika, o su correspondiente artículo 44 del Amejoramiento del Fuero de Navarra, o incluso el artículo 7 de la LTH, que enumeran un buen número de materias como competencias exclusivas de las instituciones comunes o de los Territorios Históricos, muchas de ellas han pasado a ser, desde hace años, materias de la competencia de la UE. Y como en el marco supraestatal prevalece la normativa comunitaria, la autonomía vasca y foral se ha precarizado, sin que cuente, como sucede en Alemania o Bélgica, con una posición relevante en el ejercicio del poder central del Estado que permite a los entes subestatales paliar o compensar pérdidas.

Aunque manteniendo como fachada el mismo recipiente, lo que un día fue un vino más o menos decente, es hoy una suerte de kalimotxo para paladares fatigados.

En realidad, buena parte del contenido de la botella del autogobierno se ha trasvasado a un botellón europeo mientras otra parte del contenido del autogobierno subestatal también ha sido utilizado para que el volumen correspondiente al poder central aumentara significativamente de tamaño. El paulatino deterioro del autogobierno vasco, prolongado durante décadas, es una realidad que el bipartidismo dinástico de PPSOE ha preferido ignorar. Cuando desde Catalunya o desde Euskadi se ha advertido sobre la pérdida de calidad del autogobierno o sobre la necesidad de adecuarlo al contexto europeo, la respuesta del españolismo ha sido descalificar esas reclamaciones como si se trataran de temas identitarios ajenos a las preocupaciones de la gente. Como si la distribución competencial y su gestión no tuvieran nada que ver con la calidad de vida de la población o los costes de mantenerse asociados a la marca España fueran inexistentes.

Que el poder de las unidades estatales en este siglo no sea comparable al significado del Estado-nacional durante el XX, no significa que disponer de un Estado, nacional o plurinacional, sea una cuestión intranscendente. De hecho, en lugar de renunciar a más soberanía, los Estados Miembros de la UE parecen empeñados en recuperar poderes y, en lugar de disminuir en número, una docena de nuevos Estados han aparecido en Europa desde la caída del Muro. Contar o no con un Estado propio representa una diferencia sustancial entre la unidades políticas y no disponer de un Estado vasco supone una invisibilidad política y una permanente cojera internacional.

La sociedad vasca solo podrá tener un reflejo marginal a través de la estatalidad española y francesa, dado que en España solo representa alrededor de un 5% de la población y menos de un 1% en Francia. Aunque para los vascos que no se sienten españoles reivindicar un Estado vasco es una obviedad, no debiera extrañar que, como ha sucedido en Catalunya, la reivindicación de la estatalidad se plantee como una cuestión que va más allá de una mera opción identitaria. El debate en torno a la conveniencia de configurar un Estado vasco-europeo pasará por convencer a la ciudadanía de que la estatalidad vasca puede ofrecer un marco social y democrático mejor que el español y por valorar las ventajas que aporta a la población vasca financiar vía Cupo: las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil;el servicio diplomático o el sistema de Seguridad Social;carecer de una organización judicial o no poder competir deportivamente a nivel internacional. Funciones que a mi juicio podría asumir una administración vasca en el marco de la integración europea y cuya gestión difícilmente podría ser peor que la que se hace desde Madrid. Pero para que ese debate tenga una credibilidad mayor que la que los juancarlistas del PSOE han procurado al republicanismo, el soberanismo vasco tendrá que abandonar cierto postureo independentista. Porque declararse independentista y no abrir un debate sobre los costes de la dependencia o las ventajas de la emancipación, no parece una postura muy coherente ni la mejor manera de promoverla. Podemos ser un Estado.


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