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Bruselas exige a España otros 8.100 millones de recortes en dos años

La Comisión Europea aplaza hasta julio la multa por el déficit excesivo y concede hasta 2017 para bajar el déficit al 3%

Jueves, 19 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:15h

Pierre Moscovici y Valdis Dombrovskis durante su comparecencia ayer en Bruselas.

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Pierre Moscovici y Valdis Dombrovskis durante su comparecencia ayer en Bruselas.

donostia- La Comisión Europea (CE) aparcó ayer hasta julio su decisión sobre si penaliza a España por incumplir sus metas de disciplina fiscal, con lo que despeja la amenaza de que el país reciba una multa millonaria durante la carrera electoral hacia el 26 de junio y traslada la cuestión al próximo Gobierno.

El brazo Ejecutivo de la UE exige a España medidas por valor de algo más de 8.100 millones de euros entre este año y el próximo. Las autoridades comunitarias reclaman que se rebaje el déficit público al 3,7% del PIB en 2016 y al 2,5% en 2017. Bruselas prevé en sus últimos pronósticos un agujero del 3,9% y del 3,1% del PIB, respectivamente: la diferencia se traduce en esos 8.100 millones de ajustes para 2016 y 2017.

España cerró 2015 con un desvío del 5,1% del PIB (incluidos los 0,1 puntos que suman la ayuda financiera a la banca) frente al 4,2% exigido por sus socios europeos, con lo que también se ha quedado lejos de alcanzar el 2,8% comprometido para 2016. A la vista de las cifras, la CE reconoce que no es “realista” esperar que el país cumpla las metas pactadas, por lo que le ha dado un año más para reducir su desvío por debajo del 3%, hasta 2017.

esfuerzos estructurales Para ello, la Comisión exige a España unos “esfuerzos estructurales” equivalentes al 0,25% del PIB en lo que queda de este año y de un 0,5% en el próximo.

“Corresponde a España tomar sus propias decisiones fiscales, mientras se mantenga en sus objetivos”, afirmó el vicepresidente de la CE para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, preguntado por la bajada de impuestos anunciada por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, si vence en los comicios.

La concesión de la prórroga (con la que España suma ya cuatro años de margen adicional) no significa que el país esté a salvo de una sanción por no haber hecho una vez más los deberes a tiempo, ya que la decisión solo ha sido pospuesta a principios del mes de julio.

“Hemos concluido que no es el momento correcto ni económico ni político para tomar esta medida”, justificó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, quien alegó que el actual Gobierno está en funciones y no puede tomar las medidas necesarias.

En una lectura ortodoxa, la Comisión podría haber tomado ayer ya su decisión, pero como indican fuentes europeas, ésta nunca aplica las reglas de disciplina fiscal de manera “mecánica” y siempre tiene en cuenta otros elementos.

“Lo cierto es que hemos tenido en cuenta el momento del ciclo económico en el que estamos, que es un momento en el que se trata de dar señales y a la vez (asegurar) el respeto por las reglas, así como apoyar el crecimiento con una política presupuestaria que ha pasado a ser ligeramente expansionista”, dijo el comisario. Moscovici mencionó también la crisis, la tasa de paro “extremadamente alta” y los esfuerzos reformistas ya acometidos por España, pero avisó, no obstante, de que la Comisión está dispuesta a hacer cumplir las normas de disciplina fiscal.

Éstas prevén que un país pueda ser multado con hasta un 0,2% de su PIB si mantiene su déficit por encima del 3% y no toma “medidas efectivas” para corregir el desvío. En el caso español, la penalización podría ascender a más de 2.000 millones de euros y convertiría al país en el primer socio comunitario -quizás junto a Portugal- en ser multado por no corregir su déficit.

Dombrovskis, por su parte, rechazó las “conspiraciones políticas más allá de las consideraciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, y afirmó que cabe en el mandato de la Comisión tomar una decisión como la de posponer su veredicto. - Efe


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