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Las sentencias de Arraiz y Ekin confirman una nueva etapa judicial

Encausados de la izquierda abertzale, Fiscalía, AVT y Dignidad y Justicia llegan a más acuerdos con base en la última reforma del Código Penal Evitan desde enero que casi 50 procesados sean encarcelados

Jurdan Arretxe - Miércoles, 18 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Los nueve procesados de Ekin, durante la sesión de ayer en la Audiencia Nacional.

Los nueve procesados de Ekin, durante la sesión de ayer en la Audiencia Nacional. (Foto: Efe)

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Los nueve procesados de Ekin, durante la sesión de ayer en la Audiencia Nacional.

donostia- Ya son 48 los encausados que, tras aceptar los cargos y acordar condenas inferiores a dos años de prisión, han eludido desde enero ingresar en prisión gracias a la última reforma del Código Penal. Primero fueron 34 de los 35 procesados de la macrorredada de Segura -el último que quedaba hasta ayer era el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, aunque fue condenado sin pacto unánime-, en abril siguieron este camino cinco navarros imputados de pertenecer a Ekin, y ayer mismo se sumaron otras ocho personas acusadas de formar parte de la dirección de este movimiento ilegalizado. Se enfrentaban a condenas de entre 9 y 15 años de prisión.

La atención judicial tuvo dos focos y en ambos se confirmó que se abre una nueva etapa en la justicia española. El primero, en la sede de la Audiencia Nacional, donde el acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones populares, ejercidas por la AVT y Dignidad y Justicia, permitirá que ninguno de los ocho procesados en el sumario 8/2013 tenga que regresar a prisión, donde estuvieron tras ser detenidos en 2010.

Para ello, Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaitz Ariznabarreta, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Eneko Compains, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte reconocieron los hechos contrarios a la legalidad -pertenencia a Ekin, ilegalizado en 2009 al considerarlo los tribunales “dirección política de ETA”-, renunciaron a la violencia y se comprometieron a la reparación de las víctimas del terrorismo.

Las penas terminaron por ser inferiores a las previstas, entre otras cuestiones, por no existir actos violentos. Así lo estima el artículo 579 bis 4 del Código Penal reformado en 2015 en torno al que, en otro debate impensable hace pocos años, la Sala de lo Penal tratará de unificar doctrina y que puede suponer la excarcelación de otras 20 personas: “Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido”.

La situación del noveno procesado, Ugaitz Elizaran, presenta un matiz, ya que al ser reincidente, la Fiscalía pidió dos años y tres meses. Aun así, el Ministerio Público solicitó el cumplimiento de la condena en régimen de libertad condicional, una petición avalada por la AVT y Dignidad y Justicia.


Arraiz, condenado sin pacto El segundo foco apuntaba a la sede del TSJPV, adonde se había trasladado el caso del presidente de Sortu al margen del sumario 04/08. Su resolución fue diferente al de los otros 34 encausados, aunque tampoco ingresará en prisión, al ver aligeradas su pena gracias también al artículo 579 bis 4.

El abogado de Arraiz, Iñigo Iruin, y el fiscal superior, Juan Calparsoro, habían llegado a un acuerdo idéntico al de los 34 procesados, pero las asociaciones de víctimas variaron su postura desde el pacto de enero, evitaron un acuerdo de conformidad y abrieron la puerta a la vista oral del 9 de mayo. Aun así, el presidente de Sortu mantuvo la estrategia pensada para un entendimiento y aceptó los cargos, renunció a la violencia y se comprometió a reparar a las víctimas, lo que llevó a la AVT y a Dignidad y Justicia a renunciar a la prueba pericial.

Entre otros hechos -donde se enumeran reuniones y actos políticos- y según la sentencia, Arraiz asume que como responsable de Batasuna en Araba “complementó y actuó de forma coordinada con ETA para conseguir la independencia de Euskal Herria mediante la utilización de la violencia”.

Ambas asociaciones rechazaron recurrir el fallo (la AVT vio muy difícil ganar una batalla de valoración de condenas y Dignidad y Justicia asumió que ahora la Justicia “está en esa línea”) y Arraiz, inhabilitado, deberá abandonar el Parlamento.

En el caso de Arraiz también hay que tener en cuenta otro proceso judicial, el de supuestas injurias tras pedir dar “jaque mate” a la Guardia Civil. En una clave menos restrictiva que la de otras instancias en años anteriores, el fiscal Calparsoro pidió sobreseer la causa al ver una “metáfora” en dicha expresión, acuñada tras dos operaciones policiales.


El PP no valora, pero mira al PNV Como era de esperar, Sortu mostró su “satisfacción relativa” y calificó de “válida y viable” la fórmula del acuerdo. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, pidió valorar esta “solución judicial”, mientras que el burukide jeltzale Andoni Ortuzar -que acudió al exterior de la vista oral a apoyar a Arraiz la semana pasada- consideró que era un caso “escrito con renglones torcidos” y Nagua Alba (Podemos) lamentó la dilación.

Por su parte, el socialista Iñaki Arriola puso en valor que el fallo “recoge la asunción de responsabilidad” de Arraiz, para quien “en principio, dos años no suponen ingreso en prisión, y para la Pantoja, sí”. Quien no quiso entrar a valorar la decisión fue el popular Alfonso Alonso, quien una semana después optó por cargar contra los “abrazos” de Ortuzar a Arraiz: “Sigue demasiado enganchado al mundo radical”.


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