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El presidente de Sortu deberá dejar el Parlamento tras ser inhabilitado

La inhabilitación afecta a todo cargo público, no como ocurre en el caso de Otegi

J. Arretxe - Miércoles, 18 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz afronta desde hoy un juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. (EFE)

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El presidente de Sortu, Hasier Arraiz afronta desde hoy un juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

donostia- La inhabilitación del portavoz de EH Bildu y presidente de Sortu, Hasier Arraiz, vuelve a poner esta figura jurídica sobre la mesa semanas después de la última polémica. El fallo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio a conocer ayer en el marco del sumario 04/08, el del macrosumario de Segura, dejará a Arraiz fuera de la circulación institucional por un periodo de dos años. Se trata del mismo periodo que el de la prisión, aunque el presidente de Sortu evitará ingresar en prisión en virtud del artículo 579 bis 4 del Código Penal una vez reconoció los hechos, sin vinculación directa con la violencia.

Lo que el presidente de Sortu no podrá esquivar, tal y como pactó con su abogado, Iñigo Iruin, con el fiscal superior, Juan Calparsoro, es la “inhabilitación especial para cargo público de ámbito municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo”.

En el caso de Arraiz, y en contraste con la polémica de las últimas semanas en torno al secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, la inhabilitación especial ha quedado especificada a qué cargos públicos afecta.

Sin embargo, la sentencia del caso Bateragune, que mantuvo al candidato in péctorede EH Bildu a lehendakari seis años y medio en prisión, no. Si acudimos al fallo que fijó la condena final, el que emitió el Tribunal Supremo en 2012, remite a su vez a la sentencia original, la de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Un año antes, el tribunal presidido por Ángela Murillo decretó una “inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años”, lo que para diversos expertos valida la inhabilitación, pero la hace inaplicable en la práctica. Con motivo de la salida de prisión de Otegi, la Audiencia Nacional mantuvo en vigor la inhabilitación hasta 2021, si bien su defensa considera, como ya ocurrió con el parlamentario Iker Casanova, que podrá presentarse a las elecciones autonómicas de otoño.

arnaldo Otegi

Supremo (2012). “Mantenemos los pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia Nacional a excepción de la cuantía de la pena privativa de libertad (...) con la inhabilitación especial acordada por la Audiencia”.

Audiencia Nacional (2011). “Inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años”.

Hasier Arraiz

TSJPV (2016). “Se condena a como autor responsable de integración en organización o grupo terrorista, a una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo público de ámbito municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo por el tiempo de la condena”.


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