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Editorial

Una infección general

La declaración ante el juez del presunto cerebro de la ‘trama Púnica’ desvela la extensión de la corrupción en las estructuras del PP, en las que se repiten idénticas formas de actuar delictivas o éticamente deplorables

Miércoles, 18 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

La filtración de las declaraciones de David Marjaliza, presunto cerebro de la conocida como trama Púnica, ante el juez Eloy Velasco, encargado de investigar a más de medio centenar de detenidos a los que se acusa de amañar adjudicaciones en servicios públicos por valor de 250 millones de euros en municipios de la Comunidad de Madrid, desvelan hasta qué punto y con qué extensión la corrupción ha venido infectando las estructuras de un Partido Popular en el que se reiteran formas de actuar delictivas y/o éticamente deplorables. De hecho la trama Púnica, cuyo principal imputado y hoy en prisión es Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid durante siete años (2004-2011), además de senador, consejero del Gobierno madrileño o alcalde de Valdemoro, es una reiteración de actitudes ya conocidas en la trama valenciana, que tiene más de 130 imputados y amenaza a la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá;o en la de Gürtel, que salpica a la mayor parte de los líderes del partido, incluido el propio presidente del PP, Mariano Rajoy. Basta un dato para comprender el alcance de esa infección en el seno el PP: doce de los quince componentes del Gobierno Aznar en 2002 han sido imputados, detenidos o acusados de recibir sobresueldos ilegales. En el caso de la trama Púnica, basta también con repasar los municipios en los que llegó a actuar: Parla, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles, Alcorcón, Torrejón de Velasco... sin olvidar su ramificación a la Diputación de León. Ahora bien, que en la mayor parte de esas tramas y casos -se han producido cerca de 60 investigaciones distintas a políticos del PP en diferentes instituciones públicas- se haya desarrollado un modus operandi similar con el que los políticos y cargos públicos de ese partido han utilizado su posición y las adjudicaciones de servicios, contratos o la recalificación de terrenos para obtener beneficios económicos que mezclan el interés particular con el pago de gastos -electorales, de sedes o de funcionamiento- del PP;lleva a sospechar que lo primero es consecuencia de lo segundo. Es decir, que la fase del enriquecimiento personal surge a raíz de la impunidad con que el entramado de financiación de actividades había venido funcionando durante años hasta causar una infección general en todos los niveles y escalas del Partido Popular, al que solo la separación del poder podrá regenerar.


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