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Los ministros y exalcaldes, primero

En el sálvese quien pueda que es ya el PP desde que Rajoy dijo aquello de que “ya no se pasa una más”, Alonso y Maroto reciben trato especial a costa de cargar contra el Tribunal de Cuentas

Iñaki González - Martes, 17 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

Se cuenta que el pasado viernes, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a los exalcaldes de Gasteiz Alfonso Alonso y Javier Maroto por la contratación de locales en el llamado caso San Antonio, salió de la sede central del PP en Génova un mensaje por whatsapp en el que se pedía a los cargos y militantes una movilización a través de las redes sociales para salvaguardar el buen nombre de ambos. Que taparan la boca a quienes hicieran altavoz del asunto, vamos.

Alonso y Maroto son de lo poco que le quedaba a Mariano Rajoy para exhibir en medio del sálvese quien pueda en el que se ha convertido el PP con el desplome de la acumulación de sumarios por presunta corrupción sobre su cabeza. Desde que el presidente del partido dijo aquello de que ya no pasaba una más hay quien se pregunta cuántas se habrían pasado antes y por qué. La sentencia del Tribunal de Cuentas es dolorosa porque deja a los dos corceles blancos que podían tirar del carro de la imagen del partido en la tesitura de quedar como torpes o prevaricadores. Presuntamente, claro. Si atendemos a la sentencia que les condena a compensar a los gasteiztarras por el sobrecoste padecido, su gestión del capital público ha sido de una incapacidad supina. Por no atender a las valoraciones económicas de los técnicos y por suscribir un contrato en condiciones “lesivas para el patrimonio público”. Una mala gestión del interés general no es el mejor currículo para desempeñar otro cargo público, pero sin duda es mejor relato que el de concluir que ambos supieran y aceptaran que estaban pagando en exceso con dinero de todos a un particular. Por vaya usted a saber qué razón.

En honor a la verdad, Maroto y Alonso no han sido condenados por corrupción en un tribunal penal. Pero sí parecen ser prioritarios en la lista de acceso a los botes salvavidas de la calle Génova. Los ministros y exalcaldes, primero. A costa de cosas que deberían no tocarse. Como, por ejemplo, la propia estructura institucional de la democracia. A estas alturas de la película, suena muy malamente argumentar, como hizo el viernes el PP, que a la presidenta del Tribunal de Cuentas de España la nombró el PSOE, o recordaran ayer que fue propuesta por IU. Aquí tuvimos a uno nombrado a instancias del PP que, mientras ejercía, se pasaba señas con el delegado del Gobierno. El procedimiento es así. Si no gusta, se cambia democráticamente. Si no garantiza la independencia de sus responsables, se revisa hasta sus cimientos. Hágase, pero no para salvar a un activo electoral en tiempos de zozobra. Y, ya puestos, a la misma batidora con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Supremo y todos aquellos órganos cuya independencia no debería ser convenida con el poder.


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