Diario de GipuzkoaDiario de Noticias de Gipuzkoa. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa
Gizartea

La vida por la Tierra

Activistas de todo el mundo están muriendo en cantidades nunca vistas por defender su tierra y proteger el medio ambiente entre un océano de impunidad. Tres cuartas partes de los asesinatos tienen lugar en Latinoamérica.

Un reportaje de Marta Martínez - Lunes, 16 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:15h

Protesta contra la tala de árboles en la Amazonía brasileña.Foto: DEIA

Protesta contra la tala de árboles en la Amazonía brasileña.Foto: DEIA

Galería Noticia

Protesta contra la tala de árboles en la Amazonía brasileña.Foto: DEIALa hondureña Berta Cáceres, que fue asesinada el 3 de marzo.

Nelson Noé García fue asesinado el pasado 15 de marzo en el departamento Cortés, Honduras. Recibió cuatro disparos en el rostro cuando regresaba a casa tras acompañar y auxiliar a pobladores de una comunidad de Río Chiquito a los que las fuerzas de seguridad estatales habían desalojado de sus tierras. Dos meses después, su caso ha caído en el olvido. Como el de otros cientos de activistas asesinados en la última década por defender el medio ambiente: desde 2002, se han documentado alrededor de 1.100 en todo el mundo. Puede que su historia ni siquiera llegara a ocupar titulares en la prensa internacional si su muerte no hubiera ocurrido apenas una semana después que la de su compañera Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), líder de la comunidad indígena lenca y defensora de los derechos humanos de reconocimiento internacional -fue Premio Goldman, el nobel verde, en 2015-.

Activistas de todo el mundo están muriendo en cantidades nunca vistas por defender su tierra y proteger el medio ambiente frente al aumento de la competencia por los recursos naturales. Según la ONG internacional Global Witness, al menos 80 activistas medioambientales fueron asesinados en 2015;el año anterior la cifra ascendió a 116. La mayoría de los casos permanecen impunes. “La tendencia de los últimos años es creciente, pero esto es solo un pequeño reflejo, los casos conocidos, gente que está inserta en organizaciones. Hay otros casos de los que no nos enteramos”, señala Mario Rodríguez, director de Greenpeace en el Estado. “Hay centenares de personas desconocidas, líderes indígenas, líderes de comunidades religiosas, ciudadanos anónimos que mueren en las cunetas de los caminos constantemente en multitud de países”, añade.

Tres cuartas partes de los asesinatos ocurrieron en Centroamérica y Sudamérica. Brasil y Colombia encabezan la lista de países;sin embargo, Honduras es el que registra el mayor número de muertes per cápita. “Nos han matado a cinco compañeros”, se lamenta desde Tegucigalpa Francisco Javier Sánchez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad Lenca de Río Blanco y miembro del COPINH. Integrantes de la organización de Berta Cáceres han viajado esta semana a la capital hondureña para exigir justicia por su asesinato. El pasado fin de semana comenzó el juicio a los cuatro detenidos por su muerte, ocurrida el pasado 3 de marzo. Sin embargo, sus compañeros exigen saber “quiénes ordenaron su asesinato”.

Los detenidos y acusados por la muerte de Berta Cáceres son dos militares -un mayor activo del Ejército hondureño y un oficial retirado que actuó como sicario- y dos empleados de Desarrollos Energéticos (DESA), empresa hondureña responsable del proyecto hidráulico al que se oponía la activista -un directivo y un exjefe de seguridad-. “Detuvieron a los que siempre Berta denunció. Autores materiales, pero no son los autores intelectuales. Se habla de cifras de dinero que se pagaron para el asesinato de Berta -22.000 dólares-, pero la pregunta es ¿quién pagó?”, cuestiona Tomás Gómez, nuevo coordinador del COPINH. “Nuestro temor es que no se resuelva el caso”, sostiene.

Tanto Tomás Gómez como Francisco Javier Martínez conocen bien la persecución, intimidación, amenazas y agresiones que sufren los defensores del medio ambiente. Las han sufrido en su propia piel. “Hay un plan de exterminio del COPINH asesinando a los líderes indígenas. Cuando vinimos a Tegucigalpa, unos militares en carros particulares nos dieron persecución y casi tiran nuestro auto al barranco. Hay una campaña publicitaria para difamarnos, por un lado, y persecución a través del ejército”, denuncia Gómez. Durante la manifestación que realizaron el pasado lunes frente a la Casa Presidencial, varios activistas fueron golpeados por policías y militares que trataban de disolver la protesta. “Me golpearon por todo el cuerpo, la cabeza también”, sostiene Martínez.

Este líder indígena lenca asegura que dos de los detenidos, Sergio Ramón Rodríguez y Douglas Geovanny Bustillo, empleados de DESA, eran conocidos entre los defensores del Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia, amenazado por la represa. “Los conocemos bien. Nos amenazaron”, afirma. Berta denunció públicamente amenazas de muerte y acoso sexual. También presentó varias denuncias contra estos dos detenidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió protección para ella. La solicitud cayó en saco roto.

LogrosLa incansable lucha de Berta Cáceres por la defensa de la tierra del pueblo lenca consiguió que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa. Tras su muerte, dio el mismo paso el Banco de Desarrollo Holandés. Por su parte, gracias a la presión de familiares y compañeros de Berta Cáceres que recientemente visitaron Alemania, Siemens anunció que ya no suministrará turbinas hidroeléctricas a la represa.

“Se han retirado a un coste muy alto, que es la muerte de Berta y de otros compañeros”, valora el director de Greenpeace. Rodríguez asegura que las agresiones a los activistas suelen ser responsabilidad de las empresas locales, toleradas a su vez por los gobiernos de la zona. “Las organizaciones se enfrentan a poderes, sobre todo económicos, pero también políticos, en esa línea tan fina de corrupción que vincula a unos y a otros”, sostiene.

Para el director de Greenpeace, el caso de Berta Cáceres guarda muchas similitudes con el de Chico Mendes, recolector de caucho asesinado en Brasil en 1988. “También lo asesinaron en su casa. Al cabo de un tiempo localizaron a los supuestos autores materiales;uno escapó, al otro lo cogieron, pero el autor intelectual, el que mandó a esos sicarios, nunca se supo quién fue”, recuerda. Sobre el esclarecimiento del caso de la activista hondureña, Rodríguez desea que “haya justicia”, pero es escéptico. “Un indicador de que Honduras no está dispuesto a permitir esta impunidad sería parar el proyecto”, concluye.

Otras formas de intimidaciónLos asesinatos son el extremo más cruel de las agresiones e intimidaciones que sufren los defensores del medio ambiente y la tierra. Sin embargo, existen otras formas como amenazas y agresiones físicas, la criminalización y la restricción de sus libertades. “Tratar de criminalizar la protesta pacífica es un objetivo fundamentalmente de gobiernos”, sostiene Rodríguez. Precisamente, esta semana, Amnistía Internacional declaraba preso de conciencia a Ildefonso Zamora, un activista mexicano contra la tala de árboles, encarcelado y acusado de participar en un robo en 2012.

“Cuando nosotros hicimos la campaña en Rusia, los tripulantes del Arctic Sunrise estuvieron cinco meses en la cárcel;si no llega a haber presión internacional, les juzgan y les pasa como a las Pussy Riot. No todos los activistas tienen el apoyo de una organización grande como la nuestra. Hay gente que ha acabado muchísimos años en la cárcel por defender el medio ambiente”, sostiene.

“Es una forma de intimidación de bajo perfil, porque se supone que está bajo el paraguas del estado de derecho, que tienes un juicio justo, pero en el fondo lo que están haciendo es tratar de intimidar, de introducir miedo a quienes protestan”, agrega.

Rodríguez asegura que el Estado español no es ajeno a estas prácticas y que “ha habido un endurecimiento drástico con la Ley Mordaza”. Y pone un ejemplo: en los 15 años de lucha contra el hotel El Algarrobico, 500 activistas de Greenpeace han pasado por los tribunales. “Multas de 50.000 euros o demandas de multas de 300.000 las hemos tenido muy habitualmente, y eso es una forma de intimidar”.


COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.
  • Avda. Tolosa 23 20018 Donostia
  • Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902