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a la Guardia civil

El Fiscal afirma que, cuando Arraiz instó a dar 'jaque mate' a la Guardia civil, ETA había cesado en su actividad

Destaca que Sortu, partido que preside, "rechaza expresamente" la violencia, y en concreto, "el terrorismo de ETA"

EUROPA PRESS - Lunes, 16 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 19:28h

Hasier Arraiz.

Hasier Arraiz. (Oskar González)

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Hasier Arraiz.

Bilbao. El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, destaca que, cuando el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, afirmó que había que dar "jaque mate" a la Guardia Civil, ETA había cesado definitivamente en su actividad terrorista hacía tres años y tres meses. Además, destaca que el partido que preside Arraiz, en sus estatutos, "rechaza expresamente el terrorismo" de la banda.

El TSJPV había dado traslado a las partes para que solicitaran la apertura de juicio oral o reclamaran el sobreseimiento la causa que se abrió tras admitirse la querella de Dignidad y Justicia contra Arraiz por supuestas injurias graves contra las Fuerzas de Seguridad del Estado por las declaraciones que el representante de la izquierda abertzale realizó en una rueda de prensa celebrada el 12 de enero de 2015.

En el escrito del ministerio público, en el que pide al TSJPV el sobreseimiento de la causa, éste considera que el parlamentario de EH Bildu no ha incurrido en delito y estima que las palabras del encausado "están amparadas en los derechos a la libertad de expresión e información", reconocidos en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Constitución.

Además, recuerda que el presidente de Sortu explicó, en su declaración en el Tribunal Superior, que usó "una metáfora" para pedir que el instituto armado abandone Euskadi, basándose en la denominación de dos operativos desarrollados por la Guardia Civil contra el entramado de presos de ETA, que llevaron nombres de 'Operación Jaque' y 'Operación Mate'. Además, señaló que se trataba de una "reivindicación de su partido político que la Guardia Civil no intervenga y se vaya de Euskal Herria".

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía recuerda que "la expresión 'jaque mate' se refiere una jugada de ajedrez y en sentido literal significa ganarle una partida de ajedrez a la Guardia Civil".

El ministerio público destaca que él "está sujeto, en todo caso, a los principios de legalidad y de imparcialidad" previstos en la Constitución y no le coresponde "discutir los argumentos políticos de los parlamentarios ni calificarlos políticamente".

Asimismo, recuerda el contenido de los estatutos de Sortu, que establecen que esta formación "desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas".

También subraya que este partido mostró su "rechazo a quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos", y a cualquier "clase de connivencia política y organizativa con la violencia, con las formaciones y los instrumentos políticos que han sido legalizados por razón de esa connivencia, así como cualquier manifestación de ese fenómeno terrorista".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El Fiscal destaca que el Tribunal Constitucional estima que, en la interpretación de los tipos penales en los que se halla implicado el ejercicio de la libertad de expresión, se impone "la necesidad de que se deje un amplio espacio, es decir, un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor".

Además, manifiesta que el Tribunal Supremo remarca "el papel decisivo de la libertad de expresión, sin cuya reforzada vigencia se desmorona el Estado de Derecho".

Asimismo, alude al caso del abogado y senador Miguel Castells, que fue condenado por el Tribunal Supremo en octubre de 1983 a una pena de año y un día de prisión por injurias al Gobierno, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1992 declaró que el Estado Español, con la condena penal, había violado el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El TEDH aseguró que las declaraciones realizadas por éste en un periódico se enmarcaban en "la libertad de expresión, preciosa para cualquier persona", y particularmente "para un elegido del pueblo, que representa a sus electores, expone sus preocupaciones y defiende sus intereses".

Castells había afirmado que "detrás de los múltiples asesinatos de vascos solo puede estar el Gobierno, el partido del gobierno y sus efectivos", y acusó al Ejecutivo de usar como "instrumento político la caza expeditiva y la eliminación física del disidente vasco".

Juan Calparsoro destaca que, cuando el senador escribió este artículo, en junio de 1979, "la organización terrorista ETA asesinaba masivamente, y entre ellos, a políticos de UCD". "Cuando el Tribunal Europeo dictó su sentencia, la organización terrorista ETA asesinaba, secuestraba, extorsionaba masivamente", añade.

En cambio, asegura que, cuando Asier Arraiz realizó las declaraciones por las que se querelló Dignidad y Justicia "habían pasado tres años y tres meses desde que la organización terrorista ETA cesó definitivamente su actividad terrorista, y el parlamentario querellado preside un partido político cuyos estatutos rechazan expresamente el terrorismo de ETA". Además, asevera que "el pluralismo político es uno de los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico español".

El ministerio público manifiesta, asimismo, que el Tribunal Europeo señala que la libertad de expresión "constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales para su progreso", y que "esta libertad es aplicable, no solamente a las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que resultan opuestas, lastiman o inquietan".

QUERELLA CONTRA ALBERTO GARZÓN
Calparsoro también recuerda que el TS inadmitió la querella contra el diputado de IU Alberto Garzón por haber manifestado, en un acto del partido, que el Gobierno, "mientras mandaba a la Guardia Civil asesinar inmigrantes en la valla de Melilla", aprobaba "una Ley que otorgaba permiso de residencia para extranjeros que comprasen viviendas de más de medio millón de euros".

En este sentido, añade que el TS apuntó que "no puede olvidarse que las libertades del artículo 20 de la Constitución, no solo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales". 


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