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Un modelo vasco de consenso del que España puede aprender

Mientras se encaran unas elecciones generales que son fruto del fracaso de los cuatro partidos estatales que deberían haberlas evitado, el próximo sábado, 21 de mayo, se cumple el tercer aniversario de la iniciativa del lehendakari Urkullu que permitió desencallar la legislatura vasca por la vía del acuerdo entre diferentes

análisis de Iñaki González - Domingo, 15 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:13h

Ee Euskadi, en toda nuestra vida democrática hemos sido capaces de dialogar, de negociar, de pactar;y sabemos de ese valor. En España, cuando ha hecho falta, no hemos sido capaces”. La cita es reciente. En las palabras referidas a Euskadi podrían reconocerse los partidos vascos que han vivido esa experiencia, desde el PNV al PP, pasando por el PSE o la izquierda abertzale. En un momento u otro, todos han participado de esa dinámica en alguna medida.

Es la segunda parte la que revela que esa visión procede de alguien que ha sufrido en carne propia el fracaso de la legislatura más breve de la historia de la democracia española. Como no es ningún secreto, es momento de recordar que la reflexión la hizo esta semana el presidente del Congreso, el socialista vasco Patxi López, a preguntas de la periodista Aintzane Bolinaga en ETB. López resume un escenario en el que la pugna a cuatro entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos no ha conducido a la consolidación o la alternativa sino a la pura ingobernabilidad. Y la comparación con Euskadi le resulta inevitable por propia experiencia.

El 21 de mayo de 2013, López acudía, en calidad de secretario general del PSE, a una reunión convocada por el lehendakari Iñigo Urkullu con todos los partidos representados en el Parlamento Vasco. La legislatura vasca iniciada meses atrás corría el riesgo objetivo de ser fallida. Urkullu lideraba un gobierno en minoría al que acababan de bloquearle sus primeros presupuestos y la prioridad de toda la oposición era mostrar al PNV su debilidad parlamentaria.

Las comparaciones son odiosas pero Urkullu pudo dejarse llevar por el mismo bucle de agravios y reproches que han marcado la decepcionante experiencia española después del 20-D. Lamentar y reprochar la negación del pan y la sal de la que era objeto y la dificultad de hallar aliados en cualquiera de los tres ejes que había presentado como prioridades de su mandato: recuperación económica, autogobierno y convivencia. No lo hizo.

Un atasco monumental en un momento en el que los retos económicos y sociales del país vivían su punto álgido en materia de necesidades asistenciales, mantenimiento del sistema de bienestar, gestión de la deuda, crisis económica y tasa de desempleo. Con el añadido que recibió este gobierno con un exigente programa de contención del gasto impuesto desde Bruselas y asumido por vía de reforma Constitucional pactada entre PP y PSOE y materializada año y medio antes. Sacralizando el pago de la deuda y, en consecuencia, el ajuste del déficit por encima de las necesidades sociales.


Un modelo de referencia

El 24 de abril, el lehendakari convocó un Consejo de Gobierno extraordinario para el día siguiente en el que se retiró el proyecto de Presupuestos ante la imposibilidad de sacarlo adelante. Dos semanas después, volvía a mover ficha para enderezar el rumbo de la legislatura. Fue un movimiento sorprendente, que probablemente nadie interpretó en aquel momento en el calado que llegaría a tener. Urkullu convocó a los partidos vascos a una reunión conjunta en la que puso sobre la mesa cinco ejes básicos sobre los que asentar un consenso transversal que permitiera que la legislatura no fuera terreno baldío.

A aquella reunión entraron los partidos llenos de dudas, escépticos sobre su utilidad y más forzados por la obligación de no dar imagen de negación del diálogo que por convicción de que aquel fuera a ser terreno fértil. De hecho, su valoración al día siguiente estuvo marcada por el mismo tono de presión al Ejecutivo y la prioridad de hacer oposición. “Ni la disposición, ni las condiciones de los socialistas para llegar a acuerdos han cambiado un ápice”, aseguró López. Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP vasco, acusaba a Urkullu de generar “incertidumbre, inestabilidad y desconfianza”. Y, frente a la valoración positiva del encuentro que llegaba del PNV y de Lehendakaritza, EH Bildu sostenía, por boca del ahora candidato al Congreso Oskar Matute, que “no podemos sumarnos a ese coro de falso optimismo”.

No obstante, las siguientes semanas darían y quitarían razones. Con la mirada puesta en el presente, y puestos a obtener conclusiones de la legislatura vasca que se cierra tras el verano, cualquiera puede ver el desarrollo de las cinco propuestas de consenso que llevó el lehendakari a la mesa: reforma fiscal, lucha contra el fraude, reactivación económica y empleo, políticas públicas y sociales y modelo institucional.

No hubo aquel 21 de mayo de hace tres años ningún reparto de sillas sobre la mesa de partidos. No hubo ninguna línea roja a priori ni ningún precio ni ningún veto para el consenso. Cada partido, dentro de sus posibilidades, jugó las cartas de un necesario compromiso político con la sociedad vasca. Un modelo de referencia que supone todo lo que los cuatro grandes protagonistas del fiasco español han sido incapaces de asumir. Un modelo que debería estar en la mente de todos ellos para después del 26 de junio.


Acuerdos materializados

De aquellos cinco ejes propuestos por Iñigo Urkullu llegaron en los meses posteriores acuerdos sustanciales. Surgió en septiembre de 2013 una reforma fiscal y un programa de lucha contra el fraude como bases de un acuerdo entre PNV y PSE de reactivación económica y sostenibilidad del modelo social de bienestar. Un acuerdo que garantizó el respaldo a un modelo compartido de estructura presupuestaria con el que se ha desarrollado la acción del Gobierno vasco en la presente legislatura. Sin que ello haya impedido al PSE seguir haciendo oposición ni a la formación jeltzale buscar y obtener consensos con otras fuerzas en otros ámbitos de la política. Ni que el PP se adhiriera al mismo con posterioridad.

Tres semanas después de ese acuerdo, se complementaba con otro, interinstitucional, que garantizó la estabilidad presupuestaria en el ejercicio siguiente y del que fueron partícipes el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales: la de Bizkaia, gobernada por el PNV;la de Araba, por el PP;la de Gipuzkoa, por Bildu. Todos los asistentes a aquella mesa un 21 de mayo en Gasteiz -a excepción de UPyD, cuyo modelo de hacer política se ha revelado ajeno a las claves de aquel consenso- adquirieron un compromiso en al menos uno de los aspectos allí presentados.

La vigencia de aquella iniciativa se ha podido constatar en el escenario de diálogo, desde las diferencias pero también desde el compromiso, que sirvió para dar un volantazo al rumbo de la legislatura. Hasta el final de la misma, como acredita el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre la Ley Municipal, que asienta el entramado institucional vasco, o el consenso pleno refrendado por todos los partidos en el recién reformado órgano ejecutivo de la Asociación de Municipios Vascos -Eudel- que por primera vez comparten todos los partidos con representación municipal.

La legislatura vasca se completará a vuelta de verano con un último compromiso cumplido: un calendario legislativo de 29 normas que han sido presentadas por el Ejecutivo de Urkullu. Con diferente suerte en su tramitación legislativa, pero puestas en manos del Parlamento Vasco para su desarrollo y eventual aprobación. Según quién lo analice puede parecer corto o poco ambicioso, pero nadie podrá negar que contiene hitos que nunca antes se habían alcanzado. El banderazo de salida fue un momento crítico en el que muy fácilmente se podría haber anticipado en Euskadi el mismo escenario que hemos visto representado durante los últimos meses en Madrid.

De modo que la perspectiva del tiempo y la experiencia adquirida dan más valor a aquella iniciativa y a sus protagonistas. Aunque de la foto de aquel día hayan desaparecido varios rostros de la política vasca, es de desear que quienes han relevado a Patxi López, Laura Mintegi y Arantza Quiroga sean capaces de reproducir cuando sea preciso la disposición al consenso propiciado por Iñigo Urkullu.

Ejes de la propuesta del lehendakari

Primer consenso: En materia de reforma fiscal

Reforma del IRPF con nuevos tramos de tarifa, incrementos de la de ahorro y límite de las deducciones con el objetivo de garantizar ingresos fiscales preservando la situación de las rentas más bajas.

Reforma del Impuesto de Sociedades fomentando la reinversión de beneficios en la actividad y limitando o eliminando la deducibilidad de ciertas prácticas (gastos de representación y relaciones públicas, mecenazgos, reservas, formación, contribuciones a sistemas de previsión, etc). Fomentando a la vez la implantación de microempresas mediante la reducción de costes fiscales.

Reformas de los Impuestos de sucesiones y donaciones con un tipo del 1,5% en donaciones en línea directa y exención en sucesión y del de Transmisiones Patrimoniales.

Nuevas figuras tributarias en materia de energía, premios de loterías o juego.


Segundo consenso: En materia de lucha contra el fraude

Endurecimiento del régimen sancionador y ampliación del plazo de prescripción del delito fiscal.

Refuerzo de los supuestos de responsabilidad solidaria y subsidiaria relativa a administradores y contribuyentes vinculados.

Mayores obligaciones de suministro de información fiscal.

Comisión de lucha contra el fraude en el marco de un plan integral, intercambio de información en tiempo real entre Haciendas y mayores recursos para la inspección.

Tercer consenso: En materia de reactivación económica y empleo

Fondo interinstitucional de reactivación económica para inversiones compartidas.

Fondo de innovación para nuevos proyectos estratégicos.

Fondo de solidaridad con el empleo para planes locales y comarcales, plan renove de construcción e inserción laboral de jóvenes.

Fondo de apoyo a emprendedores, a proyectos innovadores y fórmulas de microfinanciación.


Cuarto consenso: En materia de políticas públicas sociales

Plan de industrialización y competitividad con ayudas financieras a la inversión, reestructuración y relanzamiento de empresas industriales en crisis y préstamos participados con financiación del BEI.

Plan de apoyo a la actividad emprendedora mediante becas para jóvenes, plan de FP y ayudas a proyectos de jóvenes empresas industriales.

Plan estratégico de servicios sociales para la garantía de las políticas públicas de protección social, colaboración en el ámbito sociosanitario y garantía de financiación de servicios sociales.

Quinto Consenso: En materia de modelo institucional

Redimensionamiento del sector público mediante su reducción en un 25%, unificación de Industrialdeak por territorios y desinversión en proyectos ya consolidados.

Proyecto de Ley Municipal, recientemente aprobado.

Actualización de la arquitectura institucional.

Ponencia parlamentaria sobre autogobierno.


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