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La abogada del Estado dimite como asesora en el puerto de Pasaia

Alega que Peña “limita” su acceso a la información sobre las irregularidades en la lonja

Sábado, 14 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

Frenética actividad en la lonja de Pasaia, inaugurada en 2013.

Frenética actividad en la lonja de Pasaia, inaugurada en 2013. (Ruben Plaza)

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Frenética actividad en la lonja de Pasaia, inaugurada en 2013.

donostia- La abogada jefe del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, presentará su dimisión como asesora jurídica del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) debido a que su presidente, Ricardo Peña, “limita” su acceso a información sobre las irregularidades en la construcción de la lonja.

La abogada comunicó el jueves su decisión a todos los miembros del Consejo en un escrito remitido como respuesta a una comunicación anterior de Ricardo Peña en la que informaba de la contratación de una asesoría jurídica independiente para que se haga cargo de las actuaciones en el caso de las supuestas irregularidades y el sobrecoste de más de cinco millones en la construcción de la nueva lonja.

Según informaron fuentes del Consejo de Administración, Olona argumenta que no puede “velar adecuadamente por la legalidad” de las decisiones que adopte el Consejo. En su escrito, la abogada responsabiliza de esta situación a Peña, al que acusa de “limitar” su acceso “libre e inmediato” a “información relevante” de la que antes disponía.

La abogada desvincula su dimisión de la decisión de Peña de contratar una asesoría externa, una medida que no excluye el citado convenio, e incluso manifiesta su conformidad con el jurista elegido, Alejandro Hernández del Castillo, abogado del Estado en excedencia, miembro del Tribunal Arbitral de la Contratación Pública, del Comité de Arbitraje de la Construcción y de la Asociación Internacional del Derecho Portuario.

No obstante, la abogada del Estado realiza una serie de precisiones a los miembros del Consejo, al advertir de que las actuaciones realizadas hasta el momento respecto a la lonja se sitúan en dos planos distintos, ya que unas son responsabilidad exclusiva del presidente -como órgano de contratación único- y otras lo son del Consejo. Según Olona, en el contrato de servicios jurídicos con la asesoría externa “se entremezclan ambos planos y responsabilidades”, por lo que la ratificación de este acuerdo en el próximo Consejo de Administración debe limitarse sólo a los aspectos que inciden en su competencia.

Por otro lado, las citadas fuentes del Consejo indicaron que Peña ha transmitido a este órgano que está a punto de finalizar el expediente de responsabilidad patrimonial para delimitar la cantidad que se debe a la UTE que ejecutó trabajos sin cobertura presupuestaria y sin que se hubiera tramitado el proyecto complementario correspondiente.

El presidente asegura que el informe del interventor del Estado que sirvió de base para la denuncia ante la Fiscalía, “está siendo aclarado en todos sus aspectos” en la investigación interna que la Autoridad Portuaria puso en marcha con ayuda de una empresa de ingeniería y de una asesoría técnica.

Preguntada por la dimisión de Olona, la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Marisol Garmendia, dijo que no le compete a ella valorar esta decisión sobre la que no tiene “nada que decir”. Lo que sí aseguro es que la Diputación siempre ha exigido “luz y taquígrafos” y asunción de “responsabilidades” si se demuestran irregularidades en la construcción de la lonja de Pasaia. Garmendia, quien visitó diversas actuaciones urbanísticas en esta localidad guipuzcoana, se refirió, a preguntas de los periodistas, a la decisión de la Fiscalía de remitir una denuncia a un juzgado de Donostia para que investigue estas presuntas irregularidades y su posible encaje en al menos seis tipos penales. La diputada foral dijo que aún no tiene “conocimiento oficial” de esta noticia, pero requirió dejar claro que la Diputación, desde el primer momento, ha exigido total transparencia en este asunto.

“Hemos actuado, como el conjunto del Consejo de Administración, pidiendo responsabilidades a quien corresponda y no cerrando la puerta a que se acuda a los tribunales si hay indicio de delito”, subrayó y recordó, en este sentido, que “no solo la Diputación, sino el conjunto del Consejo de Administración, a instancias y siguiendo siempre las directrices de la abogada del Estado”, acordó encargar las auditorías pertinentes y adoptar conforme a sus resultados las decisiones oportunas sin descartarse incluso el “camino judicial”.

Garmendia destacó, asimismo, que desde el primer momento se han adoptado también “medidas disciplinarias” y solicitado “informes” que avalen las decisiones que haya que tomar cualquiera que sea su naturaleza, al tiempo que defendió la labor desarrollada por la institución foral en su papel de “salvaguarda de los intereses de la ciudadanía de Gipuzkoa”. Esta petición de responsabilidades por parte de la Diputación “consta en las actas” del Consejo de Administración del Puerto que, según recordó, está compuesto por una quincena de miembros.

comparecencia en juntasGarmendia anunció, además, que comparecerá el próximo día 25 de mayo en las Juntas Generales, a petición de EH Bildu, para explicar la actuación de la Diputación en este asunto en el que, según subrayó, “no tiene nada que ocultar”.

Para EH Bildu esto supone un retraso “inaceptable” ya que este grupo había pedido que Garmendia compareciera en la comisión celebrada ayer. En dicha reunión se aprobó, además, las comparecencias del presidente de la APP, Ricardo Peña, y de la abogada del Estado y de Macarena Olona. - Efe


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