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El Tribunal de Cuentas ve acreditado el perjuicio ocasionado

Alonso y Maroto, condenados a pagar 400.000 euros por el caso de los alquileres

El Tribunal de Cuentas ve acreditado el perjuicio ocasionado a Gasteiz y les ordena pagar junto a otros siete exediles

Axier Burdain - Sábado, 14 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

Javier Maroto y Alfonso Alonso deberán restituir de manera solidaria el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de Gasteiz.

Javier Maroto y Alfonso Alonso deberán restituir de manera solidaria el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de Gasteiz. (Foto: Efe)

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Javier Maroto y Alfonso Alonso deberán restituir de manera solidaria el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de Gasteiz.

gasteiz- Culpables. El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, el exalcalde de Gasteiz Javier Maroto y siete de los concejales del PP que integraban el gobierno municipal de la ciudad en 2007 han sido declarados responsables directos de que el Ayuntamiento sufriera un perjuicio económico de 393.862 euros al firmar el alquiler de las oficinas del número 10 de la calle San Antonio por un precio muy superior al de mercado y sometido a condiciones contrarias a los intereses del Consistorio. El Tribunal de Cuentas les condena a todos ellos a pagar, de forma solidaria, este dinero que representa el quebranto económico acumulado hasta finales de 2013, fecha en la que se modificó el contrato de arrendamiento. Los representantes populares ya han anunciado que presentarán recurso contra el fallo y han arremetido contra el Tribunal subrayando que quien firma la sentencia es “una consejera, no jueza, designada directamente por el PSOE a propuesta de IU”. La decisión llega a pocas semanas de la campaña de las generales del 26 de junio, donde ambos son candidatos en las planchas del PP. Son, además, dos rostros jóvenes llamados a liderar la renovación del partido en suelo vasco y estatal. Alonso ha llegado a sonar como sustituto de Rajoy.

El Tribunal considera probado que el grupo formado por Alfonso Alonso, Javier Maroto, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Marian Castellanos, Alfredo Iturricha e Idoia Garmendia actuó de manera “gravemente negligente” y causó una “lesión” en el patrimonio del Ayuntamiento cuando, a principios de 2007, firmó el contrato de alquiler de los locales propiedad del empresario Gonzalo Antón. Alonso era entonces el alcalde de la localidad, y Maroto era concejal de Hacienda. Con esta decisión, se estima parcialmente la demanda interpuesta por el actual gobierno municipal liderado por Gorka Urtaran. El fallo les obliga a restituir el dinero y al pago de los intereses devengados hasta la completa ejecución del dictamen.

Según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la empresa Sbayre S.A., de la cual Gonzalo Antón es administrador único, y el Ayuntamiento pactaron las rentas de manera que las de menor cuantía, correspondientes a 2007, se compensaban con otras posteriores. “El resultado económico de las modificaciones de la cuantía de la renta mensual más las actualizaciones de la misma y la duración del contrato aseguraban que la cantidad total resultante a percibir por la propiedad se aproximara a la demanda inicialmente realizada por la propietaria Sbayre de percibir al final del contrato un total de 6.161.773,35 euros”, señala.

El juicio que finalmente ha desembocado en esta sentencia arrancó el 11 de abril en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid. La Fiscalía no formuló demanda alguna al no considerar que existiera responsabilidad contable en el procedimiento de alquiler, apreciación que no fue compartida por el PNV ni por el PSE, que actuaron como acusación.

El Tribunal ha tenido muy en cuenta el informe que en 2007 elaboró la Unidad Técnica de Valoraciones del departamento municipal de Urbanismo, el cual recomendaba abonar un alquiler de 10.168 euros más IVA con una revisión anual del IPC más un porcentaje variable y los gastos de comunidad por cuenta del propietario. La Junta de Gobierno local desoyó sus indicaciones y acordó pagar una renta de 12.500 euros más IVA con revisión del IPC más puntos variables, gastos de comunidad, IBI, basuras y obras de adecuación por cuenta del arrendatario, y una cláusula que blindaba el acuerdo por espacio de 10 años. Es más, el contrato que se firmó finalmente elevó la duración del blindaje a 20 años de duración y dos años más tarde, en 2009, se agregó una cláusula por la cual el Ayuntamiento se comprometía correr con los gastos derivados de las obras de adecuación de los locales, montante que, sin IVA, ascendió a 1,2 millones.

Si bien el Tribunal de Cuentas admite que el informe de Urbanismo no era vinculante, explica que no existía justificación alguna para que los responsables municipales adoptaran decisiones contrarias a los intereses del Ayuntamiento “en beneficio de un tercero”. El documento viene a corroborar que el Ayuntamiento “no tenía necesidad concreta y justificada de alquilar los locales” y recuerda la existencia de correos electrónicos que prueban un acuerdo de alquiler entre el propietario y el Consistorio previo a la redacción del informe municipal. Además, señala en que el Ayuntamiento actuó de forma poco razonable al abonar durante 26 meses “una renta por unos locales que no podía ocupar ni utilizar hasta que se hicieran en ellos obras cuyo coste suponía un 50% del valor de adquisición”. Aunque en 2013 se suavizaron las condiciones del contrato, entiende que “no es sino la prueba irrefutable de lo desproporcionado que era el contrato hasta entonces” y matiza que “tampoco restableció el equilibrio”.

respuestaLos ahora condenados respondieron ayer indicando que el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y que la firmante de la sentencia es una “consejera, no jueza, designada directamente por el PSOE a propuesta de IU”. El PP de Araba anunció que recurrirá el dictamen por considerar que la responsabilidad contable no queda acreditada y recordó que no se trata de un caso penal. “No existe ningún tipo de corrupción y no hay responsabilidad penal”, aseguró.


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