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Macarena Olona

La abogada del Estado dimite como asesora del Consejo del Puerto de Pasaia

EFE - Viernes, 13 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 11:43h

DONOSTIA. La abogada jefe del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, presentará su dimisión como asesora jurídica del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) debido a que su presidente, Ricardo Peña, "limita" su acceso a información sobre las irregularidades en la construcción de la lonja.

Olona comunicó ayer su decisión a todos los miembros del Consejo en un escrito remitido como respuesta a una comunicación anterior de Ricardo Peña en la que informaba de la contratación de una asesoría jurídica independiente para que se haga cargo de las actuaciones en el caso de las supuestas irregularidades y el sobrecoste de más de cinco millones en la construcción de la nueva lonja.

Este caso, que fue denunciado ante la Fiscalía por la propia Olona, está ya en manos de un juzgado de Donostia, después de que el Ministerio Fiscal lo haya remitido para que investigue la posible comisión de seis delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y tráfico de influencias y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.

Según han informado a EFE fuentes del Consejo de Administración, Olona hizo saber ayer a todos los miembros de este órgano que al inicio de la próxima sesión de este órgano presentará su renuncia como asesora jurídica porque no puede "velar adecuadamente por la legalidad" de las decisiones que adopte el Consejo.

En su escrito, la abogada responsabiliza de esta situación a Peña, al que acusa de "limitar" su acceso "libre e inmediato" a "información relevante" de la que antes disponía.

Macarena Olona no seguirá siendo asesora jurídica del Consejo, una tarea que ejercía merced a un convenio entre la Autoridad Portuaria y la Abogacía General del Estado, pero sí continuará como vocal del máximo órgano de gobierno del puerto pasaitarra.

La abogada desvincula su dimisión de la decisión de Peña de contratar una asesoría externa, una medida que no excluye el citado convenio, e incluso manifiesta su conformidad con el jurista elegido, Alejandro Hernández del Castillo, abogado del Estado en excedencia, miembro del Tribunal Arbitral de la Contratación Pública, del Comité de Arbitraje de la Construcción y de la Asociación Internacional del Derecho Portuario.

No obstante, la abogada del Estado realiza una serie de precisiones a los miembros del Consejo, al advertir de que las actuaciones realizadas hasta el momento respecto a la lonja se sitúan en dos planos distintos, ya que unas son responsabilidad exclusiva del presidente -como órgano de contratación único- y otras lo son del Consejo.

Según Olona, en el contrato de servicios jurídicos con la asesoría externa "se entremezclan ambos planos y responsabilidades", por lo que la ratificación de este acuerdo en el próximo Consejo de Administración debe limitarse sólo a los aspectos que inciden en su ámbito de competencia.

Por otro lado, las citadas fuentes del Consejo han indicado que Peña ha transmitido a este órgano que está a punto de finalizar el expediente de responsabilidad patrimonial para delimitar la cantidad que se debe a la UTE que ejecutó trabajos sin cobertura presupuestaria y sin que se hubiera tramitado el proyecto complementario correspondiente.

El presidente asegura que el informe del interventor del Estado que sirvió de base para la denuncia ante la Fiscalía, "está siendo aclarado en todos sus aspectos" en la investigación interna que la Autoridad Portuaria puso en marcha con ayuda de una empresa de ingeniería y de una asesoría técnica.

Se trata de una labor de comprobación de precios, unidades y conceptos en la que colabora también Puertos del Estado.


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