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Editorial

Democracia entre interrogantes

La aplicación por el primer ministro francés, Manuel Valls, de un recurso constitucional para aprobar la reforma laboral a la que se opone la Asamblea Nacional plantea serias dudas de legitimidad y de calidad democrática

Jueves, 12 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:19h

El recurso de la utilización por el primer ministro, Manuel Valls, del artículo 49 de la Constitución francesa para sacar adelante sin el voto de la Asamblea Nacional la controvertida reforma laboral elaborada por la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, plantea serios interrogantes sobre la legitimidad del ejecutivo para legislar contra la voluntad mayoritaria del legislativo y, en su caso, sobre la calidad democrática de dicha decisión. Al respecto y ante la moción de censura a la que la aplicación de dicho mecanismo obliga hoy e independientemente del resultado de la misma, no es posible obviar que el art. 49 ha sido profusamente usado por los gobiernos minoritarios en el Estado francés y especialmente por los ejecutivos socialistas de Michel Rocard, Edith Cresson y Pierre Bérégovoy, que entre 1988 y 1993, antes de la denominada cohabitación con la derecha, lo emplearon en decenas de ocasiones sin que se cuestionara su carácter democrático. Ahora bien, el interrogante que se plantearía en esta ocasión es su uso para aprobar dos de las tres reformas legales con las que el Ejecutivo que preside François Hollande pretende hacer frente al estancamiento económico, al déficit superior al 4% y a una deuda pública del 95% del PIB, cuando contrarían el programa con que llegó al gobierno y son mayoritariamente contestadas por una sociedad francesa que ya sufre los efectos del Pacto de Responsabilidad -que recortará el gasto público en 50.000 millones en tres años y reduce de 22 a 13 del número de regiones- y de la Ley de Liberalización Económica o Ley Macron, que el ministro de Economía, Emmanuel Macron, sacó adelante el pasado año eludiendo también la oposición de la Asamblea Nacional mediante la aplicación del art. 49. O, dicho de otro modo, cuando el Gobierno legisla y gobierna no en virtud del programa que presentó a los ciudadanos en las elecciones y que le permitió alcanzar el poder sino con iniciativas contrarias o al menos contradictorias con el mismo y sin atenerse además a lo que la mayoría del Parlamento defiende, ¿se puede considerar que responde a los principios básicos de una democracia parlamentaria? Más aún, ¿quién decide las políticas que desarrolla y que ellas son las únicas posibles? ¿Y qué intereses impulsan estas? Es a todo eso, más que a la moción de censura, a lo que debe responder el Gobierno Valls... pero no solo el Gobierno Valls.


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