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Crímenes franquistas

Un juez abre la puerta a la exhumación de 238 guipuzcoanos que yacen en el Valle de los Caídos

El magistrado subraya el “derecho a una sepultura digna” y ordena en un auto que ya es firme sacar los restos de dos aragoneses fusilados en 1936
La plataforma vasca contra los crímenes franquistas considera “un resquicio interesante”

Jurdan Arretxe Miguel Cifuentes - Martes, 10 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:13h

  • El magistrado subraya el "derecho a una sepultura digna"
  • La plataforma vasca contra los crímenes franquistas considera el auto "un resquicio interesante"

donostia- “Un resquicio interesante”. Los familiares de los 238 enterrados en el Valle de los Caídos pueden acoger desde ayer con cierta esperanza la recuperación de los restos que se encuentran en la finca de Cuelgamuros después de que un juez haya ordenado exhumar los cadáveres de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en 1936 en Calatayud y trasladados a Madrid en 1959 sin aprobación de la familia. Se trata de la primera vez que se atiende a una solicitud de estas características en este enclave.

El titular del Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), José Manuel Delgado, ha estimado la petición de Purificación Lapeña, de 57 años y en litigios desde 2012, para poder identificar a su abuelo Manuel y su hermano, y en caso positivo, enterrarlos en su localidad natal. Los hermanos Lapeña Altabás yacen junto a otros 33.844 cadáveres. Solo hay certezas en la identificación de dos: José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco.

Al resto, entre los que se encuentran los 238 guipuzcoanos, 212 vizcainos, 616 alaveses y 7 navarros, se le abrió ayer “un resquicio interesante”, en palabras del portavoz de la plataforma vasca contra los crímenes franquistas, Josu Ibargutxi. El juez Delgado estima la reclamación civil para exhumar los restos depositados en los columbarios de la cripta principal de Cuelgamuros que van del 2.061 al 2.069, al creer que hay una “alta probabilidad” de hallar en este lugar los cuerpos de los aragoneses.

“La única forma de acreditarlo”, zanja el juez, es practicar la prueba del ADN y cotejarla con el de los familiares. En caso de que los indicadores resulten afirmativos , “se procederá a la entrega de los restos cadavéricos”. En un auto que es firme, el juez subraya cómo “el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció”.

Uno de los elementos significativos del caso de los fundadores de la CNT de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) es que la Fiscalía no se ha opuesto a la medida. Eso sí, el Ministerio Público solicita, frente a la versión de la familia y que el juez valida como “verosímil”, tener presentes las “dificultades” y la “insuficiencia de datos”, según informó la agencia Europa Press, ya que las autoridades franquistas trasladaron desde Calatayud casi un centenar de cadáveres sin identificar.

La pelea de la nieta y sobrina-nieta de los hermanos Lapeña Altabás se prolonga durante años. Primero fue la vía penal, cuando el 20 de noviembre de 2012 -aniversario de la muerte del dictador- presentó la demanda en la misma localidad madrileña. Esta puerta se cerró en Estrasburgo.

“La familia está bastante contenta, con muchos nervios por la noticia y esperando acontecimientos”, reconoció en la Cadena Ser el marido de Lapeña, Miguel Ángel Capapé. Según señaló, la noticia es una más en una búsqueda que comenzó en el barranco en el que fueron fusilados y en el cementerio de Calatayud: “Ha sido muy largo que se nos ha hecho aún más porque se nos han ido cerrando todas las puertas hasta llegar a este momento”.

La decisión del juez Delgado llega después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cerrara la vía penal al desestimar la reclamación de la familia por no poder enjuiciar al culpable, aunque el fiscal del Tribunal Constitucional que vio el caso, Manuel Miranda, compartió la solicitud, aunque al final desistiera.

Ahora es la vía civil -en la que el Ministerio de Justicia ha intentado derogar el procedimiento, según dijo el abogado de la familia, Eduardo Ranz- la que abre la puerta a exhumar los restos no solo de estos dos hermanos aragoneses, sino de aquellos cuyas familias reclamen su recuperación y logren el posterior aval judicial.


Enviados a la fuerza Entre los más de 33.000 cadáveres que yacen en el Valle de los Caídos -de los cerca de 120.000 desaparecidos en las fosas y en las cunetas de la Guerra Civil, la posguerra y la dictadura-, cerca de 1.000 son vascos: 238 trasladados desde Gipuzkoa, 212 desde Bizkaia, 616 desde Araba y 138 desde Navarra, aunque 131 fueron devueltos a la capital foral, al Monumento a los Caídos.

Como muchas familias del bando vencedor se negaban a enviar los restos a San Lorenzo del Escorial, el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, ordenó en octubre de 1958 a los gobernadores civiles realizar un mapa de fosas comunes e informar de restos que pudieran ser trasladados a Madrid, sin considerar ya a qué bando pertenecían. De los casi 34.000 cuerpos se desconoce la identidad de unas 20.000 y de ellas, el 40% podría pertenecer al bando republicano, trasladados sin el visto bueno de las familias.

Sin necesidad de que todos fueran guipuzcoanos, las autoridades franquistas enviaron desde el territorio histórico 238 cadáveres, todos varones y de los que 11 siguen sin identificar. El primer envío, con 16 cuerpos de Donostia, Tolosa, Irun, Oiartzun, Elgoibar, Orio, Beasain y Eskoriatza, se realizó en marzo de 1959. En julio de 1962 fueron llevados a San Lorenzo de El Escorial 102 cadáveres, mientras que en mayo de 1963 se enviaron los restos de las últimas 120 personas.


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