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Tribuna abierta

España, igual a desigualdad

Por Emilio Olaberria - Domingo, 8 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:14h

Imagen de archivo de una mujer pidiendo una ayuda económica para poder sacar adelante a su familia.

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Imagen de archivo de una mujer pidiendo una ayuda económica para poder sacar adelante a su familia.

Causa perplejidad que un valor constitucional inspirador del ordenamiento jurídico como la igualdad sea ignorada por los que se dicen constitucionalistas e invocan la norma de modo tan enfático en otras materias.

La Constitución, en su artículo primero, establece los valores superiores del ordenamiento jurídico e incluye entre los mismos la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Se observa con perplejidad que un valor inspirador del ordenamiento jurídico como la igualdad se concrete en situaciones como las siguientes: España es el país de la OCDE donde más crece la desigualdad, con la excepción de Chipre;España es el país donde más crece la desigualdad en el seno de la Unión Europea, tal como se acredita en el informe enviado por la misma al Reino de España con fecha de 26 de febrero de 2016;y España es el país donde más crece la desigualdad entre los que conforman el Consejo de Europa, tal como se advierte por el Comité Europeo de Derechos Sociales en sus conclusiones de 20 de marzo de 2014. ¿Dónde está esa nutrida nómina de constitucionalistas españoles que invocan el cumplimiento de la Constitución de forma tan enfática, no en esta materia sino en otras normalmente atinentes a la configuración territorial del Estado?

El Estado español es el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad infantil, según asegura el Comité de Políticas de Infancia de Unicef. El Estado español es el sexto país con más desigualdad infantil de la OCDE. Más de un tercio de los niños españoles viven en riesgo de pobreza o exclusión social, con el agravante de que es el Estado de la UE que menos porcentaje de prestaciones familiares destina a prestaciones monetarias para familias e infancia, menos de un tercio de la media europea. Parafraseando a Unicef, en el Estado español la desigualdad tiene rostro de niño.

En relación a las retribuciones de carácter salarial, la brecha entre hombres y mujeres se sitúa en el Estado español en el 24%, es la más alta de los últimos seis años y exige que una mujer tenga que trabajar 88 días más que un hombre para obtener el mismo salario. Este problema no es exclusivo del Estado español, pero la brecha salarial media en la UE es del 16%. Por sectores, las mayores brechas salariales entre hombres y mujeres se dan en el sector servicios, con un 35,19%;en las actividades administrativas, un 33%;en la ciencia, con el 30,73%, y en el sector sanitario, 29,48%. El 80% de los trabajadores de categorías no cualificadas son mujeres y en puestos directivos el número de mujeres apenas supera el 19%.

En el primer párrafo se ha citado la admonición de la Comisión Europea con fecha de 26 de febrero de 2016 en relación al crecimiento de la desigualdad en los últimos años en el Estado español. Las advertencias son particularmente intensas en los siguientes ámbitos: abandono escolar y carencias educativas;merma de la capacidad del mercado laboral para ofrecer oportunidades a los titulados universitarios;incremento de la pobreza medido por Eurostat o por el índice At Risk of Poverty and Social Exclusion, que identifican un porcentaje total de personas en situación de pobreza o exclusión social del 30%;limitación del crecimiento del gasto farmacéutico y asistencia sanitaria;crecimiento salarial no fundado en el crecimiento de los precios nacionales, el desempleo y la productividad, es decir, una deflación salarial del 21%.

Otras de las advertencias de la Comisión Europea son particularmente lacerantes: la intensa situación de pobreza y exclusión social de los migrantes y de las personas con discapacidad (la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es del 37,1%, 17 puntos porcentuales por encima de la media de la UE);la inexistente ayuda personalizada para los desempleados de larga duración y la cronificación del desempleo de este colectivo que les terminará convirtiendo en jubilados sin pensión.

No son menos graves: la falta de servicios de guardería y de otras medidas de guarda o protección infantil, que ha provocado que el 30% de las madres no trabaje pudiendo hacerlo o haya optado por un trabajo a tiempo parcial al que curiosamente la reforma laboral de 2012 incorpora la posibilidad de tener que realizar horas extraordinarias;la prestación de cuidados de larga duración agravada por el envejecimiento de la población coloca en este ámbito a las mujeres en una situación desfavorable (las mujeres representan aproximadamente el 83% de las cuidadoras no profesionales con una dedicación estimada de 20 horas semanales ante la irreversible decadencia de la Ley de Dependencia). Y la proporción de mujeres que perciben una pensión es 26,3 puntos porcentuales más baja que la de los hombres. Por otra parte, el impacto social de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios sigue siendo fuerte y significativo y, a pesar de las medidas adoptadas con la pretensión de atenuar esta patología social, los datos del Banco de España acreditan que los desahucios han crecido un 0,6% en el último año.

Con todo ello, la evaluación hecha por la Comisión del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social sigue siendo precaria dada la incertidumbre de los recursos financieros asignados al mismo y la falta de objetivos cuantificados, que constituye un obstáculo para una evaluación de impacto a través de medidas contrafactuales. Y la pobreza energética sigue creciendo y el último año es el que representa una mayor proporción de hogares afectados: el 12% del total.

Todo lo anterior no está desconectado del gran fracaso de la anterior legislatura: la creación neta de empleo. Si comparamos la última EPA del año 2011 con la última EPA del año 2016, la diferencia entre el número de trabajadores consignados por la misma es de 200.000 más en la de 2016 (alguien nos debería explicar qué algoritmos utiliza el Partido Popular para afirmar que se han llegado a crear dos millones de empleos). El desempleo no afecta de forma homogénea a toda la población: el 50% de los jóvenes demandantes de primer empleo está en una situación de desempleo próxima a la cronificación;los desempleados mayores de 45 años son ya considerados como un colectivo de difícil empleabilidad (no es necesario glosar lo que significa esta expresión);de los nuevos empleos creados, solo el 10% no tiene carácter temporal y la reforma laboral del año 2012 posibilita concertar empleos de un día de duración, de una semana de duración, de un mes de duración, contratos a tiempo parcial a los que se les incorporan horas extraordinarias, contratos formativos fraudulentos puesto que no forman a los jóvenes sino que se les asignan las funciones ordinarias de la empresa y becas. Esta situación solo es significativamente diferente en Euskadi, que empieza a acreditar un porcentaje de desempleo del 12% frente al 22% del Estado y además empleos solventes basados en políticas autonómicas y de internacionalización, Formación Profesional, emprendimiento, reindustrialización, etc.

Espero que las reflexiones anteriores en situaciones permanentemente electorales no se atribuyan a la demagogia o al interés, puesto que todas se consignan en documentos oficiales de las instituciones citadas. Podríamos terminar afirmando que España es igual a desigualdad. Y mientras estas heridas sociales no se sanen, seguiremos esperando, como quien espera a Godot, que los constitucionalistas españoles y, por qué no decirlo, que los partidos españoles que invocan su condición o identidad fundamental de partidos constitucionalistas, analicen toda la Constitución, los valores superiores que consigna y que deben inspirar todo el ordenamiento jurídico. Y, por favor, que no nos sigan dando lecciones.

Esta situación solo es diferente en Euskadi, que empieza a acreditar un porcentaje de paro del 12% frente al 22% del Estado

y además con empleos solventes


El Estado español es el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad infantil, según asegura el Comité de Políticas de Infancia de Unicef


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