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La Asamblea de GHK censura las cuentas de Bildu de 2014 y las manda a la Fiscalía

GHK aprueba el plan de viabilidad para licitar la infraestructura, cuya adjudicataria invertirá 212 millones en tres años
La asamblea censura las cuentas de la gestión de Bildu en 2014
La aprobación en el Parlamento cántabro del acuerdo con Gipuzkoa, en manos de Ciudadanos con condiciones

Sábado, 7 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

Máquinas trabajan en el vertedero de Meruelo, en Cantabria, adonde Gipuzkoa lleva la fracción resto.

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Máquinas trabajan en el vertedero de Meruelo, en Cantabria, adonde Gipuzkoa lleva la fracción resto.

donostia- La Asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa aprobó ayer un plan de viabilidad que prevé que el pago que deberá realizar a la empresa concesionaria de la futura incineradora será de 29 millones anuales durante 35 años. La inversión máxima que tendrá que afrontar el concesionario se sitúa en los 212 millones en tres años, tras lo que, una vez construida la incineradora, la empresa que la gestione recibirá, en concepto de precio por disponibilidad, 29 millones de euros anuales, según establece el plan de viabilidad.

GHK cree, no obstante, que esta cantidad tendrá una “bajada considerable en el proceso de licitación”, ya que existe un “alto interés” por parte de numerosas empresas en hacerse con este contrato, según informó la Diputación de Gipuzkoa. Además del pago por parte del Consorcio de Residuos, la empresa concesionaria obtendrá unos ingresos de unos 4 millones de euros anuales por la venta de energía y materiales recuperados.

El centro de residuos de Zubieta, que contará con la incineradora y con una planta de biometanización, producirá energía eléctrica para proveer a 40.000 hogares, según los datos de este plan. Además, GHK prevé que estas infraestructuras de tratamiento de residuos crearán 80 puestos de trabajo directos “y generarán actividad económica para todo tipo de suministradores”, por lo que “impulsará la economía en la zona tanto en las fases de construcción como en las de operación y mantenimiento”.

fiscalizaciónLa Diputación explicó que se ha optado por el modelo de gestión indirecta de la incineradora debido a la situación económica en la que se encuentra el consorcio, de la que los actuales gestores culpan a EH Bildu. De hecho, la Asamblea, que ahora controlan PNV y PSE, ha reprobado la gestión económica del ejercicio 2014, cuando el consorcio lo dirigía Bildu, a la que achacan haber “realizado actuaciones que claramente han perjudicado a GHK”.

Por este motivo, se aprobó estudiar acciones para responder a esta situación y se facilitó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas toda la información que este organismo ha requerido.

La Asamblea también dio luz verde a las cuentas de 2015, paso previo necesario para aprobar la licitación de la primera fase del centro de residuos de Zubieta.

Las críticas a este acuerdo llegaron de la mano del presidente de la mancomunidad de Tolosaldea, Josu Amilibia, quien explicó que los representantes de EH Bildu votaron en contra de los puntos tratados ayer.

Según Amilibia, los ciudadanos de Gipuzkoa deberán pagar 31,5 millones de euros anuales a la empresa concesionaria de la incineradora durante los próximos 35 años, ya que se establece un canon fijo de más de 28 millones de euros y también otro variable de entre 2 y 3 millones anuales, un dato que no comentó GHK en el comunicado emitido tras la Asamblea. Además, el uso que GHK haga del servicio de la incineradora y de la planta de biometanización “no repercutirá en el precio”, que será el mismo “ya se quemen 50.000 o 200.000 toneladas de residuos”, criticó Amilibia.

EH Bildu critica la decisión de la asamblea de GHK porque dice que se va a pagar lo mismo “se quemen 50.000 o 200.000 toneladas”

EH Bildu manifestó que la empresa concesionaria obtendrá un beneficio industrial del 10,5%, por lo que en 35 años logrará unas ganancias de 128 millones de euros. “Es un negocio redondo para los intereses privados que perjudica enormemente el interés público”, según el representante de Tolosaldea.

EH Bildu criticó la opción de construir la incineradora a través de una empresa privada porque es la “más cara”, al tiempo que reveló que la Diputación “una vez más, plantea firmar un swap, un controvertido producto financiero tóxico”.

Votación en CantabriaPor otro lado, parece que el visto bueno al acuerdo para que Gipuzkoa pueda seguir enviando la fracción resto durante año y medio al vertedero cántabro de Meruelo está cada vez más cerca. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, del PCR -partido regionalista que gobierna con los socialista en Cantabria- puso de condición sine qua non a la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE), urdidora del acuerdo con Gipuzkoa, que este obtuviera el visto bueno del Parlamento.

Tras la negativa de partidos como el PP y Podemos, el Gobierno ha puesto sus esperanzas en Ciudadanos, cuyo apoyo le permitiría superar el refrendo de la Cámara cántabra. Y, según ha dado a conocer el propio partido a través de su portavoz, Rubén Gómez, el acuerdo está cerca porque lo consideran “viable” y que no supone perjuicio alguno para Cantabria. Eso sí, no le va a salir gratis al Gobierno.

Según explicó ayer Gómez, han puesto cuatro condiciones para dar su apoyo, aunque es optimista en cuanto a que el Ejecutivo acepte sus propuestas. Estas hacen referencia, por un lado, a que el dinero obtenido se destine a liquidar la deuda de la empresa pública Medio Ambiente, Agua y Residuos (MARE) -encarga de la gestión de esta infraestructura-, que puede estar en torno a cuatro millones de euros.

De hecho, solo con lo que ya ha pagado Gipuzkoa por las 43.000 toneladas enviadas entre febrero y abril han supuesto un desembolso de 5,1 millones de euros. Y si, finalmente, se acepta el acuerdo para enviar otras 128.000 toneladas en los próximos 18 meses, el coste ascenderá a otros 14,1 millones de euros.

Por eso, Ciudadanos también propone que parte del dinero sirva para la amortización del vertedero -pago de seguros y ampliación de esas instalaciones- y para financiar un plan de infraestructuras de saneamiento.

Finalmente, exige que se consoliden y mantengan los 272 empleos de la empresa MARE.

Por su parte, el comité de la empresa pública MARE mostró ayer su apoyo “por unanimidad y sin fisuras” al acuerdo con Gipuzkoa porque supondría “una inyección económica” que permitiría “sanear sus cuentas”. - Efe/N.G.


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