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Preocupación por la reforma del sistema de asilo de la CE

Activistas denuncian que “los derechos fundamentales no pueden ser canjeados por dinero”

Viernes, 6 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:14h

Bruselas- La Comisión Europea (CE) ha planteado una reforma del sistema europeo de asilo que preocupa a los defensores de los derechos humanos porque introduce el concepto de pagar por no atender a los refugiados y deja la mayor parte de la responsabilidad en manos de los países de entrada a la UE, como Grecia e Italia. La CE ha propuesto que sigan siendo los países por los que los demandantes acceden a la Unión los que se encarguen de las demandas, pero cuando se vean desbordados (con su capacidad de acogida al 150%) se active un mecanismo de reparto hacia otros socios comunitarios. Este nuevo planteamiento recuerda inevitablemente al sistema temporal que aprobó la UE el año pasado para acabar con el colapso que vivían Grecia a Italia por la llegada masiva de inmigrantes y refugiados, y a su marcado fracaso.

De los 160.000 demandantes que debían salir de estos dos países hacia los demás Estados miembros, sólo lo han hecho 1.441 personas, según datos de este martes de la propia Comisión.

La gran novedad es que ahora la CE propone una vía alternativa para aquellos países que no quieran participar en el futuro sistema de reparto: pagar 250.000 euros por cada demandante que no acojan al país que sí admita recibirles, a modo de “financiación solidaria”, según Bruselas.

“Los derechos fundamentales no pueden ser canjeados por dinero”, sostiene el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), Luca Visentini, quien considera que se trata de una “solución vergonzosa” que además “no es viable”.

Visentini cree que lo que falta en la propuesta de reforma de la CE es precisamente “solidaridad y sentido de la responsabilidad”, y asegura que “nadie se preocupa de los intereses de las personas que huyen de la guerra” sino que “los gobiernos están solo compitiendo por defender sus propios intereses”. Los 250.000 euros a pagar a cambio de no participar en el reparto superan notablemente a los 6.000 euros que Bruselas calculó el año pasado que costaría trasladar a cada demandante de un Estado a otro. - Efe


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