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La justicia ordena recuperar las ayudas a familiares de presos

Un juzgado de Donostia anula un decreto del Ayuntamiento de Zumaia para conceder subvenciones por no ajustarse a derecho

Martes, 3 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Donostia- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Donostia ha anulado un decreto del Ayuntamiento de Zumaia para la concesión de subvenciones municipales a familiares de presos de ETA por “no ser conforme a derecho”, y obliga al Consistorio a recuperar las partidas otorgadas. El tribunal asegura que la convocatoria de subvenciones “no establece la condición de beneficiario en función de niveles de ingresos o rendimientos del solicitante o unidad familiar, sino que las otorga en función de la relación familiar entre aquel y el preso o de la situación del encausado, empadronados en el municipio”. Por esta razón, el magistrado concluye que no se cumple con el requisito de responder a una situación de necesidad o falta de recursos para atender los gastos de desplazamiento de los familiares del preso.

El juez Víctor Mora basa su resolución, fechada el pasado 19 de abril, en la jurisprudencia actual sobre esta materia, que ha dado ya una “adecuada respuesta” y recuerda que se han presentado muchos recursos contenciosos administrativos tanto en los juzgados de Instancia como ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Por todo ello estima el recurso presentado por la Abogacía del Estado a instancias del delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, e insta al Ayuntamiento a recuperar las ayudas. El magistrado expone que la convocatoria de subvenciones establece que solo se otorgan “en función de la relación familiar entre aquel y el preso o de la situación del encausado, empadronados en el municipio”.

El Ayuntamiento de Zumaia, gobernado por Bildu, publicó en julio de 2013 una convocatoria de subvenciones individuales para visitas con el fin de “ayudar económicamente a los zumaitarras que tengan a algún familiar preso en una cárcel fuera de la CAV o a los que tengan que desplazarse a un juzgado fuera de la CAV a declarar como imputado”. El Consistorio pagaba a 0,26 euros el kilómetro y hasta un máximo de 24 viajes al año. - N.G.


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