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Pasaia: ¿un motor gripado?

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 1 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

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El motor económico de Gipuzkoa que es el puerto de Pasaia, según reza la publicidad que la Autoridad del Puerto de Pasaia (APP) realiza para difundir y dar a conocer la importancia que tiene esta infraestructura para el desarrollo de las empresas del territorio, parece que está gripado a juzgar por las presuntas irregularidades provocadas por el desfase presupuestario que se ha registrado en la construcción de la nueva lonja pesquera, a lo que hay que añadir el efecto negativo que está teniendo en el tráfico de mercancías el cierre de la planta de ArcelorMittal de Zumarraga.

Con ser importantes los 5,5 millones de euros en los que se calcula el desfase existente desde los 15 millones en que fue adjudicada la construcción de la lonja y que todas las modificaciones de la obra requieren del correspondiente proyecto complementario necesario para dar cobertura legal cuando las desviaciones exceden del 10% del presupuesto, llama la atención la mala gestión que se ha hecho en un tiempo en que la sensibilidad ciudadana en este tipo de asuntos, sobre todo cuando se trata de dinero público, está a flor de piel.

A estas alturas no parece procedente que cuando se producen modificaciones de una obra pública no se hubieran abierto nuevas consignaciones presupuestarias ni se tramitaran los respectivos expedientes complementarios para dar cuerpo de legalidad a esas actuaciones sobre aspectos que no se habían previsto en el proyecto, como pueden ser, entre otros, la existencia de las canalizaciones de Aguas del Añarbe o la aparición de roca a mayor profundidad de la que se creían en un principio, así como otras correcciones que no parecen justificar el desfase encontrado.

Estas contingencias han provocado la puesta en marcha de cuatro auditorias, más el informe del interventor del Estado, para conocer las causas de las irregularidades que han provocado esta desviación presupuestaria y depurar las pertinentes responsabilidades. Las dos primeras de carácter técnico y jurídico se iniciaron en el mes de julio del año pasado por decisión del presidente de la APP, Ricardo Peña, y dieron como resultado la existencia de bastantes irregularidades de carácter administrativo, sin que se detectaran indicios de carácter delictivo. En paralelo, el interventor del estado elevó también otro informe en el que también se detectan irregularidades.

Tras conocer estos resultados una ingeniería privada realizó una auditoria de responsabilidad patrimonial en aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto por las obras ejecutadas sin sujeción a contrato por la UTE Pasaia Berria, que es la constructora de la nueva lonja. Ese expediente abierto a raíz de las reclamaciones efectuadas por la constructora ha detectado la ejecución de unas obras no previstas en el proyecto por valor de 1,4 millones de euros y que serán abonados en las próximas semanas.

Esta irregular situación se ha cobrado sus primeras víctimas con la destitución del director de la Autoridad Portuaria, Gregorio Irigoyen, y la apertura de un expediente disciplinario al jefe del departamento de Infraestructuras, David Candelario, que ejercía de director de obra, mientras el consejo de administración de la APP aprobaba por unanimidad la puesta en marcha de una auditoria integral de toda la obra a instancias del Puertos del Estado presentada por la abogada del Estado, que es vocal en representación de la Administración estatal, Macarena Olona Choclán. En el punto séptimo de la propuesta aprobada se recoge que si como consecuencia del resultado de la auditoría se concluye la existencia de un delito penal la APP denunciaría el hecho a la autoridad judicial.

Parece que a Olona, que es jefa de los abogados del Estado en la CAV y fue nombrada vocal del consejo de administración por Puertos del Estado, no le satisfizo la decisión del máximo órgano de decisión de la APP adoptada el 10 de marzo y pidió la celebración de una reunión extraordinaria con el propósito de someter a votación el traslado de la documentación existente sobre las irregularidades detectadas al fiscal para que inicie la investigación que estime oportuna para el esclarecimiento de los hechos.

La reunión, celebrada el cinco de abril, tuvo algunos momentos de tensión cuando la abogada Olona reprobó la actitud de once miembros del consejo, de los catorce presentes, que se negaron a su petición alegando que ya se había decidido la apertura de una auditoria que recoge el traslado de los hechos a la fiscalía si se comprueba la existencia de una actuación delictiva. La propuesta de Olona tuvo solo tres apoyos: el suyo propio, el del asesor del subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, que es vocal en representación de la Administración del Estado, y el del representante del sindicato LAB. Curiosamente, el vocal de Puertos del Estado votó en contra de la propuesta, al igual que los representantes del Gobierno Vasco, Diputación, ayuntamiento de Pasaia y Cámara de Gipuzkoa.

La pregunta que hay que hacerse es por qué la letrada Olona se dirige de motu propio al fiscal y le entrega el informe del interventor del Estado, en el que se recogen las irregularidades para que inicie una investigación, sin que exista por medio denuncia o querella y haciendo caso omiso a la decisión mayoritaria del consejo de administración.

Olona deberá explicar cuáles han sido las razones jurídicas para que en menos de un mes haya pasado de proponer la puesta en marcha de una auditoria integral en línea con Puertos del Estado a decidir elevar el caso a la fiscalía. Parece el colmo del absurdo que un representante del Estado actúe de manera unilateral contra las instituciones y organismos de ese Estado como pueden ser el ministerio de Fomento y Puertos del Estado a no ser que pudieran existir razones de tipo político, profesional, en incluso, personal.

Olona y la delegación del Gobierno Central en la CAV, en donde trabaja la letrada, deberían de explicar estas consideraciones simplemente por razones de transparencia ante los ciudadanos que están viendo con perplejidad lo que está ocurriendo ahora que se comienza a hablar de la regeneración de la bahía de Pasaia con la aprobación del Plan Especial aprobado hace unos días por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a lo que hay que añadir la preocupación y la incertidumbre por la situación de la dársena que muestran sus usuarios y operadores debido a la caída del tráfico de mercancías, tras el cierre de ArcelorMittal de Zumarraga.

No parece casualidad que el presidente del PP de Gipuzkoa y parlamentario en la Cámara vasca, Borja Sémper, haya presentado una iniciativa parlamentaria en la que pregunta a la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, la paralización de las obras de la nueva lonja y la destitución del director de la APP, cuando la competencia de la gestión del puerto de Pasaia es del organismo Puertos del Estado. Incluso el propio presidente de la APP es nombrado por el Gobierno estatal a propuesta del vasco. El horizonte electoral con la celebración de los comicios generales y al Parlamento Vasco en los próximos meses parece que es el origen de este tipo de acciones.

Y en medio de esta situación, el tráfico de mercancías en el puerto de Pasaia ha caído un 8,05% en el pasado mes de marzo respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone una bajada del 22,8% en relación a febrero de este año, como consecuencia del importante descenso que se ha producido en la descarga de chatarra que tenía como destino la planta de ArcelorMittal de Zumarraga. En marzo entraron en Pasaia un total de 20.188 toneladas de chatarra lo que significa una caída del 50,08%. Un dato importante si se tiene en cuenta el carácter de puerto siderúrgico que tiene Pasaia donde los productos terminados son el primer tráfico con el 40,01% de cuota y la chatarra, el tercero con el 11,94%.

El cierre de la fábrica de ArcelorMittal de Zumarraga puede suponer la desaparición de un movimiento de alrededor de 500.000 toneladas de chatarra de procedencia extranjera que generaba esta acería, lo que significa una reducción del 13,51% respecto al tráfico de 3,7 millones de toneladas de mercancías en general registrados el año pasado. Un nuevo mazazo que va a sufrir el puerto de Pasaia al igual que supuso hace varios años el cierre de Corrugados Azpeitia que generaba el 20% del total de los tráficos portuarios.

Esta situación está provocando una gran preocupación y nerviosismo entre los operadores de Pasaia que temen volver a final de año a registros como los de 2013, en plena crisis, donde se movieron 2,9 millones de toneladas. A todo ello hay que añadir la inseguridad que produce la reciente entrada en el capital de uno de los tres operadores más importantes del puerto de una relevante entidad financiera que ha tomado una participación de control en la empresa con lo que se desconocen las decisiones que vaya a adoptar en el futuro. De momento, toca esperar.


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