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La ley de abusos policiales entre 1978 y 1999 amparará a cerca de 400 víctimas

El Gobierno Vasco confía en que la tramitación concluya antes que la legislatura

J. Arretxe - Viernes, 29 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:13h

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernandez, ayer.

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernandez, ayer. (Foto: Efe)

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El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernandez, ayer.

donostia- El Gobierno Vasco prevé destinar cerca de 12 millones de euros a partir del año que viene a indemnizar a entre 300 y 450 víctimas “de represión ilícita”, entre los años 1978 y 1999. Así lo concretó ayer el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernandez, en una comparecencia en la que explicó el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes y que será la continuidad al decreto que aprobó en 2012 el anterior ejecutivo, que cubría las víctimas de abusos policiales entre 1968 y 1977.

El objetivo, explicó Fernandez, es “posibilitar un camino viable de reconocimiento y reparación efectiva a víctimas de vulneraciones de derechos humanos no reconocidas” a través de “la búsqueda del máximo consenso”, puesto que ahora corresponderá al Parlamento Vasco debatir el texto que ya ha recibido y aprobar, llegado el caso, el documento definitivo.

El número de víctimas de acciones “con fines de represión ilícita” y también en “contexto de violencia de motivación política” se sitúa, según concretó, entre 315 y 447, donde Fernandez citó entre otros a Gladys del Estal, Josean Lasa y Jose Ignacio Zabala.

En todos los casos lo fueron a manos de personal funcionario público bien dentro de sus funciones o al margen de ellas, o a manos de personas que actuaron en grupo o solos, individual e incontrolada sin necesidad de “establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones”.

Para acreditar la condición de víctima bastará la correspondiente resolución judicial o administrativa, aunque al no existir tal reconocimiento en muchos casos, bastará un medio de prueba admisible en Derecho, que Fernandez basó en la resolución 60/147 de las Naciones Unidas;el Convenio europeo sobre indemnización a víctimas de delitos violentos;la Ley estatal 29/2011 y el propio Estatuto de la víctima.

Una comisión de nueve personas -tres peritos forenses, tres expertos en Derechos Humanos designados por Lakua y otros tantos por el Parlamento- evaluará y propondrá el grado de reconocimiento de cada víctima.

Fernandez defendió que el proyecto llega hasta 1999 porque abarca casos ya han prescrito “o están próximos a serlo y las denuncias de casos más recientes se encuentran todavía en plazo para su investigación judicial”, una vía con la que la nueva ley busca ser “muy escrupulosa”. Más aún, señaló que la proposición de ley que aprobó el Consejo el martes se fundamenta en el artículo 10.2 de la Constitución española.


Problema de tiempo Más allá del debate político que tendrá lugar en el Parlamento, una de las incógnitas de la tramitación residirá en los plazos. Como el resto de la acción del Ejecutivo -y también del legislativo-, este proyecto está a expensas de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, agote el plazo de la legislatura y cuál sea el calendario que establezca la Cámara.

Así, y más allá de la celeridad de los grupos parlamentarios para trabajar una cuestión tan sensible, puede tener una incidencia definitiva cuánto decida prorrogar el Parlamento su periodo de sesiones.

En anteriores legislaturas la Cámara ha concluido sus trabajos o a finales de junio o a comienzos de julio. Este año, al ser año electoral, el Parlamento podría no volver a la actividad ordinaria tras el parón estival, ya que si los comicios se sitúan en torno al 20 de octubre, el lehendakari deberá disolver la Cámara 54 días antes, según estipula la ley electoral, y decaerían de manera automática todos los trabajos pendientes.


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