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secretario general para la Paz y la Convivencia

Fernández cree que habrá tiempo para aprobar la ley de víctimas policiales

EFE - Jueves, 28 de Abril de 2016 - Actualizado a las 15:51h

DONOSTIA. El secretario general para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández, se ha mostrado hoy "optimista" al considerar que aún queda tiempo esta legislatura para "sacar adelante" la ley con el que el Gobierno Vasco quiere reconocer a las "víctimas causadas en contextos de represión ilícita" entre 1978-99.

Jonan Fernández ha hecho esta reflexión durante la presentación hoy, en una rueda de prensa celebrada en Donostia, de los principales contenidos de este proyecto de ley, aprobado el pasado martes por el Ejecutivo autonómico.

Durante la comparecencia, a la que ha asistido como público la directora del Instituto de la Memoria Gogora, Aintzane Ezenarro, ha sido cuestionado por los periodistas sobre la dificultad de aprobar esta ley ante la cercanía del fin de la legislatura, un condicionante a pesar del cual Fernández cree que será posible sacarla adelante "con rigor", "sin hacer ninguna operación extraña" y siguiendo los trámites "correctamente".

El director de Paz y Convivencia ha dicho ser consciente de que "no queda mucho tiempo" para ello, si bien ha recordado que el contenido de este proyecto no es novedoso "porque tiene como antecedente un decreto que ya se conoce perfectamente".

Ha explicado además que el Gobierno lleva "tiempo" trabajando en este asunto, que ya "ha habido muchos contactos" y que "los grupos parlamentarios tienen desde diciembre en sus manos los borradores que se han ido manejando".

"Yo entendería que si estamos ante una ley de gran complejidad técnica, totalmente nueva y desconocida para los grupos, los dos o tres meses que puedan quedar de trabajo parlamentario fuesen escasos, pero creo que estamos en condiciones de poder sacarla adelante con rigor y sin hacer ninguna operación extraña", ha insistido Fernández.

Ha avanzado además que la dotación económica de este proyecto asciende a doce millones de euros, que serán repartidos en cuatro años y con los que se prevé reparar a entre 315 y 447 afectados, según las previsiones.

Las compensaciones económicas oscilarán entre los 390.000 euros para las víctimas que acrediten una gran invalidez, los 135.000 euros para los familiares de quienes hayan muerto a consecuencia de los daños y los 35.000 euros para quienes arrastren desde entonces una incapacidad permanente parcial.

La Comisión de Valoración encargada de evaluar los distintos casos presentados estará compuesta por tres expertos designados por el Gobierno Vasco, otros tres por el Parlamento y tres peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal.

Jonan Fernández ha justificado la necesidad de esta ley porque, según ha dicho, es un "imperativo" crear un "instrumento" para "reconocer" y "reparar" a las "víctimas causadas en contextos de represión ilícita entre 1978 y 1999", entre las que ha citado casos como Lasa y Zabala, Gladys del Estal y Yolanda González.

El miembro del Gobierno Vasco ha aclarado que el criterio "fundamental" para impulsar esta iniciativa ha sido "la búsqueda del máximo consenso", por lo que el texto "esta lógicamente abierto a ser mejorado en el trámite parlamentario".

"El contenido de esta ley está directamente vinculado al compromiso democrático con el Estado de Derecho y con los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan", ha añadido Fernández, quien ha opinado que esta iniciativa "significa su más sólido reforzamiento, en la medida en que implica un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático".


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