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Los impenetrables secretos de Estado

El congreso debate esta semana si reforma la hermética legislación española sobre información reservada

Un reportaje de Miguel Aizpuru - Lunes, 25 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:10h

Vista general del Pleno del Congreso de los Diputados.

Vista general del Pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)

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Vista general del Pleno del Congreso de los Diputados.

El Estado español guarda con mucho celo sus llamados secretos oficiales a través de una vetusta norma heredada del franquismo y en contadísimas ocasiones ha accedido a desclasificar documentos que afectan o han afectado a la seguridad nacional. Esto podría cambiar en un futuro próximo, ya que esta misma semana el Pleno del Congreso va a debatir una proposición del PNV que plantea reformar la actual Ley de Secretos Oficiales para que los documentos declarados secretos se liberen al de 25 años -con opción a una prórroga excepcional a 35 años- y los reservados al cabo de 10 años.

La actual norma reguladora de estos secretos oficiales data de 1968 y fue modificada en 1978, antes de la promulgación de la Constitución. Esta ley establece que la clasificación de una materia sensible corresponde al Gobierno y a la Junta de Jefes de Estado Mayor, dependiente del Ministerio de Defensa. Lo mismo ocurre con las desclasificaciones: solo podrá llevarlas a cabo el mismo órgano que las clasificó. Los documentos se dividen en dos categorías: secretos y reservados. Los primeros son los de “más alto grado de protección por su excepciones importancia”, que pueden comprometer la seguridad del Estado o los “intereses fundamentales de la nación”. Los segundos son de “menor importancia”, pero igualmente concernientes a los intereses del país. Una de las principales características de esta regulación es que no establece un plazo límite para mantener los archivos protegidos, por lo que la información puede permanecer inaccesible al público perpetuamente.

Por tanto, el PNV propone que “en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia” y que la facultad de blindar documentación al acceso público corresponda “en exclusiva” al Consejo de Ministros. Los diputados jeltzales defienden la necesidad de “abordar la adaptación a la sensibilidad social vigente respecto a la transparencia”. No es la primera vez que se intenta reformar la Ley de Secretos Oficiales. El grupo parlamentario de Izquierda Unida lo intentó en 2014 y los socialistas han abogado por cambiar la legislación vigente en diversas ocasiones. Sin embargo, todos los intentos han sido estériles hasta el momento.

Respecto a los documentos e informaciones que podrían salir a la luz si se reformara la norma, se trata en gran medida de material relativo a asuntos de Defensa y del Ejército. José Luis Rodríguez Zapatero intentó sin éxito desclasificar en 2011 archivos de la Guerra Civil sobre el despliegue de unidades en el campo de batalla, partes de operaciones y, entre otras cosas, deserciones, batallones de soldados trabajadores y campos de concentración. Además, el Ministerio de Defensa también guarda información sobre sucesos ocurridos durante el franquismo como la Guerra de Ifni contra Marruecos, los programas para la construcción de armamento o incluso la caída de basura espacial en territorio español.

cesidLos precedentes de desclasificación de secretos de Estado son muy escasos en España. El juez Baltasar Garzón logró en 1997 que el Gobierno de José María Aznar liberara trece documentos del CESID (actual CNI) relacionados con la guerra sucia contra ETA. Tardó casi dos años en conseguirlo, tras realizar numerosas peticiones al Tribunal Supremo y recibir la negativa del anterior titular de Defensa, el socialista Gustavo Suárez. Previamente, en los años 80, el exministro Fernando Morán accedió a permitir a los historiadores el acceso a material de este tipo pero todo depende de la voluntad de los archiveros, que pueden estar cometiendo un delito al facilitar esta información a los investigadores. En 2008, Carme Chacón anunció un proyecto para liberar documentos protegidos a los 25 o 50 años en el contexto de la Ley de Memoria Histórica, pero tampoco se materializó.

La última polémica relacionada con la desclasificación data de junio del pasado año, cuando el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, rechazó hacer públicos documentos oficiales de entre 1931 y 1968. Morenés se escudó en que, dadas las condiciones económicas, no disponen de los medios técnicos y el personal necesario para bucear en un archivo estimado en 10.000 carpetas.

Es evidente que España tiene una de las leyes más herméticas en materia de secretos oficiales. Incluso la CIA desclasifica y publica periódicamente el material reservado que ya no afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. En un contexto en el que la transparencia en asuntos de Estado ha cobrado gran relevancia, aumentan las peticiones para una reforma que facilite el acceso de los ciudadanos a información que puede ser de gran interés público.


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