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Colaboración

¿Todos los cumpleaños deben celebrarse?

Por Axier Jaka Goikotxea - Jueves, 21 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Ya ha transcurrido casi un año desde que el Ayuntamiento de Donostia aprobase el 30 abril de 2015 el Reglamento de Consultas Ciudadanas. Una norma que pretendía ser cauce de la voluntad popular por medio del ejercicio de la democracia directa. Se pretendía romper así con la exclusividad y desigualdad de poder que ostentan los representantes públicos respecto a la ciudadanía y los movimientos populares;es decir, regenerar la institución pública y la propia política local profundizando en la democracia misma.

A pesar de que la idea del derecho de autodeterminación, hoy en día reformulado como derecho a decidir, haya sido un axioma asumido por gran parte de la ciudadanía vasca en general y donostiarra en particular, los mecanismos para su realización no forman parte todavía de nuestra cultura política cotidiana. En este sentido, no es casualidad que en los últimos 35 años no se haya realizado ninguna consulta local en el conjunto del municipio. Pero en el contexto actual de corrupción y de crisis política y económica, sobran motivos para que las administraciones públicas estén gravemente afectadas por un déficit de credibilidad y confianza. Tanto es así que desarrollar nuevos cauces de expresión política que tengan como fundamento la voluntad democrática se ha convertido en una necesidad urgente.

También en Donostia. Agentes sociales, asociaciones vecinales, ciudadanía en general... deben tener herramientas políticas frente a los proyectos urbanísticos impuestos, las infraestructuras de movilidad, la destrucción del patrimonio cultural e histórico, los recortes sociales, las necesidades de equipamientos públicos en los barrios o frente a la purga, en fin, de espacios comunitarios autogestionados como Kortxoenea. Es por ello que se han demandado reiteradamente espacios de decisión conjunta que permitiesen dar voz a la ciudadanía o supusiesen, por lo menos, una posibilidad de defensa ante decisiones tomadas exclusivamente por la clase política.

EH Bildu de Donostia, tal como lo hace ahora a nivel autonómico con la Ley de Empoderamiento de la Ciudadanía, se avino a esa labor desde su posición de Gobierno local. Y fue partícipe del proceso de elaboración de un modelo de democracia directa local que tuvo como protagonistas principales a la ciudadanía, los movimientos populares y diferentes agentes de la ciudad, a quienes no nos cabe más que reconocer y agradecer su labor desinteresada. ¿Pero este esfuerzo ha respondido a una necesidad real de la ciudad y sus gentes? El hecho de que a día de hoy, al año de su aprobación, haya dos proyectos de consulta ciudadana en marcha, evidencia que sí.

El primero, a iniciativa de la plataforma antitaurina, que en un tiempo récord de tres meses ha conseguido reunir 10.000 firmas que avalan la necesidad de preguntar si en los equipamientos municipales se debe permitir organizar corridas de toros. Y el segundo, a iniciativa institucional, con el objeto de situar la toma de decisión sobre el futuro del parque de Viveros de Ulia en la propia vecindad, dando así respuesta a un plan urbanístico del Gobierno municipal actual que pretende edificar en dicha parcela y que cuenta con la oposición de la comunidad vecinal y de más de 3.000 personas quienes han exigido la paralización del proyecto bajo el lema Save the park.

Sin embargo, y lamentablemente, Donostia no vive ajena a la situación política actual del Estado. No pasaron tres meses desde la aprobación del reglamento, cuando ya la Abogacía del Estado Español, por indicación de su virrey Carlos Urquijo, lo recurrió ante los tribunales. Por lo que se encuentra bajo la amenaza de ser invalidado. Todo lo que suene a soberanía, derecho a decidir, voluntad democrática... aunque sea a nivel local, es objeto de sospecha y persecución por parte de los poderes del Gobierno español. Para EH Bildu, este es otro flagrante ejemplo de que la ciudadanía donostiarra y vasca merecemos vivir en un estado decente, en un estado propio, y que para ello debemos hacer nuestro propio camino.

Digan lo que digan los tribunales, y teniendo en cuenta las posibilidades que abre la nueva ley municipal vasca, de nosotras depende dejar en evidencia el sinsentido del estatus jurídico-político actual, que por ahora no permite siquiera que las políticas municipales se decidan democráticamente y desde la autonomía local. Se trata de que se respete el derecho a decidir sobre aquellas cuestiones que afectan a nuestro día a día. Mostremos nuestro apoyo firmando las peticiones de iniciativa popular, pongamos en marcha nuevas consultas a nivel de barrio o de Donostia y participemos decididamente votando en las urnas, para demostrar claramente que ya ha pasado el tiempo en que unos pocos decidían por todos y que las leyes impuestas, que en la práctica imposibilitan decidir colectivamente, no tienen cabida en Donostia.

En la senda del cambio político y social, la mejor manera de festejar el cumpleaños de la normativa de participación ciudadana donostiarra será ponerla en práctica cuanto antes. Hay tiempo y posibilidades y depende de todas y todos.


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