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Tribuna abierta

Tribuna abierta Que paguen otros

Por Joaquín Arriola - Miércoles, 20 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:10h

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Los denominados centros financieros opacos, paraísos fiscales, zonas francas financieras o centros ‘offshore’, cumplen tres funciones distintas.

En primer lugar, facilitan los cobros, pagos y blanqueo del dinero de la economía criminal, tanto de los traficantes de sustancias y objetos ilegales como de las comisiones millonarias de las grandes operaciones de corrupción vinculadas con el dinero público (obra pública, compras de armamento, grandes contratos en general);en segundo término, facilitan la gestión de las operaciones políticas secretas, en especial las de dimensión internacional, tanto de los gobiernos como de los grupos clandestinos;y finalmente facilitan la evasión fiscal de los grandes pagadores que consideran que tienen derecho a quedarse una parte mayor de sus ingresos personales o corporativos que la que estiman adecuada las autoridades fiscales de sus países de residencia.

Para llevar a cabo las operaciones en los centros financieros opacos, es fundamental la capacidad de gestión financiera de los grandes bancos. Algunos, como el HSBC, aparecen de forma reiterada en las operaciones de blanqueo y gestión de dineros dudosos, hasta el punto de que cabe preguntarse si sus directivos gozan de algún tipo de inmunidad que evita que todo el consejo de administración sea detenido y encarcelado en una operación de saneamiento que empieza a ser perentoria. Aunque quizá Douglas Flynt, el señor presidente del HSBC, y sus socios se defiendan preguntando por qué tienen que purgar ellos por operaciones en las que participan todos, todos. Tampoco hace falta ser el HSBC, con unos activos de tres billones de dólares y 300.000 empleados para repartir invitaciones al festín. Entidades más modestas, como el BBVA, con tan solo 750.000 millones de activos y 130.000 empleados, han sido capaces de ofrecer cuentas en paraísos fiscales incluso al obispado.

Si no hay consenso sobre cuáles son los paraísos fiscales existentes, aun es más difícil identificar cuánto dinero se oculta en ellos. El año pasado, la Universidad de Chicago publicaba un libro del profesor de la Universidad de Berkeley, Gabriel Zucman, -The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens (La riqueza oculta de las naciones: el azote de los paraísos fiscales)- que cifra en 7,5 billones de dólares la cantidad que oculta el 1% más rico de la población en esos centros opacos. Según este autor, nunca ha habido tanto dinero oculto al fisco en el mundo. Y The Economist aprovecha la marea para sacarse de la chistera la cifra de 20 billones de dólares gestionados en paraísos fiscales en sentido amplio y recomendar que si los gobiernos quieren fiscalizar este dinero oculto, lo que deben hacer es -¡cómo no!- bajar los impuestos al capital.

Las únicas cifras oficiales, aportadas por el Banco Internacional de Pagos indican que, en su estrecha definición de zonas francas financieras, los bancos de los principales países gestionan unos cuatro billones de euros, de los cuales 1 billón por cuenta de otros bancos, otro billón en las filiales de cada banco, medio billón por cuenta de compañías de seguros y otras empresas financieras y 1,5 billones de otras empresas. Por lo tanto, el equivalente al valor de toda la producción española de bienes y servicios durante cuatro años está a disposición del gran capital internacional a fin de ajustar las cuentas domésticas,

Así que los 7,5 billones de patrimonio de los ricos, según Zucman, representan unos tres billones de impuestos;los 20 billones de actividad corporativa de The Economist, otros tres billones de impuestos;y las operaciones reconocidas por la gran banca internacional, por lo menos 1 billón de impuestos. Para que nos hagamos una idea, lo suficiente para financiar los 145.000 millones de euros del presupuesto anual de la Unión Europea durante entre 5 y 20 años, según la cifra que demos por buena.

Ya desde los años 80 las autoridades fiscales de varios países alertaban de la facilidad con la que evadían impuestos los grandes bancos y las multinacionales por el sencillo procedimiento de fijar en las operaciones de compra-venta de divisas, mercancías, informes o servicios “precios de transferencia” (precios superiores a los de mercado o inferiores a los costes de producción) y comisiones, internas a la propia empresa o con empresas asociadas, a fin de declarar menos beneficios en las sucursales de los países donde se paga más, y apuntando esas operaciones en la cuenta de resultados de las sucursales en los países donde se paga menos. Pero solo se empezaron a tomar medidas tras el 11-S, y no precisamente por la dimensión fiscal del asunto, sino por su utilización por parte de Al Qaeda.

Durante cinco años, el FMI estuvo analizando los centros de las plazas offshore. En 2003 habían identificado 44 jurisdicciones, 17 no miembros del FMI, con un volumen de negocios de 2,8 billones de dólares. En 2006 la cifra se elevó a 52 jurisdicciones, con activos bancarios que iban de 100 millones de dólares las más pequeñas a más de 1 billón las mayores. La mayor parte de las plazas financieras terminaron aceptando colaborar en el suministro de información al FMI, salvo Hong Kong, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Suiza. Con todo, las medidas adoptadas fueron tímidas, por decirlo de forma suave. EEUU inició a través del FMI el esfuerzo por controlar los centros financieros, pero una vez garantizada la cooperación de la mayor parte de los mismos para obtener información del dinero de los grupos clasificados como peligrosos para la seguridad nacional (de EEUU, se entiende), se perdió el interés. Logrado este objetivo, al parecer, prima el hecho de que muchos de estos centros offshore sean jurisdicción estadounidense, y por tanto fuente de beneficios nacionales, y el ardor regulador se rebaja varios grados. Una de las últimas aportaciones del FMI al conocimiento de los centros financieros opacos fue en 2007 un documento de trabajo de uno de sus funcionarios, Ahmed Zoromé, en el cual demostraba que con una definición más sencilla de “centros financieros offshore”, habría que incluir entre los mismos, además de a los sospechosos habituales, a Uruguay, Letonia y Gran Bretaña.

La crisis financiera global y las consiguientes dificultades fiscales en los principales países desarrollados ha vuelto a poner el foco en los centros financieros opacos, ahora sí desde el punto de vista fiscal. Ha sido la Administración Obama la que ha levantado la liebre de nuevo, ya que tiene el objetivo de recaudar más impuestos de sus grandes corporaciones y patrimonios y poco a poco ha ido obligando a estos centros a comprometerse en suministrar información sobre las operaciones de sus empresas al fisco norteamericano.

La UE, por el contrario, con paraísos fiscales en varios países de Europa occidental, con diversas regiones aspirando a un estatuto similar, tan solo ha metido mano a Chipre... porque la geopolítica obliga y estaba siendo utilizado como punta de lanza de penetración en Europa de los capitales procedentes de Rusia y Asia. Pero tanto el actual presidente de la Comisión como el presidente del Eurogrupo trabajaron cuando ejercían funciones de políticos nacionales para que sus respectivos países, Luxemburgo y Holanda, se convirtieran en refugios a prueba de impuestos para las multinacionales. Esta laxitud ante el fenómeno procede de la profunda convicción, común a la ideología liberal conservadora y a la social-liberal, de que el Estado en Europa es demasiado grande y la principal misión de las políticas públicas es intentar limitarlo.

La desigualdad tributaria entre grandes corporaciones pagando poco y familias y pymes pagando más, se valora por la ideología neoliberal como un problema menor, ante la “gran injusticia” que supone tener que pagar unos impuestos que, como los salarios, en el mundo ideal del pensamiento dominante siempre son demasiado elevados. Si las multinacionales se libran de la mayor parte de su carga tributaria, llegará el tiempo en que se logre el mismo resultado para el resto de los agentes económicos. El propio Tratado de Lisboa consagra la libre circulación del capital e impide cualquier actuación cuando en el art. 63 señala que “quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros” y el art. 66, considera que cuando “los movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes de ellos causen, o amenacen causar, dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria” estas se considerarán siempre “causas excepcionales” y solo se podrán establecer limitaciones, previo consenso de todos los estados miembro “por un plazo no superior a seis meses”.

Es difícil creer que al establecer tales cautelas, los legisladores no fueran conscientes de cómo ataban de manos a la UE frente a toda actuación contra los paraísos fiscales. Que los electores que les dieron el mandato de elaborar las reglas de funcionamiento no fueran conscientes de los objetivos que perseguían es más plausible.

Zucman cifra en 7,5 billones de dólares la cantidad que oculta el 1% más rico de la población en centros opacos. Según él, nunca ha habido tanto dinero oculto


La desigualdad tributaria entre grandes corporaciones pagando poco y familias y pymes pagando más, se valora por la ideología neoliberal como un problema menor


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