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Piden a la Diputación que se implique en negociar el convenio de intervención social

ELA, LAB y CCOO dice que el Ejecutivo financia el 80% de estos servicios, que emplean a 2.000 personas

Martes, 19 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Protesta de trabajadores, ayer en las Juntas Generales.

Protesta de trabajadores, ayer en las Juntas Generales. (EFE)

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Protesta de trabajadores, ayer en las Juntas Generales.

donostia- Los sindicatos con representación en el sector de intervención social de Gipuzkoa reclamaron ayer a la Diputación que se implique en la negociación de un convenio sectorial y dé cobertura financiera a las mejoras laborales que exigen los trabajadores. Representantes de los sindicatos ELA, LAB y CCOO comparecieron en la comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales para explicar su situación mientras un grupo de trabajadores del ámbito de la intervención social se concentró frente al edificio. El sector, que agrupa a 2.000 personas que llevan a cabo su trabajo con menores, mujeres maltratadas o drogodependencias, entre otros, firmó su primer convenio en 2011 y lleva “año y medio” sin renovación, según explicó a los medios de comunicación Iñigo Zubeldia, de ELA.

La patronal Hedatzen “tiene su propia responsabilidad” en el fracaso de las negociaciones, “que no ha asumido”, pero el “responsable máximo” es la Diputación de Gipuzkoa, que es la entidad financiadora del 80% de los servicios de intervención social, explicó.

Zubeldia calificó de “vergonzosa” la respuesta del Departamento de Políticas Sociales que dirige Maite Peña que, en una reunión mantenida con los sindicatos hace seis meses, emplazó a que se alcanzara un acuerdo con la patronal y “posteriormente se vería si le daban cobertura económica o no”. El representante de ELA señaló que “no es posible que utilice un argumento tan infantil” y tachó a Maite Peña de mantener una actitud de “escaqueo” y de falta de sensibilidad hacia un sector “precario, muy feminizado y con necesidad absoluta de un convenio”. Advirtió de que si la Diputación no da cobertura a la negociación “se pondrá en solfa uno de los pilares básicos del bienestar social” y podría romperse el diálogo, “algo que sería poco inteligente” por parte de la institución foral y “un drama” para los trabajadores. Entre las quejas de estos figura el aumento de la carga de trabajo como consecuencia de la crisis mientras el personal es el mismo o ha disminuido.

Por ello entre las exigencias que consideran que deben incluirse en el convenio figuran que la reforma laboral decretada en julio de 2012 no tenga aplicación en el sector, gestionado en gran parte por empresas sin ánimo de lucro como Cáritas, además de una mejora de las condiciones laborales económicas y sociales.

La representante de LAB Idoia Ormazabal señaló que los afectados por este convenio trabajan en un sistema “indispensable” que constituye la “primera capa de la protección social” para menores de cero a 18 años, mujeres que padecen violencia de género o drogodependientes. - Efe


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