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Vuelta a la censura

Por Marian Beitialarrangoitia - Martes, 19 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:11h

No habían transcurrido 24 horas desde que el Congreso instara al Gobierno español a retirar su Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, cuando se hizo público que un periodista vasco había sido sancionado por publicar vía Twitterimágenes de la detención de una joven de Eibar por parte de agentes policiales. El sinsentido de la multa es aún más evidente cuando en Euskal Herria hemos visto repetidas veces instantáneas similares cuya obtención ha sido promovida y facilitada por los propios cuerpos policiales a los medios de su elección.

Tan alarmante ha sido esta medida represiva contra el informador de la revista Argia, que los medios más prestigiosos del mundo se han hecho eco de la misma. De igual forma, la inmensa mayoría de partidos (menos el PP) y asociaciones periodísticas han denunciado este ataque a la libertad de prensa, más propia de estados dictatoriales que de un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Cómo es posible castigar a un periodista por informar?

Lamentablemente, periodistas han sido, en primera persona, víctimas de diferentes formas de violencia en el marco del conflicto vasco. También hemos visto que con la excusa de la lucha contra ETA, los poderes del Estado han cerrado medios de comunicación y encarcelado a periodistas que les resultaban incómodos. Cabe recordar que en su día ya se castigó a periodistas por tomar imágenes. En el año 2000 un cámara del canal de televisión Ttipi Ttapa fue detenido por grabar en vídeo la llegada a la Audiencia Nacional en vehículos policiales de varios jóvenes detenidos días antes. En aquel caso el periodista fue acusado de colaboración con ETA, acusación que asumió como mal menor al pactar con la Fiscalía una pena que evitaba su ingreso en prisión. En la hemeroteca encontramos cómo fuentes de la Fiscalía adujeron entonces que el acusado trabajaba para un medio municipal de un Ayuntamiento gobernado por Euskal Herritarrok. ¿Fue condenado aquel periodista por su origen o su presunta ideología? ¿Ha sido castigado el periodista de Argia por la misma razón?

Es de destacar que la ley mordaza, que el Partido Popular (PP) aprobó en soledad, contó desde el primer momento con el rechazo de la práctica totalidad de formaciones políticas del Estado y también organizaciones internacionales que mostraron su oposición a esta norma restrictiva de derechos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó el pasado año su retirada “por implicar un uso excesivo de las sanciones administrativas y por excluir ciertas garantías judiciales”, y acusó al Ejecutivo de Rajoy de “utilizar términos vagos y ambiguos que pudieran traducirse en una aplicación discrecional de la ley”. De igual forma, el Consejo de Europa expresó sus reservas. El comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, expresó su preocupación por una ley “altamente problemática por no estar claros los conceptos y que la gente pueda predecir hasta cuándo está incumpliendo la ley”. En relación a las disposiciones que prohíben el uso de imágenes o datos policiales, señaló que “afectaba directamente a la rendición de cuentas, por parte de los agentes, en caso de mala actuación por su parte”.

El artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana 36.23, por el cual ha sido multado el informador de Argia, dice lo siguiente: “El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. Ante este vago artículo surgen las siguientes cuestiones: ¿Hay que pedir permiso para publicar imágenes de operativos policiales? ¿A quién hay que solicitarlo? ¿Cuándo se pone en peligro a los agentes? ¿Lo dictaminan los propios agentes? ¿Cuál es la seguridad jurídica de los profesionales de la información? ¿Dónde queda la presunción de inocencia?

Todas estas preguntas evidencian una vaguedad de la norma que no es casual y que facilita la arbitrariedad, el abuso de autoridad y que se pueda sancionar a ciertos periodistas o medios por hacer lo mismo que otros, bajo el libre albedrío de las FSE. Por ello, no es de extrañar que se haya sancionado a este periodista en Euskal Herria. Como señalábamos anteriormente, durante años, con la excusa de la violencia política, se han llevado a cabo operativos contra medios y periodistas que en el mundo occidental solo eran comparables con los de Turquía. Ahora, en este nuevo tiempo, vemos cómo la excepcionalidad se sigue aplicando de manera especial en Euskal Herria, otra vez utilizada como laboratorio de aplicación de leyes y medidas represivas.

Desgraciadamente, no ha sido ni será la única ocasión en la que debamos hablar en torno a esta ley. Su aplicación llega también hasta la política municipal, donde partidos que en Madrid o en el discurso se posicionan en contra en la práctica, en los ámbitos que gestionan no tienen problema en aplicar esta denostada ley española a través de las diferentes policías bajo su mando. En Bilbo, por ejemplo, se presentó hace poco un colectivo de personas que ya han padecido la ley mordaza, o en Donostia, donde se aplica por órdenes políticas, y también, cómo no, en el entramado administrativo de EAE. En Nafarroa, la web Ahotsa.info ha iniciado camino legal contra esta norma, tras las amenazas de multas recibidas por la delegada del Gobierno del PP por la grabación de un registro policial en un bar durante los Sanfermines. Y se dan paradojas como la ocurrida durante el desalojo del gaztetxe donostiarra de Kortxoenea, donde además de ser apaleados al llevar a cabo una protesta, los jóvenes han sido sancionados en base a la ley mordaza por difundir fotografías de esa carga policial contra personas que protestaban por el desalojo violento.

Es por ello más importante concienciarnos y activarnos ante una realidad que, con guante blanco, está instaurando una sociedad en la que los derechos de los y las ciudadanas se ponen en tela de juicio.

Por todo ello, desde EH Bildu, además de expresar nuestra solidaridad con las personas, medios y colectivos afectados, seguiremos denunciando esta ley que intenta criminalizar y castigar la protesta, pero también la libertad de prensa, y que pretende buscar la autocensura de los y las informadoras. ¿La liberticida ley mordaza será utilizada para sancionar en base a la presunta ideología política? Así parece.


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