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Destapan un fraude vinculado a diálisis y trasplantes de riñón

Ciudadanos búlgaros accedían de forma irregular a la lista de espera para recibir el órgano

Martes, 12 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Médicos realizando una operación quirúrgica.

Médicos realizando una operación quirúrgica. (Foto: Efe)

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Médicos realizando una operación quirúrgica.

madrid- La Guardia Civil ha detectado un fraude a la Seguridad Social por el que varios ciudadanos de Bulgaria obtenían contratos de trabajo ficticios para someterse a tratamientos de diálisis y entrar en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón. En el marco de la operación Renibus, que arrancó a comienzos de 2015 y permanece abierta, hay un total de 20 personas investigadas, incluidos 14 ciudadanos de Bulgaria que obtuvieron de forma ilegal la tarjeta sanitaria española en Madrid para entrar en la lista de espera de trasplante, de los que seis ya han recibido el riñón que necesitaban. Además, entre los investigados hay también seis empleadores, de diferentes nacionalidades que eran los encargados de facilitarles los contratos ficticios.

Ninguno de ellos está detenido y tanto los pacientes ya trasplantados como los que siguen en diálisis permanecen en España. Estos últimos, no obstante, han sido sacados de la lista de espera.

“Es un fraude para quienes esperan a recibir un órgano y se ven perjudicados por aquellos que delinquen y vienen a aprovecharse del servicio de salud ejemplar que tenemos en España”, destacó Arsenio Fernández Mesa, director general de la Guardia Civil. Estas fuerzas de seguridad no han detectado “una organización criminal que haya obtenido lucro ni nexos o elementos comunes entre todos ellos”, sino que se ha producido por el “boca a boca” o por los casos difundidos en medios de comunicación búlgaros. Las penas por este delito oscilan entre los seis meses y seis años de cárcel en función de la gravedad que determine el juzgado, además de una multa y el reintegro de las prestaciones (el coste de un trasplante de riñón oscila los 50.000 euros).

Por su parte, Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes, insistió en la seguridad del sistema, gracias a la cual “se detectó el problema” y ha sido posible abortar una tendencia, como es el “turismo de trasplante”. Además, aseguró que están trabajando para evitar que se produzcan nuevos casos y confía en que el hecho de hacer pública esta operación sirva para frenar ese efecto llamada.

cifra anómala de operaciones La operación se inició después de que la ONT detectara un número “anómalo” de trasplantes en ciudadanos de países de Europa del Este, en concreto de Bulgaria. Identificaron que había pacientes que, al llegar a España de vacaciones o para visitar a un familiar, acudían a un centro de salud para solicitar de urgencia un tratamiento de hemodiálisis, en algunos casos en el mismo día de su llegada.

Estos tratamientos, en función de su enfermedad renal, puede consistir en hasta cuatro sesiones semanales de cuatro horas cada una y tiene un coste de 50.000 euros al año. En ese periodo, se daban de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia o ajena, como jardineros, empleados del hogar o de la construcción, lo que llamó la atención, ya que el tratamiento era “incompatible con cualquier actividad laboral”. La edad media de los pacientes era de treinta a cuarenta años y disponían de recursos económicos para seguir viviendo en España.

Al comprobar la veracidad de esas actividades vieron que eran fraudulentas con el “único objetivo” de obtener la tarjeta sanitaria y tener acceso a todos los servicios y prestaciones del sistema sanitario. De hecho, esto les llevaba a entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón “en las mismas condiciones que cualquier español o extranjero con derecho”, según aclaró Matesanz.

En España se realizan cada año casi 3.000 trasplantes de riñón y hay 4.327 pacientes en lista de espera, el 15% de los más de 25.500 que están en diálisis. En Bulgaria, según datos de 2014 facilitados por la ONT, se realizaron apenas 58 trasplantes de este tipo.

La Guardia Civil insistió en que ninguna organización criminal se ha lucrado por este motivo y solo han identificado que en algunos casos alguno de los empleadores “cobró por darles de alta”, entre 100 y 200 euros. - Europa Press


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