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Politika

Alonso y Maroto esperan el fallo del ‘caso San Antonio’

PNV y PSE elevan a más de 850.000 euros el perjuicio a Gasteiz y el PP afirma que el presunto error ha prescrito

Martes, 12 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Gasteiz- El juicio contable por el contrato de alquiler del local de San Antonio en Gasteiz está visto para sentencia. Después de tres horas y media de sesión oral en la que cada parte defendió sus argumentos ante los magistrados del Tribunal de Cuentas, ahora le toca al órgano fiscalizador de las administraciones públicas decidir si Alfonso Alonso, Javier Maroto y los otros nueve concejales y exconcejales investigados perjudicaron o no al interés público cuando avalaron y mantuvieron el contrato de arrendamiento por un precio muy superior al establecido por los técnicos municipales del Ayuntamiento. En unas seis semanas se emitirá la sentencia.

La sesión arrancó con la exposición de los abogados del PP de dos nuevas pruebas acerca de cuáles eran los precios de mercado de los locales comerciales en aquella época -inicios de 2007- y en esa zona de la ciudad, cuando la burbuja del ladrillo estaba a punto de reventar. A continuación, la representación legal del Ayuntamiento, del PNV y del PSE, las partes personadas en la causa, y del propio PP, plantearon sus conclusiones, y el juicio terminó. Los populares alegaron que el asunto está prescrito, pues han pasado más de cinco años desde la firma del contrato;el resto sostiene que la causa sigue vigente porque se sigue pagando el alquiler cada mes.

Además, aunque el abogado del Ayuntamiento sigue valorando en los 476.000 euros depositados como fianza el perjuicio causado a la institución, la representación de PNV y PSE eleva dicha cuantía a unos 850.000 euros más intereses, pues durante varios meses el local estuvo inutilizado por obras y hasta 2013 el Ayuntamiento pagó el IBI y las basuras del mismo al propietario.

Contrato blindadoPoco más que añadir, a la espera de que el Tribunal de Cuentas ponga el epílogo a una polémica que comenzó en febrero de 2007, cuando se firmó el contrato, pero que no tuvo repercusión mediática hasta que arrancó la comisión de investigación, por la que desfilaron técnicos y políticos relacionados con un alquiler que le cuesta a la ciudad 14.000 euros todos los meses, sin contar el IVA. Antes de que Javier Maroto renegociara el contrato con el empresario propietario del local, Gonzalo Antón, se llegaron a abonar 51.000 euros al mes.

El contrato estaba blindado por veinte años. El Ayuntamiento podía romperlo cuando quisiera, pero estaba obligado legalmente a abonar las mensualidades íntegras durante las dos décadas estipuladas. Además, por cuenta municipal corría el pago de la comunidad y de las obras de acondicionamiento de la lonja, que ejecutó el propietario, pues su oferta, al parecer, era la más ventajosa. En cuanto a la redacción del contrato, primero se fijó la cuantía que debía percibir el empresario y luego se redactó el documento. Posteriormente los técnicos municipales fijaron el precio del alquiler en 11,3 euros por metro cuadrado, pero sus superiores lo elevaron hasta los 14 euros. Además, se añadieron subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC.

El principal actor de esta polémica, el exalcalde de Gasteiz y ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, confiaba ayer en que “se aclare todo de manera satisfactoria” e insistió en que su actuación fue conforme “a la legalidad” y al “interés de la ciudad”. El actual primer edil, Gorka Urtaran, confió por su parte en que “se repare el daño económico causado”. “Estoy esperanzado, nadie esperaba que llegáramos hasta aquí, hasta el final”, agregó. - T. Díez


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