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Politika

El ‘caso San Antonio’, con lupa

el tribunal de cuentas juzga hoy el alquiler del local vitoriano por parte del consistorio de gasteiz a un precio superior al fijado por los técnicos

Un reportaje de Txus Díez. Fotografía Jorge Muñoz - Lunes, 11 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:12h

Alonso y Maroto, en un acto del PP celebrado el año pasado en la capital alavesa.

Alonso y Maroto, en un acto del PP celebrado el año pasado en la capital alavesa. (Fotografía Jorge Muñoz)

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Alonso y Maroto, en un acto del PP celebrado el año pasado en la capital alavesa.

aunque ellos no van a estar presentes, sin duda los exalcaldes de Gasteiz Alfonso Alonso y Javier Maroto van a ser los protagonistas del juicio oral que se celebra hoy en la nueva sede del Tribunal de Cuentas del Estado y en el que se dirimirá si ambos exprimeros ediles perjudicaron al interés público en su gestión del contrato de alquiler de las oficinas de San Antonio al empresario Gonzalo Antón.

El actual ministro de Sanidad en funciones era el máximo mandatario de la ciudad cuando firmó de su puño y letra el contrato de arrendamiento, en 2007;y Maroto, ahora vicesecretario sectorial en el PP, su concejal de Hacienda.

Dicho alquiler se pagó religiosamente durante ocho años, hasta que en la pasada legislatura la oposición acordó abrir una comisión de investigación por la que pasaron todas las personas relacionadas con el caso salvo los protagonistas directos, Antón y Alonso, que ejercieron su derecho a no comparecer al no tener relación alguna con el Ayuntamiento. En aquellos cuatro meses de testimonios se constató que el alquiler acordado estipulaba pagos superiores a los fijados por los técnicos municipales, un blindaje por veinte años aún hoy vigente, y subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC.

renegociación Al asunto se le dio aire en los medios y Maroto, entonces alcalde, negoció con el propietario de la lonja una mejora de las condiciones del contrato a la que el empresario accedió. Actualmente se abonan poco más de 14.000 euros mensuales, excluido el IVA.

Antón accedió a negociar a pesar de que legalmente no se podía meter manoal documento por ningún sitio, como constató en su día la concejala de Hacienda con el PSE, Marian Gutiérrez, que tuvo que mantener las condiciones estipuladas y que por ello también va a ser juzgada, al igual que su sucesor Manu Uriarte.

Todo lo hablado, debatido y descubierto en la comisión se resumió en un dictamen que la Corporación decidió remitir al Tribunal de Cuentas, y el órgano fiscalizador resolvió que procedía abrir un juicio contable para dilucidar si hubo o no un perjuicio económico a los vitorianos.

La sesión arrancará hoy a las 11.00 horas con la exposición de dos nuevas pruebas aportadas por los abogados de los políticos populares;las grabaciones de la comisión en las que se explica cuáles eran los precios de mercado en esa zona de la ciudad y en aquella época, y el testimonio de un perito que se desarrollará en la misma línea. Efectivamente, el PP defendió en la comisión de investigación que el precio se ajustó al alza para equipararlo con lo que en aquella época costaba, más allá de la estimación de los técnicos, arrendar un local en el centro de Vitoria.

A continuación, los abogados de las partes -Ayuntamiento, PNV y PSE;y los del PP- presentarán sus conclusiones, y el juicio habrá terminado. Con todos estos puntos de vista sobre la mesa, los magistrados examinarán la actuación de Alonso y Maroto, o de Gutiérrez o Uriarte;pero también la de todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de principios de 2007. Entre todos ellos han tenido que abonar una fianza de 476.000 euros que se les devolverá si se estima que no actuaron de forma negligente y que el alquiler que percibió la empresa Sbayre, que también realizó y cobró las obras de acondicionamiento del local, fue justo. Desde esta firma se alega con respecto a dichas obras que fue el propio Ayuntamiento el que decidió adjudicárselas al ser su presupuesto el más competitivo. El Consistorio paga además los gastos de comunidad.

Si los jueces deciden que hubo error, dolo o negligencia, todo o parte del dinero retornará a las arcas municipales. Eso sí, en ningún caso se condenará a Sbayre. La sentencia se conocerá en aproximadamente un mes y medio, dependiendo de la carga de trabajo que tengan que asumir en estas semanas los magistrados del Tribunal de Cuentas, y la misma será exclusivamente económica. Si las acusaciones o el propio tribunal consideran que además ha habido algún ilícito penal, podrán derivar el caso al Ministerio Fiscal, que decidió no personarse en esta causa al entender que en la actuación del equipo de gobierno de Alonso no hubo nada reprochable.

sin ‘pena de telediario’ Por otro lado, como se señala en el arranque de esta información, al juicio no asistirán ni Alonso ni Maroto. Ninguna de las partes personadas ha solicitado que testifiquen las personas a las que se juzgará, por lo que todas ellas -y especialmente los dos exalcaldes, cuyas responsabilidades políticas actuales tienen alcance estatal- se ahorrarán el paseíllo al tribunal, con todo lo que ello conlleva en cuestión de imagen.

Ocho horas después de que se inicie la sesión, por otro lado, la asociación contra la corrupción Adi Elkartea se concentrará a las puertas del local de San Antonio para pedir responsabilidades a Alonso y Maroto, una protesta a la que invita a participar a toda la ciudadanía. Adi estudia llevar el caso al ámbito penal, y no se ha personado en la causa del Tribunal de Cuentas porque el Ayuntamiento de Vitoria le denegó la información necesaria para poder hacerlo, hasta que los tribunales forzaron a la institución a facilitar dicha documentación a este colectivo. Adi denuncia además que a día de hoy se les sigue denegando información sobre las obras realizadas en el local. “Son los mismos técnicos de la época de Alonso”, señalaron.

los datos

Juicio contable. Hoy se celebra el juicio contable por el alquiler de las oficinas de la calle San Antonio que firmó el alcalde de Vitoria en 2007, Alfonso Alonso, con el empresario Gonzalo Antón. Alonso y Javier Maroto, así como otros ediles y exediles del Ayuntamiento, han tenido que depositar una fianza de casi medio millón de euros por el presunto perjuicio causado a las arcas municipales. Si el Tribunal de Cuentas estima que no hubo un quebranto económico para los vitorianos, se les devolverá el dinero. Si no, los 476.000 euros o parte de los mismos irán a parar al Ayuntamiento.

No comparecerán. Las partes no lo han solicitado, y por tanto ni Alfonso Alonso ni Javier Maroto deberán presentarse esta mañana en la sede madrileña del Tribunal de Cuentas.

Los detalles. El contrato de alquiler superaba con creces el precio que habían estipulado los técnicos municipales, estaba blindado por veinte años y cargaba al Ayuntamiento con los gastos de comunidad. El PP alegará que el precio de mercado no se ajustaba a lo calculado en el Ayuntamiento y que hubo que retocarlo al alza.

La comisión. Todas estas cuestiones se trataron en la comisión de investigación que en la pasada legislatura estudió lo sucedido a principios de 2007. Por este foro pasaron técnicos y políticos que de una u otra manera participaron en el arrendamiento o tenían conocimientos sobre lo sucedido.

la cifra

14

Mil euros mensuales -IVA excluído- abona actualmente el Ayuntamiento vitoriano a la empresa Sbayre por el alquiler del local de la calle San Antonio, de cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie. Maroto renegoció el contrato cuando la comisión inició sus trabajos.


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