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Una sentencia avala la competencia municipal para regular antenas

Defiende que el Consistorio prohíba su instalación cerca de zonas sensibles para proteger la salud de los ciudadanos

El fallo anula una licencia de 2010 para un emisor junto al colegio San José

Arantzazu Zabaleta Ruben Plaza - Domingo, 10 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:13h

Antena

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donostia- Una sentencia de un juzgado donostiarra anula el permiso concedido por el Ayuntamiento en 2010 a Telefónica para instalar una antena de telefonía móvil en las inmediaciones del colegio San José de la calle Prim y defiende que, en el marco de la gestión de sus intereses, los consistorios pueden aplicar restricciones y prohibiciones a las operadoras siempre que estén justificadas en la protección de la salud de los ciudadanos y no sean limitaciones desproporcionadas para las operadoras.

Aunque la sentencia se refiere a un caso concreto previo a la Ley de Telecomunicaciones de 2014, que limita más las competencias municipales en este ámbito al afirmar que las operadoras no tendrán más limitaciones que las establecidas en la propia ley, el fallo y las reflexiones del magistrado del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Donostia son posteriores y defienden que ahora la necesidad de regulación municipal “es más evidente, incluso” como consecuencia de la liberalización en la provisión de redes de esa nueva regulación estatal y del efecto multiplicador que puede tener en la incidencia ciudadana. Por eso, algunas de sus afirmaciones podrían extrapolarse al debate abierto en el Consistorio por la nueva ordenanza de antenas.

En abril de 2015 Bildu y PNV aprobaron de manera inicial una nueva normativa garantista y restrictiva con las operadoras, que el nuevo Gobierno municipal, formado por PNV y PSE-EE, ha decidido dejar de lado tras recibir un informe negativo del Ministerio de Industria (reescribirá un nuevo texto basado en cuestiones urbanísticas). El principal argumento del citado informe es que es el Estado el órgano competente para regular las emisiones e instalaciones de telefonía y que los consistorios no pueden imponer mayores restricciones que las recogidas en la citada Ley General de Telecomunicaciones de 2014.

En su momento también los técnicos municipales advirtieron de que la citada ley limitaba las competencias municipales para establecer restricciones a las operadoras y fue esa inseguridad jurídica la que alegaron PSE-EE y PP para no apoyar la ordenanza el año pasado. Tanto Bildu como PNV, sin embargo, conscientes de esos problemas jurídicos, defendieron que la ordenanza garantista era “una apuesta política” que hacía el Consistorio para garantizar la salud de sus ciudadanos y que había argumentos suficientes para defenderla en los tribunales en caso de que fuera necesario.

El abogado eibartarra José Alberto Arrate, que ha defendido a los vecinos que recurrieron este caso en 2010 y lleva 17 años trabajando en otros relacionados con la instalación y efectos de las antenas, considera que esta nueva sentencia demuestra que sí hay margen para defender la ordenanza incluso después de la ley de 2014 ya que el principal argumento del juez es que los municipios están gestionando y defendiendo sus intereses cuando plantean límites complementarios a los recogidos en la legislación estatal, lo que significa que esa actuación entra dentro de sus competencias.

intereses localesEl fallo alega que la Constitución española defiende la autonomía local en gestión de los intereses locales como una garantía institucional y que la competencia estatal no excluye la del municipio para atender sus intereses. Añade que esos intereses pueden abarcar desde la seguridad en lugares públicos a la ordenación del tráfico de vehículos y personas, la protección civil, la ordenación urbanística, la protección del medio ambiente o del patrimonio y, también, la protección de la salubridad pública.

En el caso concreto que analiza la sentencia se considera que la prohibición de colocar antenas a menos de 100 metros de zonas sensibles “aparece justificada por razón de la protección de la salud de los ciudadanos, finalidad que justifica el establecimiento de restricciones a la instalación de antenas y demás equipos de telecomunicación por parte de la entidad local”. Eso sí, siempre que esas restricciones no sean desproporcionadas y afecten a los derechos de las operadoras y al servicio que ofrecen.

La sentencia añade que parece razonable que los consistorios regulen la ubicación de las instalaciones que utilicen el dominio público y que también “pueden y deben” establecer sus “condiciones técnicas y jurídicas”.

la sentenciaLa sentencia en cuestión, de finales de marzo, se refiere a la licencia que dio el Ayuntamiento en 2010 a Telefónica Móviles para colocar una antena en el número 29 de la calle Prim. Los vecinos de la zona y el colegio San José presentaron alegaciones en el propio Consistorio que no fueron atendidas, por lo que recurrieron a los tribunales y denunciaron a Telefónica y al Ayuntamiento por otorgar la licencia en cuestión, y ahora tendrán que abonar las costas del proceso después de que el juzgado haya aceptado el recurso y anulado la citada licencia (podrían recurrir la sentencia).

Los argumentos que acepta el juez se refieren a dos cuestiones concretas: la operadora no ha presentado un plan de despliegue previo y tampoco una evaluación individualizada del impacto ambiental para los centros sensibles afectados, entre los que estarían el colegio, varias guarderías y otro centro de estudios. Esas dos cuestiones se exigen en la ordenanza municipal que sigue actualmente en vigor, de 2002, de ahí que anule la licencia.

Para Arrate la sentencia es pionera por un lado porque anula la licencia dada a una operadora y da la razón a los vecinos que recurrieron;por otro lado, también porque lo hace al tiempo que avala los aspectos más garantistas de la citada ordenanza de 2002 y la competencia municipal para establecer restricciones a las operadoras.

Argumentos

Zonas sensibles. “La prohibición aparece justificada por razón de la protección de la salud de los ciudadanos, finalidad que justifica el establecimiento de restricciones a la instalación de antenas y demás equipos de telecomunicación por parte de la entidad local”.

Condiciones. “Los ayuntamientos pueden y deben establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público que requiera el establecimiento o la ampliación de las instalaciones del concesionario u operador”. “Además, parece razonable que se establezca una regulación sobre la ubicación de los emplazamientos de las antenas”.

Intereses. “Los ayuntamientos pueden (...) contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos (...) tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico de vehículos y personas, protección civil, prevención y extinción de incendios, ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección del medio ambiente, patrimonio histórico-artístico y protección de la salubridad pública”.


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