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Tribuna abierta

La decadencia del sistema de pensiones

Por Emilio Olabarria - Domingo, 10 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:12h

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Lo que falla cuando un sistema de pensiones se degrada son las políticas de empleabilidad. Y difìcilmente los contratados en precario generarán carreras de seguros suficientes para causar derecho a una jubilación.

El Gobierno está en funciones pero, aunque no comparecen sus ministros en las comisiones en las que son requeridos ni asumen su control por el pleno de la Cámara, nada les impide presentar un informe de 872 folios para reformar el sistema público español de pensiones, cuya decadencia empieza a parecer irreversible.

Cuando los sistemas de pensiones fallan, cualquiera que sea su perfil (los sistemas de origen Bismarquiano o de Beveridge), es porque los sistemas de reparto (los que se autofinancian con sus cotizantes) no cubren todas las contingencias protegidas normativamente de forma suficiente, universal y pública. Lo que falla cuando un sistema de pensiones se degrada son las políticas de empleabilidad en su dimensión más amplia;no se pueden concebir políticas de empleo ajenas a las modificaciones de la sociedad, de las políticas económicas, de la interlocución entre los agentes que vertebran la sociedad, de un buen sistema educativo y de actuaciones que generen retornos al PIB.

En las postrimerías de la legislatura, hemos sufrido una atronadora propaganda gubernamental relativa a la creación de empleo. Es solo propaganda. En el año 2011, la población empleada alcanzaba la cifra de 17.807.500 trabajadores y en la última EPA del año 2016 la población ocupada alcanza la cifra de 18.094.200 trabajadores;en definitiva, se podría llegar a considerar la generación de 286.700 trabajadores nuevos pero, obviamente, no se puede prescindir en este análisis de la brutal precarización que ha sufrido el mercado de trabajo a través de la generación de un verdadero subempleo donde proliferan contratos de un día, una semana o un mes de duración. Difícilmente se puede concebir que los contratados en las condiciones anteriores puedan generar carreras de seguros suficientes para causar derecho en el futuro a una pensión de jubilación. Será difícil ver los nombres de esos trabajadores en los Papeles de Panamá.

El pretendido problema del sistema de pensiones en el Estado español lo explicaban con claridad los miembros de la Comisión de Expertos que inspiraron la reforma del 2013. En su opinión, debería incorporarse un Factor de Sostenibilidad cuya consecuencia práctica debería consistir en disminuir el gasto en pensiones en el año 2014 un -2,57% y en el año 2015 un -1,6%. Continuando con su benemérito argumentario, el sistema ha perdido seis puntos de sostenibilidad ante la temeraria opción del gobierno de incrementar las pensiones (están que lo tiran) en 0,25%, incremento que ha supuesto espectaculares crecimientos de la pensión de un euro, dos euros, dos euros, hasta los 6 euros para los más afortunados, el último año.

No satisfechos con la incorporación del Factor de Sostenibilidad, la reforma del 2013 incorpora un concepto nuevo que forma parte de ese metalenguaje que el gobierno del PP utiliza para que no se observen con la debida claridad sus recortes. El nuevo concepto fue “la desindexación”, es decir, desvincular el crecimiento de las pensiones del incremento del IPC. Esta última medida provocará una disminución de las pensiones si se crece a ritmos reales del 2% al 5%. El Factor de Sostenibilidad conlleva que la cuantía de las pensiones esté condicionada por el efecto de la mayor longevidad. En definitiva, las pensiones se reducirán un 5% por década, de tal manera que se llegará al 2050 con una protección del sistema un 20% inferior al actual.

Por si fuera poco lo anterior, las reformas paramétricas descritas son contradictorias con las recomendaciones recogidas en el Libro Blanco 2012 de la UE sobre la Seguridad Social para Europa, el Informe de Envejecimiento del 2012, la Estrategia Europea 2020, las previsiones del Tratado de Amsterdam, de la Cumbre de Lisboa y del contenido esencial de los artículos 41 y 50 de la propia Constitución española, que mandatan a los poderes públicos a proteger de forma universal cualquier situación de necesidad de forma suficiente, irreversible, universal y a través de prestaciones públicas.

¿En qué situación nos encontramos? En el ámbito de las pensiones no contributivas, con pensiones de 367,90 euros mensuales;en el ámbito de las pensiones contributivas y refiriéndonos a la viudedad, con 635 euros al mes;a la jubilación con 722,03 euros al mes, siendo la pensión media de jubilación en el año 2016 de 1.037 euros al mes;en el ámbito de la incapacidad permanente, de 400 a 928 euros al mes;y en otro tipo de prestaciones como las pensiones de invalidez, del SOVI o las del régimen especial agrario o del régimen especial de empleados del hogar, en el de la incapacidad permanente parcial o la permanente total es frecuente encontrarse con pensiones de 400 euros.

Desafortunadamente, la situación tiende a empeorar. La tasa de dependencia que se define por la relación entre cotizantes y beneficiarios de alguna contingencia protegida es hoy de diez trabajadores cotizando por cada cuatro trabajadores protegidos. En el año 2050 habrá tantos trabajadores cotizando como trabajadores protegidos por alguna contingencia, es decir, llegaremos a la tasa de dependencia cero. Todo ello a pesar de que prácticamente la mitad de las pensiones actuales no llegan al umbral técnico de la pobreza definido por el Eurostat o por el indicador del Consejo de Europa, el At Risk Poverty and Social Exclusion.

Y sin olvidar que a pesar del generoso incremento del 0,25% de las pensiones el déficit del sistema se dispara. Las previsiones para el año 2015 en los Presupuestos Generales del Estado eran del 0,6% del PIB, unos 7.000 millones de euros, y, sin embargo, nos hemos encontrado con 18.000 millones de euros de déficit en el 2015, un 1,36% del PIB. La afiliación a la Seguridad Social se ha reducido a 17.305.799 afiliados, lo que está provocando un efecto perverso: el pago de contingencias ordinarias con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se ha reducido de 68.000 millones de euros a 32.000 millones de euros, con lo que se podrían pagar cuatro meses de prestaciones. Para acabar con este sucinto relato de buenas noticias, la sociedad sigue envejeciendo y la esperanza de vida está convergiendo hacia los 84,2 años para los hombres y 89 años para las mujeres sin que estas tasas de envejecimiento se compensen con políticas natalistas de ningún tipo que garanticen la tasa de reposición demográfica. La pregunta es qué podemos hacer en Euskadi para afrontar esta miscelánea de problemas. La primera respuesta es exigir la transferencia a las instituciones vascas de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, tal como establece la Disposición Transitoria V del Estatuto de Gernika. Exigir el cumplimiento del Artículo 18 del Estatuto de Gernika que atribuye la competencia en materia de desarrollo legislativo de la Seguridad Social;el artículo 10.12 que atribuye competencia en materia de asistencia social;el artículo 10.23 que atribuye competencias en mutualidades no integradas en la Seguridad Social y el artículo 10.39 que atribuye competencias en materia de desarrollo comunitario y política de la tercera edad. Solo si los vascos desarrollamos legislativamente nuestro sistema, gestionamos su régimen económico, y tutelamos las instituciones, entidades y fundaciones de la Seguridad Social, podremos conformar un sistema fiable y sostenible. Esto no es una opción normativa, es una opción política.

¿Qué podemos hacer en Euskadi para afrontar esta miscelánea de problemas? La primera respuesta es exigir la transferencia a las instituciones vascas de la gestión de la Seguridad Social


Solo si los vascos desarrollamos nuestro sistema, gestionamos su régimen económico y tutelamos las instituciones y entidades

de la Seguridad Social, podremos conformar un sistema sostenible


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