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Editorial

En funciones... recurrentes

Con sus injustificados recursos contra el autogobierno vasco, Rajoy pretende sobre lo ajeno un forzado control que sobrepasa, ignorándola, la legalidad mientras no se somete al control que esa legalidad sí estipula para su situación

Sábado, 9 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:12h

El recurso contra las becas educativas de Euskadi que ha presentado por vía contencioso-administrativa y el anuncio de la interposición por el Gobierno español en funciones presidido por Mariano Rajoy de otro recurso, este de inconstitucionalidad ante el TC, contra la Ley vasca 6/2015 de 30 de junio, conocida como ley del fracking muestran el desvergonzado y despótico comportamiento de quien se pretende facultado para ejercer sobre actuaciones ajenas un control que sobrepasa, ignorándola, la legalidad vigente al tiempo que elude someterse al control que esa misma legalidad contempla para su propia ejecutoria. Pero no puede sorprender en el Gobierno Rajoy, que ha gobernado por encima de preceptos básicos, derechos fundamentales y de la legislación que emana del bloque constitucional, y que ha legislado con el absolutismo de su mayoría y en el solo beneficio de sus intereses, sean políticos o económicos. Esta vez, también. Porque no dejan de entremezclarse ambos en la ideología recentralizadora, de España única y homogénea, que el PP de Rajoy blande desde el gobierno aun cuando este debiera mostrarse todo lo precavido que debe un ejecutivo “en funciones” y que ya no goza del respaldo parlamentario que le permitió gobernar con la prepotencia democráticamente indecorosa con que lo ha hecho desde la mayoría absoluta, ignorante de los preceptos que recogen el autogobierno vasco. No hace falta recordar que el sistema de becas de la Educación vasca, que funciona desde 1986, es decir, hace 30 años, sin que hasta ahora hubiera sido motivo de recurso alguno, responde a la competencia exclusiva que sobre “la educación en toda su extensión, niveles y grados” otorga a Euskadi el art. 16 del Estatuto de Gernika, “en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución”. Quizá sí que, según el art. 11.2.c del Estatuto, es competencia de Euskadi “el desarrollo legislativo y la ejecución” del “régimen minero y energético y los recursos geotérmicos”, donde se sitúa el fracking, y que el art. 10.11 le otorga la competencia exclusiva en “instalaciones de producción, distribución y transporte de energía (...) aguas minerales, termales y subterráneas”. A partir de ahí, lo que hace el Gobierno Rajoy, en funciones o no, es recurrir sí, pero a la artimaña legislativa y política para tergiversar desde la unilateralidad los acuerdos bilaterales que dieron forma al autogobierno vasco.


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